La resistencia de las corporaciones en Argentina contra cualquier reforma legal que implique una eventual disminución del peso que tiene la fracción dominante del Poder Judicial, es el reflejo a nivel nacional de una situación que afecta a gran parte de Suramérica.

En distintos países del subcontinente, los aparatos judiciales antidemocráticos son el pilar de los intereses dominantes locales e internacionales en contra de la voluntad soberana de las naciones y de los derechos e intereses de sus respectivos pueblos. Ese esquema es parte del plan de Estados Unidos en contra de los procesos políticos y líderes de lo que la derecha denomina “populismo”. (Hace algo más de dos años, el autor de esta columna expresaba sus consideraciones en un texto publicado por Diario Contexto de La Plata. Nota del 09/04/18).

La ofensiva norteamericana comenzó en 2009 en Honduras, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya. El mandatario provenía de sectores políticamente liberales pero estaba en proceso de incorporar a su país al ALBA (Alternativa Bolivariana por los Pueblos de América), el espacio de soberanía y cooperación continental creado por Hugo Chávez para depender menos de los centros de poder del capitalismo trasnacional.

El método de las derechas latinoamericanas pro-estadounidenses siguió en 2012 en Paraguay. El presidente Fernando Lugo, quien desde una posición de mucha debilidad conducía un intento de democratización del país y de reivindicación de los derechos populares, fue derrocado mediante un golpe de Estado parlamentario con aval del Poder Judicial.

En Brasil, las clases sociales privilegiadas y las corporaciones que expresan sus intereses  -corporaciones económicas, militares, mediáticas, judiciales, organizaciones criminales con fuerte peso en la política, etc.- recuperaron la conducción del Estado mediante el triunfo electoral de Jair Bolsonaro luego de que jueces y fiscales corrompidos inventaran una condena contra Lula Da Silva para meterlo preso e impedirle participar de la elección.

El paso anterior había sido hostigar con acusaciones penales al gobierno de Dilma Rousseff y a dirigentes del oficialismo (el PT, Partido de los Trabajadores, fundado y liderado por Lula), mientras las cadenas mediáticas generaban en la opinión pública una creencia de que todos/as eran “corruptos/as”. Así obtuvieron un considerable apoyo social para justificar, en 2016, el derrocamiento parlamentario de la entonces presidenta.

En Ecuador, la clave para que las oligarquías locales y los intereses de Estados Unidos volvieran a controlar el Estado fue el cambio de bando de Lenín Moreno, un político tránsfuga que ganó la elección de 2017 en representación del partido de Rafael Correa, pero ni bien asumió su cargo cambió de orientación y empezó a ejecutar políticas neoliberales y pro-norteamericanas.

Con ese trasfondo, poco después de asumir fue destituido y encarcelado -siempre con excusas de “corrupción”- el vicepresidente Jorge Glass, leal al “correísmo”. Permanece como prisionero político desde octubre de 2017. Además, los jueces y fiscales del régimen realizaron simulacros de juicios contra el propio Correa para condenarlo y de ese modo -igual que a Lula en Brasil- impedirle ser candidato.

Actualmente, la misma judicatura corrompida está avocada a perpetrar la proscripción de Fuerza Compromiso Social, el partido “correísta”, a fin de que no pueda participar en las elecciones presidenciales del 7 de febrero próximo ni siquiera con otros/as candidatos/as.

Bolivia, por otra parte, sufrió -sufre- otra variante del plan de Estados Unidos contra los “populismos”. Allí el método consistió en desconocer el resultado electoral de octubre del año pasado, cuando fue reelegido el presidente Evo Morales. Con ese pretexto, bandas criminales de ultraderecha -vinculadas los servicios secretos norteamericanos y con sectores militares y policiales- desataron una ola de violencia contra dirigentes del oficialismo de entonces, y generaron así un clima de terror político generalizado.

Fabricado el contexto, el jefe de las fuerzas armadas intimó al presidente constitucional para que renuncie. “Renuncio para preservar la vida de los bolivianos”, dijo Evo Morales al dejar su cargo el 10 de noviembre, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera. ( publicó los detalles cuando se consumó el golpe de Estado. Nota del 11/10/19). 

Derrocado el gobierno constitucional y popular, se instaló la dictadura cívico-militar que encabeza la ex senadora derechista Jeanine Áñez. El régimen de facto está presionado para realizar elecciones debido al importante grado de legitimidad popular que conservan el ex presidente Morales y su sector político (el Movimiento al Socialismo, MAS).

En este punto del proceso antidemocrático cobra mayor protagonismo el aparato judicial boliviano. Sus maniobras actuales apuntan a proscribir a las/los candidatas/os del MAS, empezando por la fórmula presidencial que integran Luis Arce y David Choquehuanca.

En Argentina, “a mitad de camino”

A lo largo del siglo XX, las clases sociales privilegiadas y las corporaciones que las representan se valieron, para defender sus intereses, de la violencia física directa mediante los golpes de Estado militares. Siempre con participación civil, pero con las fuerzas armadas como factor principal.

En cambio, a partir del antes mencionado caso hondureño (2009) se modificó el método para atacar a gobiernos y/o a fuerzas y líderes políticos que, con distinto grado de profundización, cuestionan al orden social dominante y a sus corporaciones. El peso determinante del accionar antidemocrático se desplazó a los aparatos judiciales, aun cuando queda la opción -como ocurrió en Bolivia- de utilizar con fines sediciosos a las instituciones armadas del Estado.

En Argentina, la ejecución del plan quedó a mitad de camino. La judicatura corrompida viene persiguiendo desde hace al menos ocho años a Cristina Kirchner y a cientos de integrantes de su gobierno o dirigentes y militantes de su sector político. Ocurrió especialmente a partir de 2012, luego de que ella ganara la reelección en 2011. El más atacado, finalmente condenado y encarcelado, -y aún hoy preso político, solo que está con prisión domiciliaria- fue Amado Boudou.

(El cártel Clarín, en el diario del mismo nombre y a través de su operador propagandístico Daniel Santoro -actualmente investigado como parte de una banda dedicada a delitos extorsivos junto con el ex agente secreto y falso abogado Marcelo D’ Alessio-, cuando recién había asumido Macri publicó que entre 2003 y 2015 se hicieron 2.160 denuncias por “corrupción” contra “los principales funcionarios kirchneristas”. Nota del 04/01/16).

El objetivo final del plan era impedir que el kirchnerismo volviera al poder. La maniobra fue desbaratada por la propia Cristina al impulsar una coalición político-electoral amplia, integrada por el conjunto de los sectores peronistas y por otros aliados. El movimiento estratégico más trascendente fue proponer que la fórmula presidencial la encabezara Alberto Fernández y no ella.

Generada así una alternativa que enfrentó y derrotó mediante el voto ciudadano al bloque neoliberal y pro-norteamericano, perdió sentido meter presa a la actual vicepresidenta y/o proscribirla. Aún pueden hacerlo, y de hecho las causas penales y juicios inventados en su contra siguen en marcha y amenazan su libertad, pero por el momento el régimen derechista tuvo que dejar el gobierno y eso no cambiaría llevando al extremo la persecución contra Cristina.

De todos modos, también en nuestro país el aparato judicial que defiende los intereses privilegiados mantiene su poderío casi intacto. Así lo demostró Fabián Lorenzini, juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafecina de Reconquista, quien con un par de decisiones arbitrarias impidió concretar la expropiación del Grupo Vicentin, la cual podría haber traído grandes beneficios al bien común y al interés general de la sociedad.

La magnitud de la disputa -o sea qué es lo que se juega- en torno de las estructuras judiciales, la entiende muy bien la derecha política y corporativa. Por eso salió a atacar con todo su arsenal propagandístico la reforma del fuero federal y la creación de una comisión consultiva lanzadas por el presidente Fernández.

Los jueces y fiscales antidemocráticos dominan gran parte de la política en Suramérica. Han sido determinantes para expulsar del poder a gobiernos y líderes populares, y ahora llevan a cabo la etapa de proscripción de esos mismos líderes y/o sus espacios políticos, particularmente en los casos ecuatoriano y boliviano.

En Argentina no consiguieron impedir que una fuerza representativa de los intereses populares ganara las elecciones y desalojara del gobierno al régimen de derecha. Pero los intereses que estuvieron representados por ese régimen siguen actuando a través de las corporaciones, entre ellas precisamente la de jueces y fiscales, conjuntamente con las cadenas mediáticas dominantes.

Por eso la reforma judicial que propone el gobierno se convirtió a partir de ahora en el nuevo blanco de ataque de los poderes de facto que, para sostener a las estructuras dominantes, sabotean a cada paso el ejercicio de la voluntad democrática de la Nación.