Aunque los discursos mediáticos dominantes hagan poca o ninguna referencia al tema, durante la pandemia es el Estado quien suministra un auxilio mínimo de supervivencia económica para diferentes grupos de la sociedad que se quedaron sin ingresos, o con ingresos reducidos a lo ínfimo, a raíz de la debacle producida por la irrupción del Covid-19.

Por decisión de un gobierno con sensibilidad humanista, y tras adoptar desde fines de marzo el aislamiento social preventivo obligatorio, el poder democrático estatal generó herramientas que llevan un modesto aporte de dinero a gran parte de la población. Aunque jamás puede compararse con los ingresos de una situación de cierta normalidad. Nunca alcanza, siempre es poco. Pero es. Y en medio de un derrumbe económico mundial.

Dos mecanismos de inversión de fondos públicos creados a partir de la emergencia sanitaria por el presidente Alberto Fernández son los ejemplos más sobresalientes: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia para la Producción y el Trabajo (ATP). Con este último el Estado paga la mitad de los sueldos de empresas privadas que están afectadas por la paralización productiva.

La implementación de ambos dispositivos de ayuda monetaria debió implementarse en apenas días o un par de semanas. Para que ello pudiera hacerse fue necesario contar con organismos estatales fortalecidos, aun después de cuatro años de devastación perpetrados por el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri. 

Tal es el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, si bien existía desde antes, se convirtió en una estructura institucional pública de primera importancia desde que la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2008, dispuso abolir la estafa de la jubilación privada obligatoria (las AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en su mayoría propiedad de bancos extranjeros) y recuperar para el país la recaudación y administración de los fondos previsionales -la llamada “plata de los jubilados”-, por iniciativa de Amado Boudou, que en ese tiempo dirigía precisamente la Anses. 

Organismos públicos fortalecidos

Sin aquella decisión refundacional de la fortaleza económica del Estado, hoy el país no contaría con un organismo público capaz de organizar en tiempo récord el pago de una asignación de dinero como la IFE, que es percibida por casi 9.000.000 (sí, nueve millones) de personas. (Información publicada al iniciarse el mes de junio por la agencia de noticias Télam. Nota del 01/06/20). 

También a partir de otro hecho refundacional para que hoy existan instituciones públicas potentes y eficaces, la empresa Aerolíneas Argentinas renacionalizada igualmente en 2008 y en el gobierno de Cristina Kirchner -luego de ser saqueada y quebrada por capitalistas extranjeros- es la única que, por no guiarse solo en función de la rentabilidad como hace una compañía privada sino sobre todo por criterios de servicio público, ha trabajado durante toda la cuarentena para repatriar a ciudadanas/as argentinas/os que se encontraban en el exterior. (Hasta mediados de junio eran 80.000 las personas que habían sido traídas de vuelta al país. Dato del diario La Nación, nota del 20/06/20). 

De igual modo, es Aerolíneas la empresa de aviación que realiza continuamente vuelos a China y transporta insumos para la salud sin los cuales no se podría enfrentar al coronavirus. Hasta hace un mes había traído “casi 290 toneladas de barbijos, guantes, máscaras, trajes de bioseguridad, componentes para la fabricación de reactivos rápidos y otros materiales sanitarios”, según reconoció el mismo diario oligárquico y ultra-opositor al gobierno. (La Nación, nota del 02/06/20). Al concluir junio planeaba completar 32 viajes entre nuestro país y la superpotencia asiática. 

Un ejemplo más de la fortaleza y eficiencia de organismos del Estado que prestan servicios indispensables frente a la amenaza del Covid-19 es el PAMI. Por decisión política del presidente Fernández, con implementación a cargo de la conducción de esa obra social pública, desde el comienzo de este gobierno se entregan gratuitamente a jubilados/as y pensionados/as 170 medicamentos genéricos básicos.

Pero además, en plena pandemia PAMI organizó en pocas semanas un sistema de emisión de recetas electrónicas que disminuye o evita los traslados de personas a distintas oficinas para realizar trámites burocráticos.

Estado, organizaciones populares y militantes

Como suele señalarse con la más elemental justicia (y ya se dijo en este artículo), las/los profesionales y todas/os las/los trabajadoras/es de los sistemas de salud cumplen la función más indispensable en la emergencia. Ello abarca a hospitales públicos, clínicas privadas, y también a las obras sociales sindicales que muchas veces brindan sus propios servicios de atención médica.

Al mismo tiempo, las responsabilidades de gestión y decisión permanentes en los gobiernos nacional y provinciales para conducir las políticas sanitarias en la pandemia, corresponden básicamente al ministerio de Salud de la Nación y a sus equivalentes en las diferentes provincias. La tarea allí es, sin exagerar, minuto a minuto. 

Desde el primer momento, en marzo, el ministerio nacional conformó una “sala de situación” donde se trabaja las 24 horas de cada día. (Crónica de Infobae, nota del 25/03/20). Las gobernaciones y municipios crearon, a su vez, “comités de emergencia” o “comités de crisis” o áreas con nombres similares, que incluyen participación de representantes de la sociedad civil.

De las estructuras estatales dependen laboralmente las personas que realizan, por ejemplo, los testeos para detectar contagios u obtener información de utilidad para el seguimiento epidemiológico. Es una tarea arriesgada en términos sanitarios, y quienes las realizan son trabajadoras/es públicas/os. Frecuentemente van casa por casa, muchas veces en barrios muy pobres donde las familias viven hacinadas y por lo tanto tienen mayor probabilidad de contagio, lo cual traslada también el riesgo a quienes realizan el trabajo de testear.

(Muchas/os de ellas/os pueden, eventualmente, tener pertenencia a las fuerzas políticas que gobiernan en la Nación o en una provincia o municipio, según el caso. Serían “la grasa militante”, si se aplicara el impune agravio inventado por Alfonso Prat Gay, el perverso sujeto que fue ministro de Economía al comenzar el gobierno macrista e inició la etapa de saqueo y endeudamiento del país. Puede recuperarse la noticia en el portal Política Argentina, nota del 13/01/16). 

Dentro del ancho mundo de la militancia más despreciada por el violento discurso de la derecha, actualmente despliegan tareas indispensables en defensa de la salud y la vida las organizaciones sociales a cuyas/os miembros se suele llamar “piqueteros”. Igual a como lo hacen militantes de otros espacios de participación y organización popular, ellas/os afrontan grandes responsabilidades contra la enfermedad y contra sus consecuencias económicas y sociales.

Por ejemplo, crean y/o atienden los comedores populares en los barrios más humildes, es decir que llevan la comida allí donde el hambre es una cruda realidad. Se esfuerzan y sacrifican para desempeñar funciones indispensables ante situaciones gravísimas, como cuando se producen contagios masivos en villas o asentamientos de las grandes ciudades donde viven decenas de miles de personas y la propagación del virus amenaza con ser imparable. 

Otra fuente de contribuciones magníficas al bien común en esta época de emergencia sanitaria son las/los científicas/os. Muy frecuentemente trascienden a la opinión pública diferentes avances logrados por la ciencia argentina para responder a la amenaza de un virus que hasta hace poco más de seis meses nadie conocía. 

(Solo para mencionar un ejemplo: a mediados de junio fue desarrollado un segundo kit para diagnosticar el Covid-19 con más rapidez y otras ventajas. Información oficial del gobierno argentino, nota del 13/06/20). 

Agredidos, vilipendiados

La lista, apenas insinuada en los casos mencionados, es infinita. Siempre se trata de instituciones, organizaciones o grupos de la sociedad atacados por la ideología dominante y que hoy desempeñan funciones y realizan tareas prioritarias o absolutamente ineludibles frente a la amenaza para la salud y la vida humana.

Una rápida observación de casos como la realizada hasta aquí (y con disculpas porque toda enumeración será siempre injusta y excluyente), revela que el Estado en su conjunto, y en particular algunas de sus áreas, reparticiones o empresas públicas, está/están -con sus errores, fallas e insuficiencias- cumpliendo como corresponde su rol al servicio de la sociedad. 

Y quienes llevan a los hechos las directivas de las autoridades son nada más y nada menos que personas comunes del pueblo cuya condición laboral es la de ser empleadas/os de los Estados nacional, provinciales o municipales.

Idéntico aporte realizan las organizaciones sociales que el discurso dominante llama “piqueteros” con intencionalidad despectiva e insultante, aunque de todos modos dicha identidad -”piquetero/a”- frecuentemente es reapropiada y resignificada con orgullo y reivindicación de la propia pertenencia, y como fuente de dignidad personal y organización colectiva, por sus integrantes y por otros sectores del pueblo. 

Asimismo, militantes políticas/os populares, particularmente agredidos, vilipendiados y estigmatizados por los discursos de odio, también hoy son parte de las/los que ponen su trabajo, su tiempo, sus conocimientos y su propio cuerpo al servicio de la prevención y de los cuidados.

Tanto el Estado, siempre despreciado por la derecha y saqueado por las clases sociales dominantes todas las veces que pudieron -en la dictadura, durante el menemismo en los años ‘90 y recientemente bajo el macrismo-, y por lo tanto las/los trabajadoras/es públicas/os, junto con las organizaciones populares y sus militantes, ocupan día tras día y minuto a minuto algunos de los puestos de lucha más difíciles e indispensables en estos momentos históricamente dramáticos.