La intendenta de Zapala, Soledad Martínez, participó de la presentación de un proyecto de ley provincial, que será debatido en la Legislatura. Se trata de crear un registro de personas condenadas por violencia de género. La iniciativa, impulsada por su partido, el Frente Grande, ingresará a la cámara de la mano del diputado Raúl Podestá, integrante de Unidad Ciudadana.

Martínez consideró que se trata de “un proyecto de ley que es muy oportuno presentar ahora, que la sociedad está movilizada por el paro del próximo 8 de marzo. Se prevé un registro público de personas que hayan cometido delitos de violencia contra las mujeres, administrado por el Ministerio de Ciudadanía. El objeto es tener accesibilidad a la información del registro para conocer antecedentes de la persona, cada vez que se necesite. Se crean una serie de inhabilidades para acceder a cargos electivos, cargos públicos y para tener negocios con el Estado, como proveedor o contratista”.

Explicó que es “un proyecto que se presenta con la vocación de sumarse a un dispositivo de legislación que existe en la provincia, que es de avanzada, novedoso y precursor en todo el país, pero que, por decisiones políticas de las autoridades provinciales, nunca se ha cumplido adecuadamente”

La mandataria zapalina, aseguró que el proyecto complementa pero que también, “en el marco de las acciones que se planifican para el 8 de marzo, exigimos al gobierno provincial el efectivo cumplimiento de todas las normas sancionadas para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, que están incumplidas en gran parte de la provincia y provocan las cifras que vemos en las estadísticas”.

Denunció que “las leyes están creadas, pero no se aplican por falta de presupuesto, con la hipocresía agregada de que cuando se anuncian recortes en el Estado, estas políticas son las primeras que se achican. Los efectores de estas leyes no cuentan con los recursos necesarios para llevarlos adelante y eso nos pone en perspectiva de lo que en realidad tenemos que discutir con el gobierno”.

Con respecto a las penas, afirmó que este proyecto “contiene acciones disuasivas para aquellos que cometen actos de violencia machista. Y se suma a las herramientas que hoy tenemos para que cuando alguien denuncia un hecho de violencia de género pueda ser asistido como corresponde”.

Las penas permiten elevar el rango del delito de violencia machista, según relató Martínez, que describió que “la violencia contra mujeres ha dejado de ser un problema doméstico de ese núcleo familiar para ser un problema que atraviesa la dinámica de relaciones de toda la sociedad y requiere del Estado una mirada realmente seria y consecuente con su vocación, al menos expresada públicamente y en los discursos, de corregir y transformar esta realidad, y eso se hace con bastante más que con discursos o tapas en los diarios o firmas de algún convenio”.

Soledad Martínez relató que el municipio de Zapala adhirió al paro de mujeres del 8M. “Nosotros en la municipalidad vamos a parar sin asueto, para incentivar a las compañeras a retirarse de sus lugares de trabajo en clara manifestación de paro, porque si declaramos asueto deja de ser un paro y queremos que las compañeras de la municipalidad así lo hagan”.

Afirmó, con respecto a su posición personal, que no se considera “una militante de las cuestiones de género. Pero, así como está concebido el feminismo en este tiempo, creo que todas las mujeres que queremos la transformación de la sociedad, así como la vemos, somos feministas”.

El rol de la Municipalidad en la atención a las víctimas

Respecto del doble femicidio ocurrido en las Ovejas y la falta de atención a las víctimas, denunció que “tenemos una provincia que no solamente concentra recursos y decisiones en la Confluencia, sino que también concentra la capacidad de respuesta, inclusive la poca que tiene desarrollada a pesar de las discusiones legales. En Zapala tenemos una realidad mejor que en Las Ovejas, pero una realidad en la que hemos tomado la decisión -desde la Municipalidad- de sumar, contribuir”.

“Sabemos que las autoridades de aplicación de las leyes que protegen y que previenen o que prevén herramientas para erradicar las formas de la violencia contra las mujeres son las autoridades nacionales respecto de las leyes nacionales y las provinciales respecto de las provinciales”, aseguró. Y cotinuó: “La Municipalidad gestionó en el año 2013, ante la secretaria general de la mujer la construcción de un refugio, ese refugio está construido en un 76%. Hace dos años, desde que asumió el presidente Macri, estamos esperando las remesas para concluir la obra y todavía no ha llegado nada, un millón y medio de pesos que no llegan a la ciudad y que nos impiden la conclusión de esa obra”, denunció.

La provincia no tiene un solo dispositivo que ayude

En su cruda descripción de la realidad de las mujeres en el interior de la provincia, Martínez relató que “el único grupo es un grupo de trabajadores formado en perspectiva de género, pero la autoridad de aplicación, que es el ministerio de Desarrollo Social, no tiene ningún dispositivo en la ciudad. La justicia, que es cómplice, nos dirige los oficios a la municipalidad, a sabiendas que no somos la autoridad de aplicación”.

Explicó que “para las situaciones judicializadas, que son 18 en Zapala, pensando que hay niños involucrados, y que todos los efectores de estas leyes deberíamos poder atender, no hay decisión política de las autoridades provinciales, para resolver estas situaciones.”

“La municipalidad se hace cargo de construir baños, habitaciones, de alojar a las mujeres, porque encontrar que la provincia lo haga es una tarea titánica”, concluyó.

Informe: Carlos Marcel