En la segunda audiencia correspondiente al tramo VI del juicio conocido como “La Escuelita”, cuya etapa oral y pública se inició este lunes, los ex militares y ex gendarmes que están siendo juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, se negaron a declarar.

Esa opción procesal, que es un derecho de quien está acusado, fue sostenida por la totalidad de los imputados, tanto Carlos Alberto Benavídez, único presente en la sala; como Jorge Héctor Di Pasquale, que participó de la audiencia por video-conferencia desde Campo de Mayo; e igualmente Néstor Rubén Castelli, Oscar Lorenzo Reinhold, Marcelo Fernando Zárraga, Emilio Jorge Sacchitella, Jorge Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, quienes lo hicieron desde los tribunales porteños de Comodoro Py.

Todos ellos dijeron que no responderían a las acusaciones formuladas el día anterior, en la primera audiencia, por el fiscal Miguel Ángel Palzzani. Algunos dejaron abierta la posibilidad de declarar más adelante, en otro momento del procedimiento judicial que, por decisión del tribunal, tiene lugar en la sede de AMUC (Asociación Mutual Universitaria del Comahue).

También durante la segunda audiencia, las abogadas querellantes por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Mariana Demi y Natalia Homazabal, solicitaron a los jueces Alejandro Silva, Orlando Coscia y Alejandro Cabral, la incorporación a la causa de una denuncia radicada por las Madres de Plaza de Mayo Lolín Rigoni e Inés Ragni ante el Ministerio Público Fiscal el 30 de mayo pasado.

La misma refiere a la rotura intencional de un vidrio en el frente del local que poseen en la calle Mascardi de la capital neuquina, un hecho al que las Madres consideraron como un "intento de amedrentamiento" a su participación en el proceso oral y público recién comenzado.

Otra de las partes querellantes, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a cargo del abogado Bruno Vadala, se sumó al pedido y repudió el ataque, mientras que los defensores oficiales Gabriela Labat y Pedro Pugliese se negaron a la incorporación del material por considerar que no veían la relación del ataque con el inicio del juicio. Finalmente, los tres jueces decidieron por unanimidad hacer lugar al pedido.

En tanto, el tribunal quedó en responder más adelante un pedido de Labat para que el imputado Benavídez pueda estar presente en el juicio, en una sala contigua.