La esencia del país rioplatense sin dudas es el agua. Agua que le está faltando. Una humorada uruguaya dice que no hay más agua en el paisito porque la han usado toda para lavar la guita de los ricos argentinos. Lo cierto es que un poco de humor no viene mal ante tanta angustia que provoca vivir con poca o nada de agua y sabiendo además, que las reservas para llevarla a Montevideo y sus alrededores se agotarán en pocos días.

Nadie duda que la causa principal por la escasez de agua es la gran sequía que asola la región. Quizás sea la principal, pero no la única razón.

El abastecimiento público de agua a la capital uruguaya y región metropolitana se basa actualmente en los recursos hídricos de la cuenca del río Santa Lucía. El sistema de abastecimiento es mixto, con el aporte de perforaciones, plantas potabilizadoras en dos cuerpos importantes de agua (Laguna de Cisne de Salinas y Arroyo Sarandí de la Costa Azul), y la conexión con el sistema metropolitano en el cruce del Arroyo Pando.

La capacidad normal de abastecimiento se ha reducido a menos del 10% de los volúmenes habituales. Esta situación se agrava si se considera que el área más afectada concentra al 60% de la población del país.

A pesar de las advertencias técnicas y científicas hace apenas 20 días el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, anunció la declaración del estado de “emergencia hídrica” tomando medidas como: “asignar en forma urgente recursos e ingreso de personal a OSE (Obras Sanitarias del Estado)”; “disponer de tanques cisterna con agua potable segura en todos los barrios y localidades del área metropolitana”; “suspender el cobro de la tarifa de OSE hasta que no se distribuya agua potable segura”; “decretar que las empresas embotelladoras renuncien al lucro mientras dure la emergencia y distribuyan el agua al costo embotellado”; “suspender el uso de agua dulce a empresas con fines productivos no alimentarios y a las que no brinden servicio de primera necesidad para la población hasta que se normalice la situación y garantizar el seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida”; “declarar en sesión permanente al Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo para planificar, gestionar y controlar que se cumpla con el derecho humano al agua potable para toda la población” y “suspender la licitación del Proyecto Neptuno”. Éste proyecto trata de una nueva planta de potabilización, que tomaría agua del Río de la Plata, en la localidad de Arazatí, San José. Podría aportar un equivalente al 30% del volumen de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. ¿Por qué la suspensión de este importante proyecto, que daría una solución por varios años? Porque al mejor estilo neoliberal, Lacalle Pou había llamado a licitación para que empresas invirtieran haciéndose cargo de los costos y de su construcción, quedando posteriormente en manos de la o las empresas privadas el manejo del recurso y el recurso mismo. Es decir, privatizar el agua potable.

Paradójicamente, el presidente uruguayo, en plena pandemia informaba haber ahorrado para el Estado unos 600 millones de dólares, jactándose de la buena administración. Lo cierto es que el Proyecto Neptuno tiene un costo de 289 millones de dólares. Queda a las claras que se podría haber hecho desde el Estado, pero por ideologizar absurdamente la administración Estatal (descartando que haya negocios espurios de por medio) hoy no tiene ni los 600 millones ni la solución para abastecer de agua potable a cientos de miles de familias. Quedó en evidencia la ausencia de planificación que agudiza la solución al problema. No hay estudios de impacto ambiental previo a las rápidas obras de infraestructura que se están llevando a cabo, de manera que, una vez terminadas, no se puede presuponer todavía cuáles serán sus consecuencias. Hay que sumar a esto las pérdidas de agua en el sistema de suministro estimado en un 50% y la reducción progresiva de las inversiones en infraestructura y de personal en la OSE (Obras Sanitarias del Estado), generando una situación de “ineficiencia estatal”, que el final es cantado: privatización.

No obstante, el gobierno construye un embalse que permitirá que la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, desde la que se envía el recurso a la población de Montevideo, reciba agua bruta de mejor calidad. La construcción implica colocar unos 14 kilómetros de cañería. OSE, la empresa estatal compró 2.858 caños que llegan en envíos semanales desde Brasil para hacer la obra. Esto hace también que la obra se vaya retrasando.

Las autoridades de Obras Sanitarias del Estado (OSE) responden con improvisaciones, comunicados imprecisos, aseveraciones absurdas y decisiones que generan aún más problemas para la población. Existen tres plantas desalinizadoras que se abastecen desde el Río de la Plata, cuyas aguas, según las estaciones del año son salobres. El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo que la empresa estatal decidió aumentar el límite de salinidad en el agua potable y advirtió que cambiaría el gusto al momento de beberla, aunque no afectaría la salud de la población. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando, advirtió que, al aumentarse los valores, en particular de sodio, puede afectar la dieta, “sobre todo de pacientes con hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”. Estas informaciones contradictorias suman más malestares en la población.

La escasez de agua no sólo es producto de la sequía prolongada sino también por la mala distribución del uso del suelo que afecta directamente a la vulnerabilidad de la cuenca Santa Lucía, proveedora de gran parte del agua. Esta situación está relacionada en función del modelo de desarrollo económico, que muchos integrantes del sector político, del oficialismo pero también de la oposición, no están dispuestos a cuestionarlo.

Los agronegocios, a partir de la concentración de la tierra en manos de multinacionales, y la excesiva actividad forestal han afectado a la cuenca, principalmente en esta coyuntura de estrés hídrico. En definitiva, a la sequía hay que sumarle la ausencia de planificación territorial y de políticas de gestión adecuadas en las cuencas hidrográficas, ignorando medidas técnicas sugeridas por la sociedad civil. Todo eso hace que el país hermano vea afectada su esencia.