La Legislatura de Neuquén de la provincia aprobó por amplia mayoría la declaración Nº2771 que expresa el “rechazo” de la Cámara al desembarco de 60 efectivos de Gendarmería Nacional en la ciudad de Plottier, así como al intento del intendente Andrés Peressini de utilizar una fuerza de seguridad de naturaleza militar para el control e identificación de personas. En la votación, el Pro y la UCR se pronunciaron en forma negativa. 

Asimismo, el cuerpo parlamentario votó por unanimidad la resolución Nº1041 por la cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial y al intendente de Plottier, que informen si la provincia suscribió algún acuerdo o convenio con el gobierno de la Nación o las fuerzas de seguridad federales en el que se autorice el desembarco e instalación de Gendarmería en esa localidad. 

Según información de prensa de la Legislatura, el diputado Eduardo Fuentes (Frente Neuquino, FN) dijo durante el debate que el intendente de Plottier se arroga facultades que no le están conferidas y cuestionó el avasallamiento a la autonomía de la provincia. Acotó que no son casuales los reiterados intentos de militarizar la zona con tareas que no forman parte de las funciones de la fuerza de seguridad federal. Subrayó que “se deben respetar las Cartas Magnas”, y agregó que “no se debe hacer uso del dolor con otros intereses”.

Desde el PTS-FIT, Raúl Godoy rechazó la injerencia de Gendarmería y dijo que “hay un interés de fondo”, porque “lo que se intenta militarizar es una reserva de petróleo y gas con fuerzas federales”. Su compañera integrante del bloque FIT, Angélica Lagunas, expresó que “seguridad no es sinónimo de la actuación de la Gendarmería”.

Carolina Rambeaud, diputada del Pro, argumentó en contra del proyecto de declaración y sostuvo que está “a contramano de lo que pide y reclama la población de Neuquén”. Cuestionó el posicionamiento del oficialismo al recordar que el año pasado la provincia acordó con las autoridades nacionales el desembarco de Gendarmería para delitos complejos vinculados al narcotráfico y a la trata de personas.

A su vez, el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Maximiliano Caparroz, remarcó que hay un avasallamiento de los derechos de la provincia e informó que el gobierno provincial tomó conocimiento de la decisión del ministerio de Seguridad de la Nación a través de los medios de comunicación. Recalcó que los intendentes no tienen potestad de firmar convenios con fuerzas federales para este tipo de medidas. Asimismo, criticó cualquier decisión unilateral y se pronunció a favor de tomar decisiones en un marco de diálogo y acuerdo.

En tanto, Santiago Nogueira (Libres del Sur) consideró que la medida busca “simplificar una problemática compleja” y la calificó como “un acto demagógico y de una irresponsabilidad muy grande”. Cuestionó la militarización de los conflictos sociales y enfatizó que “trae consecuencias graves e irreparables”. 

Por el Frente Grande, el diputado Raúl Podestá aseguró que “este tipo de problemas no se soluciona por más que traigamos a todos los gendarmes”, y lo enmarcó en “un problema económico y social”.

Rechazo a la rebaja de indemnizaciones

La Legislatura de Neuquén también aprobó por mayoría en su sesión de ayer la comunicación N°132 que rechaza el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 del gobierno nacional, que modifica la base para el cálculo de las indemnizaciones por accidentes laborales. (Ver nota aparte sobre dos fallos judiciales en similar sentido).

Al fundamentar la iniciativa, la diputada Lagunas (FIT) mencionó que el decreto fue declarado inconstitucional por un reciente fallo judicial y aseguró que constituye “un robo concreto al bolsillo de los trabajadores”. 

También denunció que los accidentes laborales ocurren por desidia empresarial que precarizan las condiciones laborales de los y las trabajadoras y citó un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que da cuenta de un total de 743 víctimas de “asesinatos laborales” a nivel nacional durante el 2017, mientras que en el sector petrolero suman ocho las víctimas fatales en la provincia a partir la adenda petrolera.

Godoy, del PTS-FIT, manifestó que el decreto presidencial fortalece a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) al permitir el incremento de sus ganancias en detrimento de la clase trabajadora. Recordó además que el DNU se emitió una semana después del accidente laboral en el aeropuerto de Ezeiza que provocó la muerte de un trabajador de la construcción.

Podestá, del Frente Grande, cuestionó que la modificación de las condiciones indemnizatorias se hayan realizado mediante decreto presidencial, sin debate parlamentario, y aseguró que la norma atenta contra la progresividad que tienen las leyes laborales.