La medida de aislamiento social por la pandemia de coronavirus impacta en el bolsillo de toda la población pero quienes no son dueños de su vivienda y se ven forzados a alquilar, comienzan a mostrar dificultades para pagar los alquileres y para lograr que las inmobiliarias cumplan con el decreto de extender el vencimiento de los contratos. 

Si bien el gobierno nacional decretó medidas que tienden a proteger a los inquilinos, no todas las inmobiliarias las cumplen. El decreto firmado el 31 de marzo pasado, extiende por 6 meses la validez de los contratos de alquiler que vencían ese mes y prohíbe aumentos en los montos, así como los desalojos por falta de pago. Además, obliga a las inmobiliarias a entregar un CBU para que los inquilinos puedan realizar el pago en forma electrónica y evitar la circulación de personas, entre otras medidas.

Roberto Díaz, integrante de la Unión de Inquilinos de Río Negro, dijo a señaló que en esa provincia, desde que comenzó el aislamiento obligatorio, se nota el cese de pago de alquileres. 

Apuntó que a partir de abril y hasta septiembre, en forma mensual realizarán una encuesta para evaluar la capacidad de pago de los inquilinos y con eso tendrán un panorama más claro. Pero adelantó que "el 70 por ciento de las consultas tienen que ver con ¿qué pasa si no pago?".

Otro 20 por ciento de las consultas -según indicó- corresponden a qué hacer si la inmobiliaria no quiere entregar el CBU para realizar el pago en forma electrónica. Y el 10 por ciento denuncia que les quieren hacer firmar un contrato nuevo, pese a que el decreto establece que aquellos contratos que vencían hasta el 20 de marzo se deben prorrogar hasta septiembre.

La presidenta de la Asociación Civil Inquilinos de Neuquén, Pamela Gaita, dijo a que la mayor cantidad de reclamos en la provincia es porque a los inquilinos "los están obligando a renovar el contrato y no les dan la prórroga", y explicó que "a  las inmobiliarias les conviene que lo renueven para que les paguen los honorarios".

Gaita cuestionó que el inquilino "queda cautivo" de las inmobiliarias porque "si dice no quiere renovar sino que  quiere hacer uso de la prórroga, los amenazan con no renovarles después en octubre".

En tanto, haciendo un cálculo a vuelo de pájaro, sostuvo que "entre el 30 y el 40 por ciento ha dejado de pagar el alquiler", producto de la parálisis en la economía que generó el aislamiento social obligatorio.

Indicó que "la bancarización ya era un problema de antes" y remarcó que es necesario que los inquilinos hagan la denuncia ante la AFIP para que les permitan realizar el pago por CBU.

Además, consideró que "el decreto es bueno pero no está completo" porque "no da herramientas para poder zafarse de la situación" y señaló que "no haya ningún tipo de penalidad para las personas que no cumplan".

En ese sentido, Díaz reconoció que "no está regulado" en el decreto qué tipo de sanciones reciben las inmobiliarias que incumplen con el decreto y apuntó que quienes quieran denunciar deben  enviar un mail al Ministerio de Territorio y Hábitat de la Nación ([email protected]) o a la AFIP.

"El sector de inquilinos va a estar muy golpeado" 

Roberto Díaz es además secretario de Organización de la Federación Inquilinos y sostuvo que cuando se terminen las medidas de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, "vamos a salir en una economía donde el sector de inquilinos va a estar muy golpeado y muy endeudado" y amplió que "aquel que no pueda pagar hoy, no solamente va a tener que pagar el dinero acumulado en estos meses, sino el alquiler de ese mes".

"Va a pasar mucho tiempo para que vuelva a girar la rueda económica", evaluó y advirtió a las inmobiliarias que "si pretenden hacer contratos exorbitantes nadie les va a alquilar nada  y en ese caso nosotros vamos a pedir que se extienda el plazo de los seis meses de congelamiento del precio de alquiler", adelantó.

Díaz indicó que a nivel nacional el principal incumplimiento que advierten es que "las inmobiliarias no quieren entregar los CBU. Eso es algo que se repite en todos lados porque  muchos contratos están en negro", indicó y refirió que "ese es un llamado de atención para la AFIP".

En segundo lugar ubicó a los desalojos, que se localizan en la Ciudad de Buenos Aires. Señaló que "a nivel nacional los peores casos están en la Ciudad de Buenos Aires, donde todavía el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta está permitiendo que haya desalojos. Tenemos videos que nos mandan los inquilinos donde hay desalojos terribles, violentos".