Este lunes será la audiencia de impugnación en la causa por el femicidio de Delia Aguado, quien fue encontrada sin vida el 28 de noviembre pasado en el balneario Sandra Canale de Neuquén. Allí, tanto la fiscalía como la querella pedirán que se retrotraiga la decisión del juez de Garantías, Diego Piedrabuena, mediante la cual hizo lugar al pedido de la defensa de rechazar absurdamente la incorporación de pruebas fundamentales para la investigación.

El proceso judicial será llevado adelante por un juicio por jurados, que según la ley corresponde cuando -como en este caso- la pena que puede caer sobre el imputado supera los 15 años de prisión. Desde la querella denuncian que la fiscalía hizo una profusa presentación de pruebas pero Piedrabuena descartó las más importantes, hecho que hace peligrar la investigación. Ahora, en la audiencia de impugnación fijada para este lunes 15 de julio en la Ciudad Judicial de la capital neuquina, tanto la querella como la fiscalía a cargo de María Eugenia Titanti, insistirán en la incorporación de esos elementos.

El femicidio de Aguado ocurrió el 28 de noviembre pasado. El principal acusado del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser un femicidio es su ex pareja, Diego Tolaba, con quien Aguado estuvo casada 13 años. Los últimos 6 meses habían estado separados pero seguían viviendo bajo el mismo techo junto a los tres hijos que tenían en común. La noche del crimen, Tolaba dijo que había salido con Delia a buscar un alquiler porque ella pensaba irse de la casa con chicos. Mencionó que habían tenido una discusión, que él se había vuelto enseguida y que había llegado a la casa antes de las 22 horas.

Para el abogado querellante, Fabián Flores, "el imputado estaba preparando su coartada". Según contó a , "a la 01.00 a.m. se hace el preocupado, empieza a ir a las casas de las amigas de Delia y cerca de la 01.30 trata de radicar una denuncia por desaparición de persona, pero no le toman la denuncia. Le dicen que vuelva al otro día. Al día siguiente, a las 07.00 a.m. radica la denuncia. En el curso de la mañana se preparan los oficios pertinentes y cerca del mediodía es hallado el cuerpo sin vida de Delia, en el auto", relató.

Una de las pruebas descartadas es una cámara Gesell realizada a la hija mayor de la pareja, en la que la niña indicó que Taboada llegó a su casa cerca de la 23.30, y no antes de las 22, como dijo el imputado. "Es el tiempo que él se podría haber tomado para cometer el delito", indicó el abogado.

Sucede que la niña de 13 años, durante la cámara Gesell dejó en evidencia ser víctima de abuso sexual por parte de otro adulto que comparte con ellos la vivienda. "Nos excluyen la prueba porque dicen que va a generar un prejuicio respecto a un testigo que tiene la defensa. El testigo es un hombre que dice que vio salir a Delia y a Tolaba, y que lo vio llegar al imputado a los 10 minutos, lo que coincide con el relato del imputado", precisó Flores. La defensa, en tanto, consideró que la persona acusada de abuso -por este hecho se formularon cargos- es testigo en el femicidio y que se genera un "prejuicio negativo" en contra suyo por parte de quien va a ser el jurado popular.

Otra prueba que excluyó el juez es la presentación como testigo de la psicóloga de la niña de 13 años. "Ahí se planteó la cuestión de quién la va a relevar del secreto profesional. Nosotros entendemos que es la Defensoría de los Derechos del Niño, y en todo caso en el momento del juicio, y ahí se debería relevar el secreto profesional", explicó el abogado. Pero la defensa argumentó que el imputado no perdió todavía la patria potestad y que él debería relevarla, "cosa que nos parece absurdo porque el imputado va a tratar de beneficiarse con cualquier información que le resulte adversa", precisó.

También fueron descartadas las pruebas producidas a partir del celular de Tolaba por el modo en que fue obtenido. Cuando hallaron el cuerpo de la mujer, el imputado se encontraba junto a la policía, presuntamente contribuyendo con la búsqueda. Los agentes notaron que comenzó a ponerse nervioso y lo demoraron. Quedó detenido en la comisaría de Don Bosco y, como cualquier persona que es detenida, se le quitaron sus pertenencias antes de ingresar a la celda.

"La fiscalía ordenó su detención porque la pista era muy firme en contra suyo", contó Flores, y señaló que en esas circunstancias se tomó el celular de Tolaba. Sobre el aparato telefónico se realizaron informes por parte de la Policía y del gabinete de informática del Poder Judicial. "Hay mucha prueba colectada en función del celular", agregó el abogado, y advirtió que para el juez esas pruebas quedan descalificadas porque según el Código Penal debe haber una orden de requisa para obtener legalmente el teléfono. "Es cierto que no hubo una orden de requisa pero por una cuestión de sentido común", consideró.

Por último, las pruebas levantadas del Volkswagen Gol Country donde fue hallado el cuerpo de Delia, en el balneario Sandra Canale (ex Gatica), en el Paseo Costero, también fueron excluidas por pedido de la defensa, la cual argumentó que "como era el auto del imputado se hubiera requerido una orden de requisa de un juez".

Flores aclaró que "esto anularía cualquier posibilidad investigativa" porque "en el auto iba la víctima también, la encontraron ahí". Además, detalló que "se cerró con cintas para evitar el ingreso y colectar bien las pruebas; se toman muestras con los polvos reactivos en las manijas del auto; se recabó información; se levantó la escena del crimen. Todo eso se hizo y la defensa argumentó que debería haber habido una orden de requisa del auto", reiteró Flores, al describir que las pruebas extraídas del vehículo quedarían excluidas de la investigación.

Pedido de impugnación

"La fiscalía hizo su propia impugnación y yo la mía. Ambas son coincidentes en que no solo dañan nuestra teoría del caso sino que las posibilidades de conseguir un veredicto de culpabilidad se achican, teniendo en cuenta que es un hecho donde no hay testigos directos", argumentó el abogado para luego agregar que "si logramos un veredicto de culpabilidad será por la sumatoria de pruebas de indicios".

"Las pruebas fueron excluidas de manera arbitraria en la resolución. Creo que ni la defensa tenía la expectativa de que le dieran la razón en todo", apuntó Flores.

Una vez que se realice la audiencia de impugnación, se fijará fecha para el inicio del juicio por jurados, que se calcula será en septiembre. Mientras tanto, Tolaba está con prisión preventiva desde noviembre del año pasado y los tres hijos de la pareja bajo la guarda de una amiga de Delia, que recibe un subsidio mensual de 6.000 pesos del ministerio de Desarrollo Social de la provincia por hacerse cargo de los niños durante un año.

Aguado era oriunda de Los Toldos, un pequeño pueblo de la provincia de Salta, y tenía 32 años cuando fue asesinada. Trabajaba en una empresa de servicios petroleros y era el sostén de la familia. Tolaba había sido miembro de Gendarmería pero había dejado de presentarse en la fuerza, lo que le costó la exoneración de su trabajo. Al momento del femicidio estaba desocupado. Según el relato de amigas de la víctima, él ejercía todo los tipo de violencia de género contra ella y la amenazaba con hacerle algo a los niños.

El viernes pasado, una importante movilización de agrupaciones feministas como Libertas, Mumalá, Barrios de Pie, ADUNC (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue) y Mujeres Estatales Autoconvocadas, marcharon por el centro de Neuquén para pedir justicia por Delia.