Representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén se reunieron el jueves con el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, y avanzaron en el cumplimiento de una ley sancionada hace casi 20 años, que hasta ahora nunca se implementó. Se trata del convenio 169 de la Organización Internacional Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que desde 1992 tiene rango de ley nacional.

La ley establece el derecho que tienen los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada por parte del Estado antes de que le adjudiquen a una empresa un proyecto de explotación del suelo que pueda afectar a los territorios de las comunidades. Sin su consentimiento, las empresas no pueden avanzar.

"Falta ir al terreno práctico y para eso se necesita que ese derecho a la consulta se convierta en un instrumento aplicable, o en un protocolo. Ese protocolo lo debe realizar el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), en acuerdo con el gobierno de la provincia. Así que creemos que el gran escollo es convencer a la provincia de que salga de la ilegalidad en la que ha estado hasta ahora", señalaron a voceros de la Confederación.

"Como las comunidades tienen ese poder de dar su consentimiento es que buscan eludirlo o no aplicarlo", explicaron los voceros y señalaron que "eso es lo que está haciendo Neuquén desde hace 20 años".

"Es responsabilidad primaria de la provincia, porque es quien tiene la jurisdicción sobre el territorio, sobre los recursos naturales. En segundo lugar la corresponsabilidad es de Nación porque tiene que hacer cumplir el convenio de carácter internacional.  Ninguno de los dos se ha puesto al día, 20 años después, en aplicar ese derecho", indicaron.

Los mapuches vienen reclamando porque YPF no cumplió con la consulta previa para llevar adelante la explotación en Vaca Muerta, donde hay más de diez comunidades. El lunes pasado, miembros de la Confederación se reunieron con la titular del INAI, Magdalena Odarda, quien les manifestó su voluntad de que se implemente este mecanismo, según señalaron. 

Ahora, luego de la reunión con Lanziani, los integrantes de la Confederación son optimistas porque creen que por primera vez el Estado nacional va a instar al gobierno provincial de Omar Gutiérrez a respetar su derecho.

"El secretario de Energía manifestó su voluntad y su decisión de que no quiere seguir violando leyes y quiere comenzar a hacer las cosas como corresponde. Fue un diálogo muy interesante en ese aspecto", señalaron los voceros, y agregaron que el compromiso de Lanziani "fue hacer esa convocatoria y establecer esa mesa de trabajo donde van a estar todas las partes involucradas".

De la mesa, está previsto que participen integrantes de la comunidad, funcionarios de la secretaría de Energía, Magdalena Odarda y representantes del gobierno provincial. La primera reunión está prevista para la semana que viene, "por lo tanto es una cuestión urgente", consideraron.

"Si hay voluntad de Nación, del INAI, de la secretaría de Energía y hay demanda de los mapuches, es la provincia la que va a tener que ponerse al día", afirmaron y remarcaron que "la provincia no puede estar ajena. Necesitamos que entienda y asuma que no puede seguir eludiendo esta obligación que tiene de aplicar el convenio".

Por otra parte, consideraron que "el hecho de que haya un parate en la actividad y esté en crisis es una oportunidad que nos está dando de poder ordenar estos temas porque en medio de la vorágine y de la euforia explotadora cuesta más".

Foco en la cuestión ambiental

Luego de la reunión con los referentes de la comunidad mapuche, la secretaría de Energía publicó en su cuenta de Twitter, que "el sentido del desarrollo que queremos impulsar es inclusivo, en beneficio de todos los sectores de la población y contemplando el cuidado del medio ambiente".

Desde la Confederación indicaron que "es agradable ver que un funcionario de Energía, que uno se imagina que tiene como prioridad absoluta la producción y todo el aspecto del desarrollo económico de algo como vaca Muerta, le puso mucho énfasis al hecho de que no puede ser a costa del ambiente y de la salud o de la cultura".

"Fue una cuestión muy novedosa porque no estamos acostumbrados en el mundo petrolero a que pongan énfasis en lo ambiental, que se ve como una consecuencia  inevitable y que se resuelve en general con políticas de compensación económica, cuando lo ambiental tiene que ser parte de una política de prevención".

Señalaron que uno de los principales problemas que tiene la explotación no convencional es que "no da ninguna garantía sobre algunos daños que pueden ser de suma gravedad como es la afectación al agua o los sismos y movimientos del suelo. Son consecuencias inevitables del fracking que generan alarma, preocupación y muchos estados lo prohíben".

Desde la Confederación reclamaron que hace falta una "decisión política fuerte por parte de un gobierno que se decide a aplicarlo, de asumir esa consecuencia y a ver cómo lo previene". 

Agregaron que "eso implica inversión en prevención, tecnología en prevención, y no actuar sobre el daño, que es o que el gobierno de Neuquén no nos garantiza" porque "no tiene jerarquía ni tiene operatividad el órgano de control, lo han dicho los propios funcionarios".