Dentro de tanta malaria sanitaria (pandemia, cuarentena y ainda mais) y social (los inéditos niveles de pobreza, desocupación y hambre) los argentinos tuvimos en las últimas semanas motivos para celebrar.

Con reservas, nos alegramos del acuerdo que el ministro Martín Guzmán alcanzó con los acreedores privados de deuda externa. También deberíamos celebrar, esta vez sin recelos, eventos de política exterior como el reconocimiento del nuevo mapa de las aguas soberanas de Argentina y la reiteración del Comité de Descolonización llamando a negociar la soberanía de Malvinas a la Gran Bretaña.

Entre nosotros, los incorregibles -quién sabe si somos muchos o pocos-, compartimos la satisfacción: los medios de prensa canalla, nada. Y la nuestra, ausente. Siendo que debieron ser altisonantes motivos de orgullo nacional.

A comienzos de agosto, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y convirtió en ley la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma marítima argentina, allanando una inconcebible demora. Las causas de tal aplazamiento tienen que ver con la adscripción macrista al principio sarmientino de que “el mal que aqueja a la Argentina es la extensión”. Fue a partir de la adhesión a esa pauta colonial que la administración del PRO abordó las cuestiones de soberanía territorial cual si fueran problemas de política doméstica. Ideas de Cristina, problemas del populismo, razonaron: ¿para qué sirve tener más o menos mar argentino? ¿Es negocio para la pandilla? No; entonces, es un asunto sin importancia.

Recordemos…

En 2009, gestión de Jorge Taiana como ministro de Relaciones Exteriores, la Argentina se presentó ante las Naciones Unidas, y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental aprobó en marzo de 2016 la petición para ampliar su plataforma en 1,7 millones de metros cuadrados, un 35% más, al extender la demarcación de las 200 a las 350 millas. La nación sumaba 1.663 kilómetros cuadrados a su comarca. Ahora, Argentina, como nación soberana, incorporó esas millas que reconocen al país con un espacio de plataforma continental que es dos veces más grande que su territorio continental.

Ese reconocimiento sólo fue posible en una gestión nacional y popular, pero su tratamiento y aprobación cursó casi en la clandestinidad para la información pública. La Ley de Demarcación es una herramienta central en la protección de los derechos de argentina sobre la plataforma continental y sus recursos (en hidrocarburos, minerales o en pesca, que pertenecen a los 45 millones de argentinos y argentinas). Tiene además una enorme relevancia en el caso de una oportunidad de exploración y explotación de las inconmensurables riquezas que existen en el lecho y subsuelo del mar, a la vez que incrementa la seguridad jurídica y la posición argentina para el otorgamiento de concesiones. Reafirma la soberanía del Estado sobre el archipiélago de Malvinas, otorga mayor seguridad jurídica a sus demandas e incorpora una potencialidad de crecimiento y desarrollo con vistas a posibles futuras explotaciones en el Atlántico Sur.

¡Es un montón, argentinos! ¿Cómo puede ser que asunto de tal importancia pase desapercibido?

En la misma sesión, y por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ese Consejo, constituido según nuestra generosa concepción de la democracia, tendrá "una composición plural y su objetivo será trazar y sostener políticas de Estado; lo encabezará el Presidente de la Nación y estará integrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, notables, académicos y juristas, la provincia de Tierra del Fuego y los excombatientes".

Tras un debate de una hora y media, los dos proyectos fueron respaldados por 238 y 235 diputados respectivamente; y oh! los legisladores de la Izquierda se abstuvieron en ambos casos.

Además, hubo otros alicientes para ensanchar el pecho de la nacionalidad: el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, con el voto unánime de los 29 países que lo integran, reclamó una vez más al Reino Unido que se siente a negociar con la Argentina para encontrar una solución pacífica al diferendo sobre la soberanía de las islas Malvinas.

El pedido de reanudar conversaciones se funda en que en este siglo no debería haber lugar para colonialismos. Esto es, no tienen opinión los habitantes de un territorio usurpado por una potencia colonial. Como sea, habilita la opción de que Argentina recupere la pertenencia y la administración de las islas como parte de su propio territorio nacional. Habilita más aún: los nacidos en Malvinas son incuestionablemente argentinos.

Como es de rigor, esa demanda será expuesta en todas las reuniones que celebran organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Sudamericanos, el Grupo de los 77 más China, y las cumbres de países africanos, árabes, y los No Alineados. No al colonialismo es un reclamo urgente de todos los pueblos libres de la tierra.

El reclamo tiene antecedentes que el gobierno británico ignora maliciosamente

El Reino Unido sí que entabló conversaciones con Argentina después de que Naciones Unidas, en 1965, llamó a encontrar una salida pacífica a la disputa sobre la soberanía en su Resolución 2.065. Era tan razonable ese documento que Londres, que tiene poder de veto, ni siquiera se opuso. Y, de hecho, aceptó una invitación de nuestro gobierno: en enero de 1966 envió a su canciller Michael Stewart a Buenos Aires para conversar con su par argentino Zavala Ortiz, en lo que fue la primera visita oficial de un Secretario de Asuntos Extranjeros británico a nuestro país.

Esas conversaciones se truncaron en 1982, a partir del conflicto bélico por el control de las islas. Pero no dejan de ser antecedentes de la viabilidad de algún acuerdo, siempre que deje a salvo nuestra soberanía.

Sin embargo, con el argumento de la guerra, el Reino Unido le da la espalda a las recomendaciones unánimes de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de la ONU. Una dura realidad geopolítica. En el marco de una reestructuración de la OTAN, el cambio de postura británica obedece a la decisión de instalar una base militar en las Islas Malvinas.

De los 17 casos que quedan en el mundo de descolonización, 10 son atropellos del Reino Unido y el enclave naval y aéreo, convencional y nuclear más importante que existe al sur del Paralelo 50, y que convierte a Inglaterra en potencia extracontinental, es Malvinas.

En el marco de una política pacifista y la defensa de la desmilitarización del continente, la usurpación tiene consecuencias que no sólo colisionan frontalmente con los de una Argentina libre y soberana: las islas Malvinas son parte del continente latinoamericano.

Malvinas representa una puerta a la Antártida y desde allí se puede controlar el pasaje comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico; es el acceso a la riqueza ictícola más importante del mundo y a un subsuelo aún inexplorado de infinita proyección económica.

Ahora, la “diplomacia global” desplegada por el Palacio San Martín tiene su foco puesto en obtener el apoyo de otros organismos internacionales: Argentina buscará el respaldo de la Celac y en la próxima reunión conjunta de la OEA y el G77+China, que se realizará en paralelo a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, en septiembre, en la ciudad de Nueva York.

Durante la compleja administración de Alberto Fernández, Argentina avanza también en otras iniciativas: espera la aprobación de un proyecto de ley que actualice los montos de las sanciones contra las flotas de pesca que ingresen de manera ilegal a Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero el texto todavía debe recibir dictamen de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados. Las multas que están fijadas son de 1998, cuando el dólar equivalía a un peso argentino.

Mientras, por otros carriles, se llevan a cabo acciones concurrentes con estos propósitos soberanos: reparación y modernización del rompehielos Almirante Irízar, compras a Francia de cuatro patrulleros marítimos, aceptación de la donación de un nuevo rompehielos, incorporación de cuatro aviones de exploración/patrulla marítima P-3C Orion provenientes de la US Navy. Y, en otro capítulo, se ratificó la prohibición de sobrevuelo de nuestros cielos a los aviones de Latam que unen San Pablo con las islas Malvinas, y se le negó la escala en el aeropuerto de Córdoba.

Es comprensible: está que arde la relación con Gran Bretaña.

El hecho que pone de relieve los términos de este conflicto es un diálogo que tuvo amplia difusión y vale la pena sintetizar ahora.

Fue a través de una misiva que le mandó por Facebook, (del perfil de Charles Robertson) al legislador Federico Suriano, afiliado a la UCR, autor de la iniciativa para crear la Comisión permanente relativa a Malvinas en la Legislatura de Tierra del Fuego.

Charles Robertson: "Señor Sciurano, creo que está olvidando con quien está tratando. No nos rendimos ante los pequeños matones. Ud. debería estar concentrándose en arreglar su economía. La historia y los isleños determinarán el futuro de las islas”.

Federico Sciurano: “Gracias por su mensaje Sr. Robertson, y por preocuparse por nuestra economía. Recuerde que las Malvinas fueron, son y serán ARGENTINAS”.

C.R: “Si quieres las islas, ¿por qué no te arriesgas y te unes a tu ejército como soldado y vienes a intentarlo de nuevo?”

F.S: “Está claro que el concepto de justicia es incomprensible para usted…”

C.R: “Justicia, no sabés que es la justicia. Eres una nación sin honor, tu palabra no significa nada, no se puede confiar en ti, no honras los tratados, tus deudas. Los perdedores no reciben premios, los perdedores no pueden dictar nada. Eres la nueva Venezuela”.

F.S: “Quiero hacerle saber que pertenezco a una generación que busca recuperar lo que le pertenece a través de la diplomacia y el respeto; las bravuconadas son parte de un mundo en extinción…”

C.R: “La distancia no significa nada, la determinación de los isleños es primordial. Nunca serás bienvenido en las islas, de hecho, nunca irás allí más que como turista”.

F.S: “Estimado Charles, cuando te roban a un hijo sigues siendo su padre aunque tu hijo no esté con vos, y quien te robó a tu hijo nunca será su padre aunque crea serlo. Al pueblo de Malvinas hay que respetarlo y respetar su historia, pero eso no significa ignorar los derechos soberanos de mi país, estimado Charles”.

Este es el tipo de diálogo que nos dedican los ingleses. Aunque el embajador en Argentina, Mr. Kent, con medida elegancia, hace actualmente destacados esfuerzos por proceder diplomáticamente. No será Lord Ponsomby, pero le ha hecho pisar el palito a más de un compañero.

El legislador fueguino deja muy en claro que no hay más dialogo posible que el que aluda a la soberanía violentamente arrebatada por el Reino Unido. Pero se dan casos en los que notorios funcionarios nombrados por el gobierno de Fernández lo ignoran o no lo entienden. Por ejemplo, parece que a San Isidro no ha llegado la noticia sobre la disputa de soberanía con el usurpador inglés: para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, protagonista del escándalo de una reunión con el embajador británico Mark Kent para “dialogar sobre las prioridades del Ministerio y trabajar en una agenda común que les permita impulsar proyectos en conjunto”, la cuestión crucial de la soberanía se reduce a “una controversia”. Esa “controversia” empezó en 1833, pero la abogada todavía no se enteró. Podríamos justificarla aventurando que en la universidad no se habla de imperialismo.

No supone un comportamiento venal ni una cholulada, sino algo peor: funcionarios que ocupan despachos donde se adoptan decisiones estratégicas siguen ignorando dónde está el amigo y quién es el enemigo. Mientras el Estado argentino fatiga el rumbo de una diplomacia intransigente, el secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, hace muy pocos días, se reunió con nuestro ya conocido Embajador Kent y la Cámara de Comercio Argentino-Británica para "incrementar su participación en el aprovechamiento geológico del país". Si no fuera supina ignorancia parecería broma: los ingleses empezaron a aprovecharse de nuestros recursos mineros allá por los tiempos de Bernardino Rivadavia.

A título de prevenir nuevos bochornos, desde Tierra del Fuego, militantes, legisladores y funcionarios, con el apoyo de los veteranos de guerra, vienen advirtiendo los riesgos de mantener en puestos de Cancillería relacionados a Atlántico Sur, Malvinas y Antártida a los señores Máximo Gowland y Rodolfo Sánchez y las señoras Fernanda Millicay y Patricia Ortúzar. Reiteran que esos personajes fueron voceros y promotores del nefasto comunicado Foradori-Duncan, y que constituyen el peligro de una avanzada neoliberal en nuestro ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Serán escuchados?

Se trata simplemente de premiar las correctas labores que conducen a la defensa de nuestros intereses y de arbitrar los recursos para destacarlas, dándoles prioridad en el relato oficial para beneplácito de la ciudadanía y para dotar de recursos dialécticos y alentar a la esforzada tarea militante de sostener el prestigio, la autoridad y la popularidad de nuestro gobierno. Del mismo modo es preciso advertir la inconveniencia de dar lugar en el despegue de nuestras relaciones internacionales al país con el que mantenemos una disputa histórica, y la necesidad de revisar nombramientos que provienen de la gestión de un gobierno que subordinó a sus agendas de negocios las candentes cuestiones que hacen a la justicia, la independencia y la soberanía nacional.

Dos asuntos centrales: forjar con urgencia un sistema de comunicaciones con el que dar batalla por el sentido común ante el ataque y el ninguneo de los medios monopólicos, y consolidar las políticas e instrumentos de defensa de nuestra soberanía mediante la selección de hombres y mujeres de probada lealtad a los intereses nacionales.