La abogada Gisela Moreira, quien patrocinó a la familia de Karina y Valentina Apablaza luego de que estas últimas fueron asesinadas en Las Ovejas en febrero del año pasado, saludó la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén que confirmó la destitución del fiscal Ricardo Videla y la suspensión del juez civil Carlos Choco, por su desempeño en el caso.

"Nos parece un paso importante y que sienta un precedente. No para que los funcionarios se asusten sino para que se empiece a actuar con una perspectiva de género y que no se subestime el padecimiento de las víctimas", afirmó a Moreira, que además de representar legalmente a la familia Apablaza, es integrante de la Multisectorial de Mujeres, Lesbianas y Trans de Neuquén.

"Por primera vez se empieza a evaluar cómo actúan los fiscales, cómo investigan. Muchas veces los resultados de las investigaciones judiciales que no son exitosos son por estas cuestiones, por las malas investigaciones que realizan y por no aplicar todas las medidas correspondientes en un caso de violencia de género", precisó la profesional del derecho.

Los funcionarios judiciales habían sido destituido y suspendido, respectivamente, por un jurado de enjuiciamiento en noviembre del año pasado. Tras la apelación, el TSJ decidió por unanimidad rechazar los planteos realizados por la defensa de los mismos, que cuestionaban la incorporación de pruebas y afirmaban que se violaron garantías del debido proceso. 

La resolución del máximo órgano judicial neuquino, firmada dos días después de las multitudinarias marchas contra la violencia de género realizadas en todo el país con la consigna “Ni Una Menos”, lleva la firma de los conjueces Daniel Varessio, Gastón Rambeaud, Fernando Rubio, Alberto Dalla Villa y Carolina García, quienes actuaron en la ocasión porque los titulares del tribunal ya habían intervenido en otras instancias del proceso.

Seún la abogada Moreira, “no las protegieron debidamente y por eso hoy Karina y Valentina no están. Fue un femicidio que se podría haber evitado si se hubiera actuado en la debida forma. En el juicio quedó demostrado el retraso en algunas actuaciones, la subestimación de las víctimas, la idiosincrasia de algunos lugares, la lentitud con la que el servicio de justicia se imparte en un sector del interior de Neuquén", argumentó.

Tres denuncias, dos femicidios

Karina (31 años en el momento del crimen) y Valentina (11 años) fueron asesinadas a puñaladas por la ex pareja de la mujer mayor, Lorenzo Muñoz, cuando regresaban a su casa, a plena luz del día, el 22 de febrero de 2018. En los últimos tres meses, Karina había presentado tres denuncias contra Muñoz. La primera fue por abuso sexual contra su hija, la niña. En una segunda oportunidad, lo acusó en una presentación ante la Policía por amenazas. La tercera vez, un mes antes del doble femicidio, denunció que Muñoz, que tenía una orden de restricción de acercamiento, la perseguía.

La abogada explicó que "las cosas las hicieron con mucha tardanza. La última denuncia que Karina hace en enero en la comisaría de Las Ovejas, donde manifiesta que se había cruzado a Lorenzo y que la había amenazado tardó un mes en llegar a la fiscalía de Chos Malal. Después tardaron dos meses en pedir una ‘cámara Gesell’ para el abuso de la niña. Ahí se pudo ver no solo que no se protegió a la mujer en un contexto de violencia de género sino que tampoco se protegió a una niña en un caso de violencia sexual".

A raíz de las sanciones confirmadas esta semana por el TSJ, el fiscal de Chos Malal, Videla, quedó destituido y no podrá volver a ejercer en el Poder Judicial. El juez Choco, en tanto, tiene una licencia médica, de modo que cumplirá con la suspensión por dos meses sin goce de haberes, cuando se reincorpore de su afección de salud.

En febrero pasado, al cumplirse un año de los dos femicidios, la abogada de la familia hizo una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entendiendo que este caso puso en evidencia el incumplimiento en el país de tratados internacionales como la Convención de Belem do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El antecedente que estableció con su reciente decisión el más alto tribunal neuquino, refuerza la denuncia realizada ante el organismo internacional, donde el caso está siendo evaluado por un comité.

"Esto ha sido el resultado de la lucha de la familia Apablaza, que desde el primer momento ha estado tratando de conseguir no solo justicia por Karina y Valentina, sino que esto no vuelva a ocurrir en Neuquén ni en el país", concluyó Moreira.