Las autoridades de la provincia de Neuquén tomó intervención tras la denuncia del fotoperiodista alemán Stefan Borghardt, quien fue detenido y aseguró haber sido golpeado y amenazado en la comisaría de Añelo. El ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, anunció ayer que había pedido un informe del caso a la policía, y horas después, el director de Seguridad de la provincia, comisario Luis Arango, dijo que los episodios “están siendo investigados”.

“Hay una investigación administrativa que está en trámite por los hechos denunciados y que circularon por la prensa”, señaló Arango en declaraciones periodísticas. Agregó que “se está recabando información y testimonios para determinar si hubo alguna transgresión (por parte de personal policial) como se denuncia”, indicó.

Según el funcionario del área policial, Borghardt ingresó el lunes alrededor de las 18.30 en el predio de la empresa Treater y tomó fotos del lugar. Precisó que entonces “el supervisor denunció que este joven había traspasado el cerco perimetral y que eso comprometía la seguridad de la empresa”, y que también “por seguridad” le pidieron que eliminara las fotos.

Detalló además que, simultáneamente, la compañía denunció al reportero por haber ingresado al previo privado, argumentando que debió pedir previa autorización, y que ello dio lugar al secuestro de las cámaras por parte de la Policía.

Por último, Arango manifestó que el joven profesional europeo fue llevada a la entrada del precio y luego trasladado a la comisaría 10 de Añelo, y que permeneció allí hasta las 22.30 del mismo lunes, cuando fue liberado.

Ministro Gaido

Durante la mañana, el ministro de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad, Mariano Gaido, dijo a medios de prensa que había solicitado un informe al jefe de la Policía neuquina, Rubén Tissier, porque “quiero que se dé toda la información a quien quier conocer la situación”, dijo el integrante del gabinete de Omar Gutiérrez.

Consultado sobre si consideraba que los hechos podrían ser de otra manera, diferente de lo relatado por el fotoperiodista, respondió: “Lo que digo es que esto debe ser materia de investigación. Siempre se abre una actuación sumarial para saber qué sucedió, y esto es lo que solicité”, dijo Gaido.

El ministro también remarcó que tenía “absoluto respeto por el trabajo de los periodistas y por lo que significa la difusión de información”.

Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal

Stefan Borghardt radicó ayer ante una denuncia penal ante Ministerio Público Fiscal de Neuquén, acompañado por el abogado Emmanuel Guagliardo.

El escrito insta al organismo a iniciar una investigación “tendiente a determinar las posibles responsabilidades penales de funcionarios públicos de la Provincia de Neuquén, específicamente agentes pertenecientes a la Policía de la Provincia de Neuquén, bajo la dependencia de la Comisaría 10 de la Localidad de Añelo, responsables jerárquicos de la Policía Provincial, como así también las autoridades políticas bajo las cuales funciona la Jefatura de Policía, a saber, Subsecretaría de Seguridad de la Provincia del Neuquén”.

Los delitos que se investigan son “incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad”, “encubrimiento” agravado por tratarse de funcionarios públicos, así como “apremios y vejaciones policiales, con privación ilegítima de la libertad ambulatoria, sustracción de bienes y equipamiento de trabajo”, y “secuestro de información de trabajo de altísima importancia”.

La denuncia hace hincapié en que los hechos allí descriptos “constituyen un escándalo de alcance internacional” que vulnera los derechos humanos elementales, y apunta contra el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, y el titular de la Policía de la Provincia de Neuquén, Crio. Gral. Rubén Carlos Tissier, “en tanto debieron contar con conocimiento de la detención de un ciudadano extranjero, en estas especiales circunstancias”.

Asimismo, el texto recuerda que la empresa Treater Neuquén SA, ubicada en el Parque Industrial de Añelo, cuenta con una denuncia penal “por el delito de contaminación ambiental con residuos peligrosos que involucra también a funcionarios provinciales”.