"Quiero dejar planteada la posición de la Mesa y la mía personal, de estar en contra de la baja de punibilidad". Así, el fiscal penal juvenil de Neuquén, Germán Martín, expuso la posición de la provincia frente al proyecto que impulsa el gobierno de Mauricio Macri para bajar la edad de punibilidad de los adolescentes a 15 años, en la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario judicial realizó su exposición como representante de la Mesa de Corresponsabilidad Penal Adolescente de Neuquén, en la reunión conjunta de las comisiones de Familia, de Legislación Penal y de Presupuesto de la Cámara, en el marco del debate al proyecto que lleva el título de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” y busca reemplazar a la Ley 22.278.

Escasos diez minutos le bastaron para hacer un duro análisis normativo de la iniciativa que se dio a conocer en febrero de este año. "La situación de sanciones como está prevista en el tiempo nos ubicaría en la peor legislación, la más regresiva de la Región", aseguró a modo de síntesis.

Martín resaltó los aspectos "problemáticos y regresivos" que presenta el texto y que lo atraviesan de manera transversal y los fue desgranando uno a uno. Señaló que el proyecto "tiene un lenguaje poco riguroso, inadecuado en términos de género, en términos normales y en términos normativos".

Indicó que "por otro lado, hay una situación de Nación de apropiarse de facultades que son de las provincias en términos procesales y una falta de reconocimiento a los avances que se están haciendo en las provincias en materia procesal, como es el caso de Neuquén".

Luego afirmó que "hay en todo el proyecto un retorno fuertemente al ‘tutelarismo’ y al proceso inquisitivo, lo cual uno pensaría por lo menos desde las provincias, y desde Neuquén, que eso estaría superado", argumentó.

Derechos y sanciones

Respecto de los plazos y tiempos que propone el proyecto, el fiscal neuquino consideró que "son exagerados, desproporcionados y no tienen en cuenta nuestra especialidad lo cual es una clara vulneración sobre la Convención sobre los Derechos del Niño".

"Creo que también hay una regulación totalmente restrictiva de las medidas alternativas a la misma y lo que noto con muchísima dificultad como fiscal especializado en delitos de adolescentes es cómo piensan la especialidad: la están pensando como la justicia penal de adultos. Me parece por lo menos superficial pensar la especificidad en esos términos", aseguró.

El fiscal penal juvenil cuestionó después que en el proyecto "se excluye la discusión sobre necesidad de pena, la idea de la culpabilidad disminuida, y la posibilidad de absolución del juez" que permiten "dar una respuesta proporcional a la situación del proceso".

También criticó que "casi el 50 por ciento del proyecto está destinado a sanciones, con lo cual desde la finalidad que enuncia pareciera desproporcionado", y detalló que "se regulan tres tipos de sanciones: socioeducativas, disciplinarias y privativas de la libertad, de una forma muy imprecisa, muy confusa y es lo que los lleva a cometer por lo menos dos errores que entiendo muy graves".

El primero, se refiere a "la posibilidad de sancionar en el ámbito de la mediación, conciliación y acuerdos restaurativos", a la cual califico de "una hibridez axiológica y paradigmática insólita". El segundo y "más grave" es la posibilidad de sancionar en el marco procesal de una situación de juicio a prueba. "Eso me llamó la atención, lo repasé muchas veces, lo conversé con mucha gente porque me costaba creer que un proyecto de 2019 pueda pensar sancionar a cualquier persona sin juicio previo", remarcó el titular de la Fiscalía.

"No solo le da la posibilidad al juez de sancionar la suspensión a prueba sino que lo obliga al juez a sancionar en el juicio a prueba. Lo cual es, sinceramente, insólito, inconstitucional y todas las palaras que se puedan encontrar", prosiguió.

“Solo privación de la libertad”

Otro error que Martín atribuyó a la mala redacción del proyecto es que "nos convocaron para hablar de sanciones cautelares y no trae cautelares el proyecto. Solo trae medidas de coerción en plural, y cuando uno busca las medidas hay una sola, que es la privación de la libertad".

En ese sentido, indicó que "los tiempos de la sanción, en la pena privativa de la libertad para los (jóvenes de) 16 o 17 (años), trae 50 años. Es insólito. Todos los estándares internacionales nos piden que las legislaciones internas tengan un máximo y además que ese máximo sea un plazo razonablemente breve". 

Además, apuntó que "el proyecto no regula medidas cautelares que no sean privativas de la libertad" y lo atribuyó a "parte de la confusión entre sanciones", para indicar que la única medida cautelar que contempla es la privación de la libertad "con unos plazos que es más gravoso que la situación de adultos".

Por la positiva, Martín destacó que del proyecto es "interesante mantener la no punibilidad por delitos a menores". Agregó que "establecer por medio de una ley nacional la prohibición de la privación de la libertad por faltas y contravenciones está muy bien" y consideró que "también tendría que establecer la prohibición de demora y detención por averiguación de antecedentes y de identidad". Añadió que en cuanto a la confidencialidad del el proceso "está muy bien que traiga sanciones específicas" y valoró "la prohibición de la prisión perpetua".

La exposición del fiscal se dio en el marco de las reuniones que se vienen realizando en la Cámara de Diputados de la Nación para discutir la sanción de un nuevo Régimen Penal Juvenil.El pasado 14 de abril fue el turno del Defensor Penal del Niño, de Neuquén, Raúl López, mientras que el martes pasado expuso la magistrada, también neuquina, Carolina García, jueza Penal del Niño.