Con penas que van de los tres a los once años de prisión, el Tribunal Oral Federal (TOF) I de Neuquén condenó a los ocho responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la región, en el tramo VI del juicio conocido como "La Escuelita" que había comenzado el 10 de junio pasado.

El tribunal integrado por Norberto Coscia (presidente), Alejandro Silva y Alejandro Cabral, impuso una pena de once años de cárcel para Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén entre 1976 y 1979, y para Néstor Castelli, ex interventor de la municipalidad de General Roca en 1976 y Jefe de Operaciones de Inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977.

En tanto, el ex interventor de la provincia de Río Negro durante la dictadura, ex director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche entre 1976 y 1977, y segundo comandante de la Sexta Brigada hasta 1979 en Neuquén, Sergio San Martín, fue condenado a siete años de prisión; mientras que el ex segundo jefe del Destacamento entre 1976 y 1977, Jorge Molina Ezcurra, y el militar retirado Jorge Di Pasquale, recibieron una pena de seis años de prisión.

El ex interventor de la municipalidad de General Roca en 1976 y jefe de Operaciones de Inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977, Fernando Zárraga, fue condenado a cinco años de prisión. Por último, el segundo comandante de Gendarmería en Junín desde 1977 a 1979, Jorge Sachitella, recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 182 Carlos Benavídez, recibió una pena de tres años, de cumplimiento condicional. El fallo fue unánime, excepto en estos dos últimos casos, donde los acusados recibieron las penas más bajas, y en los cuales se llegó a la decisión por mayoría. 

Los imputados fueron juzgados, según el caso, por delitos tales como secuestros, privaciones ilegales de la libertad, tormentos y torturas contra diez víctimas, de las cuales una, Juan Marcos Herman, permanece desaparecida.

El veredicto se dio a conocer en una breve audiencia, realizada con escasa concurrencia de público y con ausencia de los abogados defensores y del único imputado que durante el juicio se encontraba en Neuquén, Benavídez. El resto de los imputados siguieron el juicio por videoconferencia y de la misma forma se anoticiaron de la sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer el 10 de octubre.

Al finalizar la lectura del juez, la Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén, Inés Ragni, pidió la palabra y a viva voz se dirigió a los jueces para señalar que "todavía no sabemos, las Madres de Neuquén y Alto Valle, qué es lo que ha pasado con los que faltan, nuestros hijos". Recordó a las Madres que ya no están presentes porque "se han ido de este mundo sin saber que la justicia era cierta, que la justicia un día nos iba a decir dónde estaban nuestros hijos".  Y advirtió que "volveremos a estar en estos lugares" porque "los asesinos tienen que estar en la cárcel".

Los jueces, que estaban parados para retirarse, se quedaron a escucharla, excepto Coscia, que ya había abandonado la sala. En tanto, la Madre de Plaza de Mayo Lolín Rigoni expresó a la prensa: "Voy a creer en el Poder Judicial cuando sea independiente, ágil y humano".

El análisis de las querellas 

El abogado de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Bruno Vadalá, consideró que "fueron penas más bajas de las que pedimos la fiscalía y las querellas, que habíamos pedido perpetua en algunos casos" pero, en diálogo con , aclaró que "como no tenemos los fundamentos sería muy apresurado decir por qué se dio cada pena en cada caso". 

Además, hizo hincapié en que "no hay que analizar únicamente el monto de las penas” y sostuvo que "frente a un intento de instalar discursos negacionistas por parte de este gobierno nacional; en un contexto donde hubo sentencias que fueron absolutorias", hay que valorar "la realización de un nuevo juicio en la región, la posibilidad de escuchar a todas las víctimas que se encontraban vivas en este momento, que se haya condenado a todos los imputados que vinieron a juicio, y que todas las víctimas fueran efectivamente víctimas de lesa humanidad".

Para la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Natalia Hormazábal, "es un fallo que no nos convence porque las penas realmente son muy bajas" y explicó que "en este tramo en particular entendemos que había mucha prueba que se recolectó, porque contamos con grandes testimonios y con distintos elementos probatorios que dieron cuenta que los hechos ocurrieron, que las responsabilidades estaban más que claras, y entonces nos parece que llegar a este tipo de construcción de estas penas, sin perjuicio que conoceremos los fundamentos más adelante, desconoce la realidad de cómo ocurrieron los hechos, desconoce el plan, desconoce el circuito represivo, desconoce las responsabilidades y todo lo que ya se ha probado en los juicios anteriores".

En diálogo con , Hormazábal agregó que "los jueces intentaron dictar un fallo acorde a la realidad de juicios de delitos de lesa humanidad que estamos padeciendo hace ya un tiempo, con la absolución de César Milani hace algunas semanas, con ese fallo nefasto dictado días atrás en la causa de Bahía Blanca (en referencia a la causa Armada II) donde hubo absoluciones, y el dictado de prisiones domiciliarias". 

"Creo que los jueces intentan armar un fallo a medida de los tiempos que corren", sostuvo la abogada del Ceprodh, y adelantó que van a recurrir el fallo en Casación.

Contra la impunidad de los crímenes de la dictadura