Faltaron los abrazos, mirarse a los ojos cara a cara, discutir mate de por medio sobre lo que nos apasiona, lo que queremos, lo que necesitamos. Pensamos nuevas formas: la videoconferencia, el chat, los encuentros indispensables. Así se va el 2020: el año que tuvimos que pensar todo de nuevo. El año donde nuestros vínculos más íntimos, pero también los colectivos tuvieron que reinventarse para seguir siendo lo que somos: hombres y mujeres que luchan por realizarse.

La política es el espacio de esa búsqueda como comunidad. Desde ella apostamos a hacer realidad nuestros sueños colectivos, esos que potencian las aspiraciones más propias, los deseos que parten del amor a los hijos, a la compañera de vida, a los amigos, para cobrar una nueva dimensión en la búsqueda de la felicidad de todos. Y la política, lejos de clausurarse, también se reconfiguró este año, aún sin la potencialidad que da el cuerpo a cuerpo, el marchar por las calles con nuestras voces intensas y frescas, el encuentro que provoca la discusión fraterna.

Es que si hay algo que el Covid-19 no pudo evitar fue aquello que millones de argentinos pusimos en marcha en diciembre de 2019: volver a poner a la política en el centro de las decisiones que se toman en el país. Porque es la política, con sus valores, con sus aspiraciones, y también con sus errores y limitaciones, la que nos permite capear el doble temporal que padecemos: el desastre económico-social que dejó el macrismo en su paso por la Casa Rosada y la pandemia provocada por el coronavirus.

Subiendo la cuesta

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia se hacen sentir en todo el mundo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió al promediar el año que la crisis desatada por el coronavirus llevará este año a 265 millones de personas al borde de la inanición en todo el planeta.

Según el FMI la contracción de la economía será del 4,3 % en los Estados Unidos, del 8,3 % en la zona del Euro y del 8,1 % en América Latina y del Caribe. En tanto que el Observatorio de la OIT estimó que en el cuarto trimestre de este año se perderán unos 245 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. El organismo había estimado que sólo entre abril y junio pasado se perdieron 495 millones de empleos.

En este contexto crítico nuestro país sumó el saldo de las políticas adoptadas por el macrismo entre 2015 y 2019: aumento exponencial del endeudamiento externo, incremento de la pobreza y la desocupación y caída de la producción industrial en un esquema de valoración financiera. Las consecuencias de todo esto se miden en mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y en un entorno económico-social que el gobierno nacional debió enfrentar con pocas herramientas disponibles.

Así y todo, la Casa Rosada logró la reestructuración de la deuda con privados y tiene encaminada la negociación con el FMI. La deuda reconvenida con los bonistas privados, tanto de los regidos por la legislación local como extranjera, alcanzó los u$s 108.000 millones y trajo alivio hasta 2024. El endeudamiento, un condicionante histórico, se vuelve así sustentable.

Junto con esto el gobierno desarrolló una política social destinada a quienes son más vulnerables a los efectos del doble temporal que se cierne sobre la Argentina. Como parte de la política para enfrentar la pandemia se distribuyeron 11.000.000 de tarjetas AlimentAR, 9.000.000 de personas cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 2.000.000 de trabajadores cobraron sus salarios con aportes del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lo que benefició además a 240.000 Pymes.

A esto se pueden sumar las medidas que dispusieron el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la doble indemnización ante despidos injustificados, el relanzamiento de los programas Precios Cuidados, ProCrear y Ahora 12, los créditos a Tasa Cero a monotributistas y autónomos, la suspensión de los aumentos en la telefonía celular y fija, en la televisión paga y en Internet, la sanción de la emergencia alimentaria que permitió duplicar los fondos destinados a comedores y la ampliación en un millón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otras medidas.

Estas políticas de contingencia impulsaron también el debate sobre la distribución del ingreso, un aspecto siempre espinoso por los intereses que se afectan y donde el gobierno tal vez deba definir una estrategia más agresiva. Una muestra de ello fue la ley que establece un aporte de las grandes fortunas y que a pesar de afectar a solo el 0,02 % de la población (más pudiente, hay que subrayarlo) fue utilizado por la oposición político-mediática para azuzar a los sectores medios, que no están alcanzados por el impuesto.

Después de muchas idas y vueltas, que incluyeron al propio oficialismo, el Congreso de la Nación aprobó la norma que permitirá recaudar $300.000 millones para financiar políticas sanitarias y de reactivación económica, además de poner sobre la mesa la discusión sobre una auténtica política distributiva. Es que la economía es como una torta: depende de cómo se corten las porciones.

La bolsa o la vida

“Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida”, dijo el presidente Alberto Fernández en marzo pasado, en el comienzo mismo de la cuarentena. El razonamiento se completaba sosteniendo que la economía puede recuperarse, pero la vida de una persona no. Esta fue una definición política, quizás la más trascendente del año: la salud de los argentinos, la vida de todos y cada uno, está por encima del mercado y de las ganancias que se producen.

Así se logró aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema de salud, algo que hubiera provocado una mayor cantidad de muertes y de infecciones. Esta definición (política, insistimos) es acompañada por la mayoría de los argentinos, pero empezó a ser bombardeada por la oposición y por los medios hegemónicos cuando el asilamiento se prolongó más de lo esperado y empezaron a hacerse sentir los efectos del encierro y del deterioro económico que la pandemia trajo aparejado en todo el mundo.

Y es aquí donde la oposición y los medios que la alientan, cuando no directamente la conducen, mostraron la mayor mezquindad. Porque una cosa es cuestionar al gobierno por las medidas que toma para paliar la crisis económica o para buscar alternativas a la parálisis que supone el asilamiento obligatorio y otra muy diferente es denunciar falta de libertad o la supresión lisa y llana de la democracia.

Salvo que toda esa estridencia discursiva no sea otra cosa que un eufemismo para ocultar lo que algunos políticos de la oposición y dirigentes de los poderes fácticos realmente piensan: “Que se mueran todos los que se tengan que morir”. La frase, atribuida al expresidente Mauricio Macri y que este negó, pone al desnudo el desprecio por la vida. Supone también una concepción social donde el centro no está puesto en el ser humano sino en la riqueza que a costa de este pueden hacer, generalmente, unos pocos.

Sobre este escenario la oposición y los medios montaron una serie de protestas que con mayor o menor participación vienen desarrollándose desde mayo pasado. Las reivindicaciones fueron variopintas: el negacionismo respecto a la letalidad del coronavirus, el “anticuarentenismo”, el rechazo a la intervención de Vicentin, la independencia de Poder Judicial, la defensa “de la libertad de expresión, de circulación y de la propiedad privada”.

Como si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el “per saltum” para tratar los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli o el recrudecimiento del hostigamiento mediático contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que parece estarle negado cuestionar las recetas del FMI e incluso discutir política dentro del gobierno que conduce su propio espacio político, guardara alguna relación con la evolución del Covid-19 y la eficacia de las vacunas para combatirlo.

Sería falso decir que este es un rasgo novedoso de la derecha neoliberal. Es lo mismo, con otros ingredientes y un contexto diferente, a lo que viene mostrando cada vez que hay un gobierno que buscar expresar a los sectores populares y mantiene autonomía del poder económico-mediático.

Otra agenda

Acompañar a Evo Morales a Bolivia después de haberle dado asilo político es repudiar los “golpes blandos” que debilitan la democracia en la región. Como también lo es no alinearse con la política de los Estados Unidos y el Grupo de Lima respecto a Venezuela, aunque cueste tener una posición propia y no sufrir los embates de propios y extraños. Estos hechos, que formaron parte de la agenda regional de este año, marcan la voluntad política de construir un camino autónomo, aún con dificultades y contradicciones.

Algo similar ocurre con la vacuna para enfrentar el Covid. La disputa geopolítica detrás de ella no implica que el gobierno deje de priorizar la salud de los argentinos sobre la pelea entre Estados Unidos, Rusia y China por capitalizar una eventual cura de la enfermedad. Aunque poner el carro delante del caballo sea una constante de la oposición política y mediática, es el gobierno el que debe establecer las prioridades, los objetivos y la forma de lograrlos.

El gobierno nacional busca cerrar el año marcando un horizonte. El de enfrentar con éxito la pandemia (a través de una vacunación que termine siendo masiva durante los primeros meses de 2021), el de la recuperación económica (controlando la inflación y apostando a “mover” la economía aún en un contexto de grandes restricciones) y el de la ampliación de derechos (promoviendo una ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, como prometió el Frente de Todos en la campaña electoral).

Un punto de partida para dejar atrás un 2020 donde tuvimos que reinventarnos en medio del temporal. Y también una oportunidad: la de volver a poner alta la vara y discutir sobre aquello que hizo posible que el peronismo vuelva a la Casa Rosada, la imperiosa necesidad de justicia social, independencia económica y soberanía política.