El gobierno nacional lanzó el "Programa de Asistencia a Migrantes Venezolanos" que busca facilitar la llegada de ciudadanos oriundos de la República Bolivariana de Venezuela, regularizar su condición migratoria y contribuir a la inserción social en Argentina. De esta manera, los migrantes del país caribeño podrán ingresar con la cédula de identidad o pasaporte vencidos y no necesitarán contar con el certificado de antecedentes penales apostillado, entre otros beneficios.

El programa fue creado mediante la Disposición 520/2019 de la Dirección Nacional de Migraciones, publicada en el Boletín Oficial el 31 de enero pasado. La subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, se refirió a los alcances de la norma y señaló que "hay dos o tres temas que venían reiterándose permanentemente en los reclamos que se hacían a nosotros acá en Derechos Humanos, pero abarca a todas las provincias, que eran la imposibilidad de conseguir las legalizaciones con apostillas de los antecedentes penales o la actualización de los documentos, tanto sea cédula de identidad como pasaportes".

Comelli indicó que "lo que hace la Disposición 520 de Migraciones es flexibilizar la normativa general específicamente para el caso de migrantes venezolanos atendiendo a la realidad de que sus consulados no están teniendo el acompañamiento necesario como pasa con cualquier otra nacionalidad".

Venezuela se encuentra sumida en una grave crisis social y política, que se acentuó con la auto proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de la República, desconociendo al presidente electo, Nicolás Maduro. La resolución de Migraciones viene a respaldar la posición que el presidente Mauricio Macri ha asumido públicamente, al manifestar que "Venezuela vive bajo una dictadura" y que Maduro "intenta burlarse de la democracia".

La funcionaria neuquina añadió que "sin entrar a opinar sobre la situación de Venezuela -porque nuestro sistema de gobierno atribuye la competencia exclusiva y excluyente del gobierno nacional sobre la temática internacional-, es claro que estamos ante una crisis humanitaria y así fue declarada por organismos internacionales. Nosotros entendemos eso y ponemos a disposición todo lo que sea facilitar la regularización de la situación de aquellos migrantes que no tienen posibilidad o acceso a solucionar sus problemas de las embajadas de sus países", indicó.

Ante la pregunta de si esta medida podría llegar a generar el reclamo de migrantes de otros países por recibir un trato discriminatorio, Comelli indicó que "los otros migrantes tienen embajadas o consulados que funcionan, especialmente en Buenos Aires", y reiteró el pedido de "embajadas itinerantes" en la provincia para que los extranjeros puedan realizar trámites sin tener que viajar a Buenos Aires.

Principales puntos del Programa

El "Programa de Asistencia a Migrantes Venezolanos" establece que quienes lleguen a Argentina con intención de residir podrán hacerlo con una "Cédula de Identidad o Pasaporte vencidos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, cuyo plazo de vencimiento no exceda 2 años" desde la creación del Programa.

Además, para los menores de 9 años que ingresen por vía terrestre y no tengan ninguno de esos documentos, podrán presentar "excepcionalmente" la partida de nacimiento.

Los beneficios del Programa para ciudadanos venezolanos incluyen una modificación en el requisito que rige para inmigrantes de cualquier otro país, de no contar con antecedentes penales a la hora del ingreso. En el artículo 5, establece "bastará la presentación del certificado de la República Bolivariana de Venezuela, el cual deberá ser verificado a través de la consulta informática a la página web correspondiente o por medio de la representación consular venezolana en el país, eximiéndose de la legalización de tal documentación".

La resolución se publicó en la misma semana en la que se conoció la deportación de una mujer oriunda de Perú, que residía en el país desde hacía 15 años. Vanessa Gómez Cueva había cumplido en 2014 una condena de 4 años por tráfico de estupefacientes. Luego había estudiado enfermería y era el sostén de sus tres hijos, nacidos en Argentina. A fines de enero fue expulsada del país junto a su hijo menor, de 2 años, por orden de la Dirección Nacional de Migraciones, pese a no tener una condena firme en su contra. Acá quedaron, a la deriva, sus otros dos hijos, de 5 y 14 años.

Trato "preferencial" en establecimientos educativos

Desde febrero de 2018, rige en Argentina la resolución 232-E/2018 del ministerio de Educación de la Nación, que establece un nuevo protocolo para las universidades nacionales y colegios de enseñanza media que reciban solicitudes de ingreso o continuidad de sus estudios por parte de estudiantes oriundos de la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución establece para ellos un "tratamiento preferencial en los trámites administrativos de reconocimiento de estudios de la educación obligatoria, tanto completos como incompletos, cursados en la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de permitir el ingreso y egreso de estudiantes a los establecimientos educativos de toda la República Argentina".

El texto, que lleva la firma del ministro Alejandro Finocchiaro, aclara que dicho trato preferencial regirá "mientras persista ruptura del orden democrático en aquel país", en sintonía con la posición adoptada por el gobierno nacional de no reconocer al actual presidente, Nicolás Maduro. Esta frase generó polémica en algunas universidades nacionales que señalaron que mientras se aplican estrictos requisitos para estudiantes oriundos de países limítrofes, se avala el ingreso de venezolanos, en sintonía con una postura política del gobierno nacional que no todas ellas comparten.