Luego de alegar durante más de seis horas en el tramo VI del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en "La Escuelita", el fiscal federal de la causa, Miguel Ángel Palazzani, señaló que durante este debate "tomaron más notoriedad la Escuela de Instrucción Andina, y Gendarmería de Junín y San Martín de los Andes". Agregó que "la intervención de la Armada" en el secuestro de personas es un "hallazgo" de este juicio y remarcó, a modo de ejemplo, que "que estemos dando cuenta de que la Armada y Prefectura en Bahía Blanca tenían documental de María del Luján Gómez, una docente de San Martín de los Andes, habla de una porosidad de los servicios de inteligencia descomunal".

Así lo expresó Palazzani en dialogo con y repasó los dos "disparadores" que surgieron de este debate que comenzó el 10 de junio pasado. Por un lado, "la desaparición de Juan (Herman), por más que aquí se trate sólo su secuestro" y "el exilio que padecieron muchas de las víctimas de este proceso". 

Respecto del primero, destacó que el secuestro de Herman, producido en Bariloche para luego ser trasladado al centro clandestino de detención El Atlético, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refuerza la conectividad que existía entre los distintos puntos represivos del país: "no solamente en lo que es edilicio sino en la inteligencia. Ellos sabían que llegaba Herman a Bariloche, lo estaban esperando. Además secuestran a su ex novia, a amigos", indicó.

En cuanto al segundo disparador, precisó que se trató de "el exilio externo y el exilio interno, porque a muchos le dieron vuelta la cara los vecinos, los amigos, justamente porque habían estado detenidos y estaban estigmatizados".

Un juicio en tramos

Palazzani hizo hincapié en que a "los juicios hay que verlos todos en conjunto" porque aquí se "está replicando con diferentes situaciones lo mismo que vivieron todas las víctimas". Apuntó que "el circuito ya lo conocemos" y sostuvo que "la responsabilidad de ellos (por los represores) está probada". Lo que tiene estos juicios es que "como los vamos segmentando, hay que entender que todo el peso de los juicios anteriores más los que vienen son parte de esto. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los operadores de la justicia para que se capte el fenómeno que estamos investigando", precisó el fiscal.

Durante el alegato el fiscal había señalado que "no por ser el sexto juicio de crímenes de Estado en nuestra Región tiene menor importancia o centralidad histórica de la que tuvieron los demás". Agregó que "cada víctima del terrorismo de Estado en nuestro país es en sí misma un centro de gravitación que adquiere esa centralidad histórica cuando puede expresar en ámbitos como este su palabra". Y habló del "efecto reparatorio" para las víctimas de poder expresarse en estos debates.

La impecable exposición de la fiscalía, a cargo de Palazzani y de la fiscal coadyuvante Jorgelina Dalessandro, comenzó con una introducción contextual del sistema represivo del Estado en la Patagonia. Siguió con una descripción y valoración de los hechos que se juzgan en este tramo del juicio, la atribución de responsabilidades a los imputados en forma individual, la justificación de la pena y concluyó el petitorio final. En el transcurso, se fueron proyectando en una pantalla gigante documentos, artículos periodísticos, libros de ingreso y egreso de los detenidos, legajos, fotos que ilustraban el relato. 

Penas de entre 20 y 6 años de prisión

"Entendemos que esto requiere de penas severas. Hicimos una graduación porque son diferentes la cantidad de casos, diferentes situaciones y tenemos que ser coherentes y racionales con el pedido de penas pero van a ser penas porque entiendo que son delitos graves" adelantó Palazzani. 

Luego, a los integrantes del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Norberto Coscia (presidente), Alejandro Silva y Alejandro Cabral, pidió que condenen a Oscar Lorenzo Reinhold, ex Jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada en 1976 hasta 1979, a 20 años de prisión y cárcel común. 

Para Néstor Rubén Castelli, ex interventor de la provincia de Río Negro durante la dictadura, ex director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche entre 1976 y 1977, y Segundo Comandante de la Sexta Brigada hasta 1979 en Neuquén; pidió 18 años de prisión, al igual que para Sergio Adolfo San Martín, que integró la plana mayor del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; y  para Jorge Molina Ezcurra, Segundo jefe de dicho Destacamento entre 1976 y 1977. 

Para el teniente coronel retirado Jorge Di Pasquale, y para el ex interventor de la municipalidad de General Roca en 1976 y Jefe de Operaciones de Inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977, Fernando Zárraga, pidió 10 años de prisión. 

En tanto, para  el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 182, Alberto Benavidez. Pidió 8 años de prisión y 6 para quien era Segundo Comandante de Gendarmería en Junín desde 1977 a 1979, Emilio Jorge Sacchitella. 

El fiscal solicitó además la destitución de sus grados, la baja de jubilaciones, retiros o pensiones, la revocatoria de las domiciliarias y la detención de Zárraga, Benavidez y Sachittella y pidió que se contemple que los hechos se cometieron “en el marco del genocidio o en hechos que fueron prácticas genocidas”.

Los imputados están acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1977 en La Escuelita, como privación ilegal de la libertad agravada por el uso de la violencia, aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravados por ser las víctimas presos políticos. También se acusa a Castelli de haber sido miembro de una "asociación criminal destinada a ejecutar el plan criminal sistemático y clandestino de represión estatal" desarrollado en Argentina entre 1976 y 1983.

Duros pedidos de las querellas

El abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y de la familia de Juan Marcos Herman, Bruno Vadalá, tras hacer su alegato señaló que "han sido hechos sumamente graves con un montón de consecuencias, no solamente para las víctimas sino también para las familias de las víctimas, que perduran hasta hoy. Porque Juan Marcos no está hoy, porque el exilio se sufre hoy, porque la persecución todavía se siente". 

En ese sentido, resaltó el pedido al Tribunal para que considere que los hechos juzgados fueron cometidos "en el marco del genocidio" que hubo en Argentina. "Los jueces están en oportunidad de darle una vuelta de tuerca más a la historia y decir qué fue lo que realmente sucedió", opinó el abogado.

Vadalá solicitó 20 años de prisión para Reinhold y Castelli; 18 para  Molina Azcurra y San Martín; 15 para Zárraga y Di Pasquale; y 10 para Sacchitella y Benavídez.

Por su parte, las abogadas del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Natalia Hormazábal y Marian Derni, pidieron perpetua para todos los imputados por considerarlos coautores del delito de genocidio.