Según el relevamiento realizado por el municipio y la provincia de Neuquén, en las tomas que se establecieron en la capital neuquina entre enero y febrero de este año hay 1.658 familias. El dato es el número que figura en el documento que ayer recibió la fiscalía, según contó a el encargado de entregar ese informe y actual director de Buenas Prácticas de la subsecretaria de Derechos Humanos provincial, Héctor Sánchez.
El informe también señala que, en total, 4.328 personas están asentadas en las tierras en conflicto. De las 1.658 familias registradas, 462 son personas solas, sin pareja ni hijos. En tanto, se relevaron 400 personas en "situación de vulnerabilidad", 102 personas con algún tipo de discapacidad y 150 personas migrantes.
En un primer momento, la cifra difundida al cerrar el relevamiento era de 2.050 familias. Según explicó Sánchez, el error se debió a que algunos datos estaban "duplicados". Precisó que como el relevamiento se realizó entre el jueves por la tarde y el viernes a la mañana, para incluir a las personas que trabajan en las distintas franjas horarias, algunas de esas familias fueron contabilizadas dos veces.
En cuanto a las características socioeconómicas de las personas que están tomando las tierras, el funcionario neuquino dijo que tendrán más precisiones la semana que viene, cuando desagreguen los datos que volcaron en un Excel durante el relevamiento.
Pero adelantó, en términos generales, que la mayoría son jóvenes "de entre18 y 26 años", que vivían en la casa de los padres o alquilaban una vivienda y ya no lo pueden hacer, y laboralmente se dedican a hacer changas o están desocupados.
Sánchez agregó que los casos de mayor vulnerabilidad están siendo sistematizados y, una vez terminado el informe, serán derivados a la subsecretaría de Familia, que dirige Emilse Troncoso, para que reciban un abordaje particular según el caso.
Este miércoles, además, vecinos de la toma Casimiro Gómez enviaron una carta al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quien en marzo visitará la provincia. En el texto le pidieron la intervención del gobierno nacional para darle una salida al conflicto.
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