La polémica por el destino de las 10 hectáreas donde estaba emplazada la U9, parece que recién comienza. El viernes 2 de marzo, Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de realizar las subastas de inmuebles estatales a nivel nacional, puso a la venta un gran terreno en la ciudad de Neuquén, delimitado por las calles Entre Ríos, Juan B. Alberdi, Alderete y Presidente Illia.

La porción de tierra está dividida en dos lotes y tiene una superficie de 10,1 hectáreas. En el primero, recostado sobre la calle Entre Ríos, de 4,3 hectáreas, funciona la Prisión General Sur, Unidad 9, cuyo funcionamiento será trasladado al Complejo Penitenciario de Senillosa y a otros centros carcelarios. Cuando se finalice este proceso, se procederá a la utilización del terreno, cedido en canje por las tierras de Senillosa al gobierno provincial, que ya convocó a un concurso de ideas para su utilización, cuyo destino se presume para recreación y cultura.

La decisión administrativa 249/2018 de la AABE, establece que “en razón de los convenios suscriptos entre el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno de la provincia de Neuquén y la municipalidad de la ciudad de Senillosa en forma conjunta e individual, se propicia la cesión recíproca entre el Estado nacional y la provincia de Neuquén de los predios en los que se emplazan la Prisión Regional del Sur - Unidad 9 – y el Complejo Penitenciario Senillosa”.

El segundo lote, lindero al este del anterior, comienza en el límite intramuros de la cárcel y llega hasta la calle Illia y Alderete. Tiene 5,8 hectáreas de superficie. Dicho espacio se subastará en parcelas menores, y comprende la apertura de calles en el tejido urbano de la capital provincial. En conjunto, ambos lotes fueron tasados en US$4,15 millones. La idea del gobierno nacional es la venta para desarrollo inmobiliario y construcción de torres de departamentos.

Sin embargo, en los considerandos de la puesta en venta de los lotes, se indica que “el traslado referido se enmarca en un Proyecto de Desarrollo Urbano recreativo, deportivo y cultural, en conjunto con un pulmón verde en el centro de la Ciudad, creando de esta manera nuevas áreas que generarán oportunidades de inversión, potenciando el desarrollo local y mejorando la economía urbana, con sus consecuentes beneficios, optimizando así recursos tales como la infraestructura de servicios básicos de calidad, poniendo en valor el entorno inmediato”.

Por si no quedara claro el supuesto objetivo, el párrafo siguiente especifica que “la municipalidad de la ciudad de Neuquén, se encuentra en concordancia con los principios emanados de la Conferencia Sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) para el desarrollo de ciudades en la que la ONU estableció que una ciudad debe ser “compacta, inclusiva, participativa, resiliente, sostenible y segura””.

En la misma norma, se pone en venta también el “inmueble ubicado entre las calles Fray Luís Beltrán, Cornelio Saavedra, Chaco y Lanín,localidad y provincia del Neuquén, respecto del cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la municipalidad de Neuquén han trabajado en la definición de una propuesta urbana acorde a los criterios de urbanismo sustentable, donde la convivencia de usos mixtos y la creación de nuevos espacios verdes públicos permitan una mejor consolidación de la zona y la incorporación de los predios al tejido urbano mejorando de esta manera, la conectividad y circulación de dicha ciudad”.

Un terreno, dos proyectos

Así planteado, el primer problema asoma por las diferentes formas de decidir el destino de esa tierra, que enfrenta al gobierno provincial con el de la Municipalidad de Neuquén. El primero, con la parte que le toca, eligió abrir una oficina en la misma propiedad donde funcionaba la cárcel, para receptar propuestas de parte de la comunidad y sus organizaciones sociales.

El segundo, actuará de colaborador “desinteresado” del proyecto nacional, que consiste en vender esa tierra para desarrollos inmobiliarios. La intervención municipal se acotará, según dijo a Fabián García, Secretario de Movilidad Urbana, “a la apertura de calles que correspondan para ejecutar la decisión del gobierno nacional”.

La idea de muchos, incluidos concejales y referentes comunitarios, de pensar las diez hectáreas como una sola cosa, fracasó desde el vamos.

El rol del Concejo Deliberante

Para Fabián García, no es necesaria la intervención del parlamento municipal porque los ampara “una ordenanza sancionada en diciembre de 2017, de compensación, con la que podemos permitir el desarrollo inmobiliario basándonos en la tasa de ocupación de las calles Alderete e Illia, que se trasladan a las veredas de las tierras que pertenecían a la U9”. El mismo razonamiento utilizó el funcionario para la “extensión de la calle Juan XXIII, porque no estamos abriendo calles nuevas, estamos extendiendo las existentes y eso no requiere de la intervención de los concejales”.

La edil, María Eugenia Ferraresso (MPN), tiene la impresión opuesta. Aseguró que “está claro que desde el oficialismo solo buscan confundir a los vecinos. Sea como sea quieren buscar artilugios para esquivar al Concejo Deliberante”.

Denunció que los funcionarios municipales exhiben “una total falta de conocimiento respecto de lo que el Plan Urbano Ambiental (PUA) permite, e intentan hacer reinterpretaciones totalmente erróneas y sesgadas del código. Los invito a que antes de hacer declaraciones en los medios se pongan a leerlo. Están intentando engañar a los vecinos”.

Ferraresso Insistió en que “las tierras de la U9 figuran en el PUA como Uso Especial para penitenciaria, cualquier otro destino deberá obligatoriamente pasar por el Concejo para modificar el uso del suelo y establecer indicadores para ese sector ya que hoy no tiene ningún indicador, sólo la restricción al uso”.

La misma interpretación hace el concejal Marcelo Zúñiga (Unidad Ciudadana). Dijo que “acá hay que agarrar el peludo por la cola, es el Concejo Deliberante el que tiene que decidir y cambiar el Plan Urbano Ambiental, para cambiar el destino y el uso de esa zona que hasta ahora es sólo para el funcionamiento de la U9. Somos los concejales los que podemos tratar toda esta tierra dentro de un proyecto único y no en dos partes. Es una oportunidad histórica”.

La ordenanza a la que refiere García es la 13.753, fue aprobada en la última sesión del año 2017 y libera “la forma de cono” de los edificios en la ciudad de Neuquén, obligación que para los constructores ya no existe. Ferraresso, que votó esa ordenanza, especificó que “la compensación volumétrica permite equiparar parámetros en una morfología urbana que era el ángulo de 60 grados con forma de cono.  Y en el caso de superposición de indicadores, el desarrollador puede elegir el más favorable, y eso siempre se consideró de esa manera y se lo trató así desde siempre en el PUA, siempre cuando se superpone una zona de características de densidad baja con un corredor, se toma el corredor, que es el que mejor indicador tiene. En el caso de la U9, al haber un uso específico para ese sector, esa parcela no tiene uso de suelo, entonces no tiene superposición de indicador. Hay un indicador para las manzanas de enfrente de Alderete, pero ese indicador no se puede trasladar a la manzana de la U9”.

Para Marcelo Zúñiga hay una primera pregunta para responder, “¿a quién le creemos?” solicitó, en referencia a la decisión administrativa aquí descripta y a una posterior publicación de venta para uso inmobiliario en un diario de tirada nacional, el pasado lunes 5 de marzo.

“hace 70 años que Neuquén dejó de ser territorio nacional, desde entonces, los que vivimos en Neuquén tenemos derecho a elegir qué hacemos con nuestra tierra, que no vengan los porteños a atropellarnos con sus torres de departamentos tipo Puerto Madero”, denunció.

El concejal de Unidad Ciudadana opinó que “el fondo acá es quién se queda con la plusvalía urbana, con la tremenda rentabilidad que queda de esa operación”.

“Hay que hacer un solo proyecto integral, la provincia va a promover el desarrollo de un pulmón verde y alrededor de eso en cinco hectáreas se van a construir fabulosos emprendimientos inmobiliarios, que subirán su precio gracias a ese pulmón verde, y los desarrolladores tendrán una renta extraordinaria casi sin inversión”, sentenció el concejal de Unidad Ciudadana.

Decision administrativa 249 de la AABE