Argentina enfrenta peligros tremendos para su futuro en el corto y mediano plazo. El próximo 10 de diciembre se cumplirán 40 años desde que se inició la actual etapa democrática, y sin embargo podría ocurrir la brutal paradoja de que en esa fecha asuma el gobierno de la Nación una alianza de la derecha más la ultraderecha.

Esa perspectiva no es segura, pero es una posibilidad. Todo depende del resultado electoral. Mientras tanto, hay hechos y datos que sí son seguros y comprobables, porque ya han ocurrido y/o siguen ocurriendo: la coalición Juntos por el Cambio postula como principales precandidata/os a una ex funcionaria y dos funcionarios actuales, que son responsables políticos de hechos de violencia estatal encubiertos por férreos dispositivos de impunidad.

Esa característica abarca tanto a la aspirante presidencial Patricia Bullrich (quien comparte el binomio con el radical de ultraderecha Luis Petri, actual diputado nacional por Mendoza), así como a los dos miembros de la otra fórmula que dentro de la coalición competirá con la anterior en las elecciones primarias, es decir Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Como se sabe, Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En ese periodo el ministerio fue convertido en un ámbito institucional de encubrimiento de crímenes perpetrados por personal armado del Estado.

Una de las víctimas con mayor trascendencia pública fue el artesano y militante solidario con el pueblo mapuche Santiago Maldonado (quien desapareció el 1 de agosto de 2017 en territorios de la comunidad Pu Lof Cushamen, provincia de Chubut, mientras la Gendarmería Nacional invadía violentamente las viviendas del lugar y atacaba a las familias habitantes), y otra el joven mapuche Rafael Nahuel (asesinado por la espalda por personal de la Prefectura Naval el 25 de noviembre de 2017, cuando participaba de una protesta de la comunidad Lafken Wuinkul Mapu en la zona de lago Mascardi, próxima a Bariloche).

Asimismo, es particularmente recordada la defensa pública que tanto Bullrich como Macri hicieron -y siguen haciendo hasta hoy- del policía Luis Chocobar, quien en diciembre de 2017 asesinó, también por la espalda, en el barrio porteño de La Boca, a un agresor que escapaba tras haber apuñalado a un turista para robarle. A partir de los elogios que la ministra y el presidente de entonces realizaron hacia el mencionado policía, Chocobar se convirtió en emblema de sectores políticos y sociales que exaltan la violencia estatal.

Hacia mediados de 2016 y principios de 2017, cuando el macrismo llevaba apenas meses o poco más de un año en el poder, distintos/as referentes opositores/as a aquel gobierno sufrieron en sus propias viviendas ataques con fines políticos, destinados a infundirles terror psicológico y emocional. En otros casos, recibieron amenazas por teléfono o por correo electrónico.

Algunos ejemplos. Una de las víctimas fue Hebe de Bonafini, a quien un día le cortaron los teléfonos fijo y móvil, y tras dejarla incomunicada, durante la madrugada siguiente la insultaron y amenazaron a los gritos desde la mismísima puerta de su casa. (Relato de la propia Hebe, en un breve video grabado por ella y publicado por las Madres de Plaza de Mayo. Posteo del 19/11/2016). 

Por otra parte, el departamento donde vivía la periodista Cynthia García fue asaltado y desmantelado una tarde, cuando no había nadie en el lugar, unicamente para robarle una computadora, discos rígidos y documentación vinculada con su trabajo. (Reporte del diario Tiempo Argentino, nota del 08/08/2016). De forma muy similar, el dirigente sindical de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Daniel Catalano, sufrió el asalto de su domicilio en pleno día y los atacantes se llevaron solo una computadora y una tablet. (Crónica de Página 12, nota del 22/02/2017). 

El dirigente sindical docente Roberto Baradel (del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, Suteba), recibió amenazas de muerte en numerosas ocasiones, por teléfono y por mail. Realizó denuncias penales pero los hechos nunca fueron esclarecidos. Además, el propio Macri se burló del representante docente al hablar ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2017, cuando afirmó que “no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”. Ese mismo día, el dirigente recibió amenazas donde le advertían que tenían “vigilados” a sus hijos y a su nieto. (Información de Tiempo Argentino, nota del 01/03/2017). 

Encubrimiento porteño

Mientras Bullrich ha utilizado los crímenes cometidos por gendarmes, prefectos o policías -como los que tuvieron por víctimas a Maldonado y Nahuel, o el perpetrado por Chocobar- para construir a partir de ello una imagen de dirigente “valiente” y “corajuda”, su rival en las primarias cambiemitas, Rodríguez Larreta, elaboró con técnicas de marketing político un perfil de “moderado”, “dialoguista” y “de centro”, y a lo sumo el peronismo/kirchnerismo solo lo critica por temas económicos y sociales.

Eso implica que el jefe de gobierno de la capital federal en gran medida consiguió sus propósitos, porque prácticamente ningún/na dirigente político u otro tipo de referente público (por ejemplo desde los medios de comunicación alternativos al discurso de la derecha) le recrimina nunca su responsabilidad por delitos de la Policía que está bajo su mando. En ese sentido, es más impune que Bullrich.

El ejemplo más inmediato se desprende de la muerte del chico de 17 años Lucas González, asesinado por miembros de la Policía de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021. En la semana recién transcurrida, tres de ellos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio, otros cinco a penas de entre cuatro y seis años por encubrimiento, y uno más a ocho años por torturas. El fallo incluyó como agravantes el “odio racial” y “haber abusado de sus funciones como integrantes de fuerza de seguridad”. (Información del sitio web Fiscales.gob.ar, posteo del 11/07/23). 

Pero a pesar de la contundente condena penal, que de por sí es muy difícil de obtener debido a la propia corrupción judicial que suele encubrir a los criminales y/o demorar la investigación hasta no aclarar nada, son prácticamente inexistentes las críticas a la responsabilidad política de Rodríguez Larreta.

Beneficiado por un gigantesco encubrimiento por parte de las cadenas mediáticas porteñas de la derecha, que son las que inundan los canales de televisión y radios de todo el país y de ese modo determinan las creencias y estados de ánimo de la opinión pública nacional, el mandatario de la capital federal nunca resulta políticamente afectado por los delitos que cometen policías dependientes de su gobierno.

(El encubrimiento llega al extremo de que periodistas de la capital federal que conocen de sobra la ciudad y dónde queda cada barrio, días atrás se referían al ataque sufrido por un adolescente en el barrio porteño de Villa Soldatti pero engañaban a las audiencias diciendo que el hecho había ocurrido en el Conurbano bonaerense, es decir en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, y cuyo ministro de Seguridad es Sergio Berni. Una de estas maniobras de manipulación informativa tuvo lugar en el canal “La Nación +” y estuvo a cargo de Luis Majul, aunque después hizo una brevísima corrección de lo que había dicho, y otra fue realizada por el presentador de noticias Federico Wiemeyer, del canal TN, que integra la cadena Clarín. Ambos hechos, con texto y videos, fueron compilados en un artículo del portal Perfil. Nota del 13/07/23). 

El “moderado” Rodríguez Larreta goza de semejante impunidad, que jamás tuvo difusión -ni siquiera por parte de dirigentes políticos porteños/as que son opositores/as a su gestión- una estadística aterradora que elaboró la organización de militancia por los derechos humanos “Correpi” (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

La llamada “Policía de la Ciudad” (de Buenos Aires), creada por el propio larretismo, “es la fuerza represiva más letal del país”. En cinco años y medio esa repartición “asesinó al menos a 130 personas desarmadas”. Fue “entre el 1º de enero de 2017 (momento en que empezó a funcionar oficialmente) y el 25 de julio de 2022”, según un relevamiento de la mencionada Coordinadora. “Parece una cifra fría, pero representa 130 historias de vida, 130 familias cuya cotidianeidad cambió para siempre debido a la represión estatal”, destacó la organización civil. (Acceso al reporte de Correpi, posteo del 10/08/2022). 

Terror en Jujuy

El precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, el jujeño Gerardo Morales, llegó a esa postulación tras forjar también una imagen de “moderado”, pero a la vez exaltando públicamente y haciéndose auto-propaganda por el hecho de “meter presa”, según los términos que él mismo utiliza de forma habitual, a Milagro Sala. Es decir que hizo un “mix” entre su cómplice en la fórmula presidencial, y la rival interna a quien ambos enfrentarán en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 13 de agosto.

Morales es el jefe institucional del plan de violencia jurídica impuesto por los poderes del Estado en su provincia -ejecutado por el corrompido aparato judicial local y con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y siempre se jactó de la prisión de su principal víctima, como forma de construir su candidatura nacional. En eso se parece a Bullrich.

A la vez, disimula sus atrocidades con una retórica de “demócrata”. Puede hacerlo porque está sostenido por las cadenas mediáticas porteñas, que se encargan de ocultar el terror político implantado en Jujuy y de atacar simultáneamente a Sala, multiplicando -bajo el disfraz del periodismo- la propaganda ideológica del mandamás de la provincia del norte. En eso se parece a Rodríguez Larreta.

El funcionario jujeño y actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, desde que asumió como gobernador a fines de 2015 llevó adelante una estrategia para ser candidato presidencial. Por el momento no alcanzó ese objetivo pero sí el de ser pre-candidato a vice, lo cual no es poco. (Su posicionamiento y su discurso, más los éxitos electorales conseguidos y también el sufrimiento de militantes opositores/as, fueron descriptos y analizados en un artículo que publicó hace un año con el título “Gerardo Morales, el verdugo de Milagro Sala”. Nota del 12/06/2022). 

Apenas tomó el mando hace siete años y medio, rompió las reglas del Estado de Derecho para encarcelar a Milagro y a otros/as integrantes de la organización Túpac Amaru, a la cual desmanteló de forma casi total, igual que a las obras que dicha fuerza popular había construido en los años del kirchnerismo.

(Un impactante trabajo de imágenes tomadas por las fotógrafas Silvana Sánchez y Laura González Vidal, constató cómo eran cuando fueron construidos durante el kirchnerismo por ejemplo el parque acuático, la fábrica textil, una guardería, una casa levantada por mujeres de la organización, una hamaca para juegos infantiles, una balanza para medir el peso de niños/as, etcétera, y luego cómo quedaron tras ser arrasados por Morales y por el conjunto de la derecha jujeña y del país. Las fotos fueron exhibidas en una muestra a mediados de 2019 y algunas de ellas ilustran un artículo que publicó en aquel momento Página 12. Nota del 16/06/2019) 

Similar a una dictadura

Pasado el tiempo, en las últimas semanas se hizo más evidente la destrucción de las libertades democráticas en Jujuy. Desde que empezaron las protestas populares tras la reforma fraudulenta de la Constitución provincial el pasado 20 de junio, el gobernador y la corporación judicial escalaron la violencia contra la población civil hasta niveles similares a los de una dictadura.

El secuestro de dirigentes y militantes opositores/as por parte de policías o personal de civil en las propias casas de las víctimas; los disparos policiales de balas de goma a la altura de la cabeza contra manifestantes, de los cuales al menos uno perdió la vista en un ojo; la captura de referentes que se oponen al gobierno provincial; el arresto de abogados/as defensores/as de las víctimas; las maniobras para destituir al intendente de La Quiaca por su actitud contraria al oficialismo de la provincia; la invasión policial a la Universidad Nacional de Jujuy; el ensañamiento y la crueldad contra Milagro Sala, cuya casa fue ultrajada días atrás -mediante un simulacro de “allanamiento”-, incluyendo la propia habitación de su esposo que agoniza por una enfermedad terminal, son apenas algunos de los delitos perpetrados en las últimas semanas y días por personal estatal a las órdenes del gobernador jujeño.

De todas formas, igual que Bullrich y Rodríguez Larreta, por el momento Morales ha conseguido sus objetivos. Tanto ella como ellos hicieron carrera durante años con el propósito de llegar al más alto nivel del Estado en Argentina. Cada cual a su manera, son responsables políticos de hechos de violencia que no les han generado perjuicios a sus respectivas trayectorias sino que, por el contrario, han contribuido a su acumulación de poder.

Con impunidad política y judicial, y con un considerable apoyo social, están en plena competencia por el voto ciudadano. El binomio Bullrich-Petri por un lado, y por el otro Larreta-Morales, se eliminarán entre sí en las elecciones primarias.

No obstante, quienes resulten perdedores en esa instancia podrán eventualmente ocupar cargos en el gobierno si Juntos por el Cambio, aliado con La Libertad Avanza -el sector de Javier Milei- consiguieran el triunfo una vez que hayan transcurrido las PASO (13 de agosto), la elección general (22 de octubre) e hipotéticamente el balotaje (19 de noviembre).

Son solo posibilidades a futuro. Nada puede saberse con certeza hasta que la realidad transcurra. También es posible que la fuerza vencedora en las elecciones sea Unión por la Patria. Mientras tanto, una precandidata y dos precandidatos impunes se mantienen en carrera.