El senador nacional Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), resolvió llevar al plano de la acción legislativa su oposición a la rebaja de indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ayer presentó en la Cámara un proyecto de ley para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri por el cual se dispuso modificar los cálculos indemnizatorios, que en los hechos implica reducir la reparación económica al trabajador afectado.

Las modificaciones fueron dispuestas mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que lleva el número 669/19. Pereyra, quien es candidato para su reelección como senador y además dirige el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, impulsa con esta iniciativa la derogación de dicha norma presidencial.

Según los fundamentos del proyecto, el decreto “significa una reducción significativa del monto indemnizatorio que recibirán los trabajadores en caso de incapacidad definitiva o muerte”.

Agrega que la decisión presidencial “muestra nuevamente” que el Ejecutivo de la Nación “gobierna en función del lucro de las empresas -en este caso, de las aseguradoras- y no en función del bienestar de los trabajadores y sus familias”.

El legislador aseguró que se trata de una situación “de suma gravedad institucional”, donde el Poder Ejecutivo “toma la prerrogativa de legislar del Congreso Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia “sobre un tema en el que no existe necesidad ni urgencia”.

“El Decreto 669/19 atenta visiblemente contra uno de los derechos fundamentales de los trabajadores que es la indemnización por incapacidad definitiva o muerte del trabajador”, continúa la fundamentación del proyecto.

Puntualiza que lo hace “reduciendo sensiblemente el monto (indemnizatorio) debido a un reemplazo del índice de actualización del ‘ingreso base’ de los trabajadores, suma que se utiliza para determinar cuánto se le paga al trabajador accidentado en concepto de indemnización”, explica la propuesta legislativa.

La iniciativa se originó en que el mencionado DNU establece que el cálculo de actualización de dicho ‘ingreso base’ se realice siguiendo la variación del índice conocido como Ripte (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)

Hasta ahora, y según la ley vigente, se aplicaba la tasa activa anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Según consideró Pereyra en su proyecto, la modificación dispuesta por Macri “representa un cálculo a la baja que perjudica visiblemente a todos los trabajadores que afrontan esta situación”.