El 53% de los funcionarios judiciales que integran el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén está a favor de la despenalización del aborto, un 18% está en contra y un 29% no respondió la pregunta. El principio que está en juego a la hora de juzgar un caso de aborto, para el 21% de los entrevistados es el derecho a la vida, mientras que un 38% consideró que es el derecho de la mujer a decidir y un 41% no contestó. El 82% de los funcionarios judiciales conocen el fallo FAL -que legaliza el aborto en caso de violación- mientras que el 18% no se refirió a él en ningún momento. La totalidad de los operadores judiciales entienden que  las prácticas de aborto constituyen un fenómeno generalizado o relativamente generalizado.

Estos datos surgen de la investigación editada con el título "Clandestinidad y tolerancia", que aborda "el lugar del aborto en la justicia penal" de Neuquén, realizada por la licenciada en Sociología Emilia Alfieri y el abogado Santiago Nabaes.

El libro, que fue presentado el jueves en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), se basa en una indagación sobre las valoraciones, conocimientos y prácticas judiciales de funcionarios y funcionarias (magistrados, defensores y fiscales) que se desempeñaban en el Poder Judicial de Neuquén entre 2017 y principios de 2018 y que aceptaron ser entrevistados.

Según contó el abogado en la presentación del libro, para comenzar la investigación buscaron antecedentes en la justicia provincial. "Nos dimos cuenta que en los '80 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había producido un par de sentencias en las que declaraba nulas ciertas persecuciones penales que se habían producido en forma típica, que es que una mujer había llegado a un hospital con un aborto en curso y había sido denunciada por los profesionales del sistema de salud. Lo que hizo el STJ es anular todos esos procesos diciendo que se había violado el derecho profesional y que esas personas nunca debían haber denunciado a esa mujer", apuntó.

En segundo lugar -prosiguió-, "indagamos que desde 2014, que fue la reforma del Código Procesal en Neuquén, existían sólo 8 causas diversas relacionadas al aborto. Todas habían sido archivadas, desestimadas o no se había procedido a investigarlas, nunca habían salido del Ministerio Público Fiscal".

Con estos datos, los investigadores salieron a entrevistar a operadores del Poder Judicial. Debido a las dificultades en el acceso a las fuentes, lograron hacer entrevistas semiestructuradas a 34 personas, que representan más del 60% del total. En esa muestra, "encontramos que más de la mitad estaban a favor de la despenalización del aborto y lo decían explícitamente. También encontramos que esto se diferenciaba según los roles. Defensores y defensoras estaban prácticamente un 100% a favor de la despenalización; el porcentaje iba disminuyendo al pasar a magistrados y magistradas, y era mucho menor en el caso de fiscales", indicó.

La interpretación de los autores a ese dato está vinculada al rol de estos funcionarios judiciales: "El fiscal o la fiscal que son los que tienen que impulsar la acción penal sienten que tienen que estar comprometidos con la ley. Lo sorprendente fue que en este contexto no se animaban a decir que la ley estaba bien. Daban una respuesta evasiva que también da cuenta de la presión del lugar donde están", indicó Nabaes, para concluir que pese a las distintas posiciones, "casi la totalidad de los funcionarios y funcionarias eran reticentes a condenar a una mujer por abortar".

La clandestinidad como forma de garantizar la desigualdad

La coautora, Emilia Alfieri, resaltó la elección de una perspectiva sociológica para abordar la investigación porque -explicó- "nos interesa meternos en lo que media entre lo que se dice, lo que sucede y lo que efectivamente se hace".

Luego se centró en los problemas que guiaron el trabajo. Planteó que si "el sistema penal castiga pero también tolera el aborto", una pregunta central es "¿por qué lo tolera?". Y esgrimió dos razones. "La primera es que no hay voluntad de perseguir ese delito, no hay una decisión del Ministerio Público Fiscal de investigar causas por aborto. Esto lo piensan sobre todo jueces y juezas, defensores y defensoras", afirmó la licenciada.

"La otra razón que dan algunos de los operadores y sobre todo los y las fiscales, es que el aborto no se persigue por las propias características del delito: no es un delito de flagrancia (se da en la intimidad), no hay una víctima que vaya a denunciar, y además hay una dificultad probatoria", precisó.

La investigadora destacó que "cualquiera sea la razón, lo que nos interesó es que esto daba cuenta de la tolerancia social de la cual hablamos". Apuntó que "las y los profesionales del Poder Judicial de nuestra provincia se alejan de lo que está previsto por la ley. Por lo tanto consideramos que  hay una reforma de facto de la ley positiva. Se dice que el aborto es un delito, salvo en algunos casos, pero en los hechos no se lo persigue".

Alfieri mencionó otra pregunta de investigación: si el aborto no se persigue ¿por qué sigue estando acompañado de una prohibición? La respuesta fue que "lo central de la prohibición es la clandestinización, que influye en las condiciones en que las personas se practican los abortos. Por eso los efectos son selectivos porque si bien es una práctica generalizada, la incidencia que tiene es la forma en la que las personas transitan esa clandestinidad".

"No es lo mismo cuando la clandestinidad es sólo lo oculto, que cuando es lo oculto, lo riesgoso, lo violento, lo insalubre, etcétera. Lo que hace la clandestinidad, y este es el efecto que tiene la prohibición, es poner en evidencia las desigualdades sociales, las desigualdades de clase que experimentan las personas ante una misma situación".

Una iniciativa desde el feminismo

La idea de hacer un libro sobre la perspectiva de los integrantes del Poder Judicial neuquino sobre el aborto surgió como una propuesta de la organización feminista La Revuelta. Según contó una de sus integrantes, Ruth  Zurbriggen, en la presentación, se les propuso a los autores hacer una indagación sobre el tema a partir de preguntas que se les presentaban al interior del colectivo en torno a su práctica, tales como ¿vamos o podemos ir presas por dar información?

"Queríamos saber qué piensan los funcionarios de la justicia penal y que harían si nosotras fuéramos al estrado a ser juzgadas", indicó la integrante de Socorristas en Red, la red surgida en Neuquén y con presencia en todas -excepto Formosa- las provincias del país, para brindar asesoramiento y apoyo a personas que desean practicarse un aborto.

Zurbriggen indicó que la indagación se convirtió luego en una investigación por la potencia de los datos encontrados y resaltó la importancia de generar conocimiento sobre estos temas, así como la "originalidad" de la investigación que "no se ha desarrollado todavía en Argentina".

El otro presentador, Fernando Díaz, quien indicó que "además de presentar el libro he sido objeto de estudio", retomó al experto en criminología Raúl Zaffaroni para destacar que "la función manifiesta del delito de aborto es penar su práctica, pero la función más importante es la función latente, que va mas allá de lo que surge de la ley penal" y "es la consecuencia de que aquellas personas más vulnerables por falta de conocimiento, falta de acceso a la salud, falta de acceso económico, la pena que se le impone es la pena de muerte".

El integrante de la Asociación de Pensamiento Penal indicó que el otro efecto es disciplinador, al afirmar que "afecta la libertad sexual de las mujeres y busca constreñirlas a un determinado modelo de mujer que tiene que respetar determinadas pautas culturales".

Finalmente, remarcó que "la razón por laque no se despenaliza el aborto es por la función latente, no porque se ve a como un delito".

Los autores

Emilia Alfieri es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, y Magister en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Además es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC y coordinadora del Grupo de Estudios Delito y Sociedad (Gedys).

Santiago Ginés Nabaes Jodar es abogado (UNC), Magister en Criminología (UNL), becario doctoral del Conicet y docente de la Fadecs- UNC e integrante del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs- Conicet).