Ante la existencia de casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad durante los controles de circulación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicó un documento en el que se exponen las facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), que comenzó el 20 de marzo en todo el país.

El trabajo fue elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que encabeza el fiscal Andrés Heim, y publicado en el sitio web del MPF, luego de la difusión de casos de abuso policial en varias provincias del país.

El caso más conocido fue el de dos policías de la bonaerense que fueron desafectados luego que se viralizara el video en el que obligaban a siete jóvenes a hacer ejercicios físicos porque presuntamente violaban el aislamiento obligatorio. El 15 de abril, en Chubut, separaron a tres policías de esa provincia que habían participado de una golpiza a una persona que incumplió con el aislamiento, en Trelew. En Neuquén, una docente denunció haber sido detenida ilegalmente, esposada y trasladada a una comisaría durante un control en la capital provincial, cuando volvía del supermercado.

El texto elaborado por la Procuvin señala cuáles son las obligaciones de los agentes de las fuerzas de seguridad  y policial en los controles de circulación. Consigna que la principal tarea es la de "garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares", así como "identificar a la/s persona/s que se encuentre/n en infracción a la norma".

Destaca que "la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas". El personal debe usar barbijo, mantener una distancia mínima de un metro con las personas y, en lo posible, no tocar la documentación cuya exhibición requieran.

En negrita, el texto resalta que "no podrán apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad".

Los agentes no pueden "realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente, ni realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas de seguridad sin la intervención del juez o el fiscal".

Tampoco podrán "impedir el registro fílmico de la intervención policial en un caso concreto por parte de una tercera persona", ni "retener y secuestrar documentación personal (DNI u otros) de las personas infractoras que sean detectadas en el marco de un control".

El texto describe también los derechos de las personas que son objeto de un control en la vía pública. Apunta que "deben recibir un trato cordial y respetuoso" y que les "deben ser explicadas de las razones por las cuales no pueden permanecer fuera de sus hogares". Además, el personal policial debe estar identificado y debe explicar el motivo de la presencia en el lugar. 

Consigna que si se iniciara una causa por infracción del ASPO, se debe informar a la persona qué juzgado, fiscalía y defensoría intervienen en la causa que, eventualmente, se forme por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.

Entre los derechos de las personas que fueran privadas de su libertad, se indican el derecho a realizar una llamada telefónica, a designar abogado o abogada de confianza o un representante de la defensa pública, a que se realice un reconocimiento médico que verifique su estado psicofísico.

Agrega "en caso de ser necesario, a recibir en forma inmediata asistencia médica y a denunciar los abusos de la policía y fuerzas de seguridad ante el juez y/o fiscal en turno, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las respectivas autoridades locales de cada Provincia".

Una denuncia de abuso policial en Neuquén

El sábado 11 de abril, una docente de la escuela Nº 280 denunció que fue detenida ilegalmente durante un control de circulación realizado en la Avenida San Martín de la capital neuquina. 

La mujer, identificada como Giselle Kler, declaró que fue detenida cuando volvía de hacer compras en un supermercado cercano a su vivienda. Según consta en la denuncia que radicó en la fiscalía, los agentes de la policía provincial la detuvieron por no contar con un permiso para circular. Pero para comprar alimentos en comercios de cercanía no es necesario contar con un permiso especial.

Kler declaró que fue detenida ilegalmente, esposada y trasladada en parte trasera de una camioneta hasta la comisaría, donde se iniciaron acciones penales en su contra por incumplir el aislamiento, por no usar barbijo y por desacato a la autoridad. Días después pudo recuperar la mercadería. El auto en el que se trasladaba sigue retenido.

La causa está en manos del fiscal Pablo Vignaroli, quien dijo a se están haciendo investigaciones sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para saber si se trató de un caso de abuso policial.

En tanto, argumentó que aún no le devolvieron el auto porque la defensa solicitó que se haga mediante una audiencia en la que intervenga un juez.