Con la Marcha Federal de este próximo 23 de abril, las universidades nacionales y en especial la del Comahue, abren una etapa de lucha inédita desde la recuperación de la democracia. No es una pelea por un aumento presupuestario, sino que directamente se está reclamando un presupuesto que les permita funcionar como lo establecen sus estatutos. Y al gobierno nacional se le pide que cumpla con su obligación establecida por ley.

La UNCo, como todas las universidades del país, ha tenido que recortar gastos domésticos como el servicio de limpieza o el encendido de luces, pero también otros instrumentos propios del funcionamiento académico como las becas de investigación a estudiantes. Ni hablar de solicitar un aumento salarial o de presupuesto.

Por ese motivo es que, con divergencias políticas, rectores, docentes, no docentes y alumnos formaron un frente común para buscar que el presidente Javier Milei desista de sostener el ahogo financiero al que sometió, desde su asunción el 10 de diciembre, a las casas de Altos Estudios estatales.

El Presidente no oculta lo que piensa acerca de la educación pública. Está convencido que se trata de una institución que “adoctrina”, y actúa en consecuencia.

La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, afirmó con preocupación que la crisis actual no es solamente presupuestaria, y que de profundizarse se irá indefectiblemente a una “crisis estructural del sistema universitario argentino. No es un problema del momento, sino una lógica con la cual se está abordando la cuestión de la universidad pública en la Argentina”.

“Hay un cuestionamiento muy fuerte a las universidades y al sistema científico universitario. Hay una descalificación de algunas de las lógicas con las que se viene trabajando en el Conicet, la Agencia de Investigación y Desarrollo cuyos vocales han renunciado la semana pasada”, agregó.

Gentile instó a entender que “no hablamos de una pesada herencia” sino de una “gran herencia” que la constituye el “fortalecimiento de la construcción de un sistema científico universitario” que no solo ha formado profesionales, también ha sido una enorme palanca para la producción de conocimiento. Por eso afecta tanto lo que sucede en el Conicet y en la Agencia de Innovación, Investigación y Desarrollo Científico”.

El ex rector Gustavo Crisafulli, efectuó un análisis político del escenario nacional y, puntualmente, de lo que hace a la vida universitaria.

“Este es un momento especial en la historia argentina, no solo para el sistema científico y universitario sino para la sociedad toda. Estamos viviendo un experimento de un gobierno de extrema derecha que no tiene antecedentes en la Argentina, aunque se parece a otras etapas de la vida del país. Un proyecto que intenta volver las agujas del reloj y a un imaginado siglo XIX por parte de quienes detentan el poder en la Argentina; un país que nunca existió pero que ellos tienen una imagen que, además, es un modelo de reprimarizar la estructura económica de la Argentina que es destruir 75 años de desarrollo de los derechos sociales, culturales, políticos y los individuales. Y por lo tanto un proyecto destinado al fracaso, pero en el camino se está deshaciendo el país que construimos”, afirmó.

“Me asombra cotidianamente que el presidente de la República, su vocero y sus ministros, nos mienten descaradamente todo el tiempo con cifras imaginarias, con enemigos imaginarios, pero que mientras tanto se está destruyendo el tejido social, económico y cultural”, agregó.

Para Crisafulli “defender las universidades es defender nuestra vida cotidiana, y atacarlas es atacar las estructuras sólidas de una sociedad que con sus enormes problemas, siempre ha sido moderna y con un impulso creativo que está siendo prolija y brutalmente destruido en estos últimos 6 meses. Este proyecto está destinado al fracaso pero que va a arrastrar 50, 70 u 80 años de conquistas sociales, de desarrollo científico y tecnológico y económico. En el fondo, el sistema democrático termina siendo la víctima fundamental de un proyecto alucinado, que apunta a la destrucción de la democracia en la Argentina”.

La secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc), Silvia Brouchoud, consideró que “estamos frente a una situación de crisis inédita, gravísima para la universidad. Es preciso decir que no estamos pidiendo un aumento de presupuesto, porque eso partiría de la idea de que hay un presupuesto que nos permite funcionar y que necesitamos un poco más para funcionar mejor. Eso no es cierto. Tenemos un presupuesto que ni siquiera nos permite funcionar como universidad. Si a eso le sumamos la crisis social, política y económica que atraviesa el país, los incrementos en tarifas, en el boleto de transporte, hace que la situación se complejice”.

Explicó que las devaluaciones y los índices inflacionarios hicieron perder entre un 50 y un 60 por ciento del salario docente en los últimos meses. Pero que ante ello, el gobierno convocó a “paritarias que no son tales sino meras reuniones informativas y de imposición de incrementos que han rechazado todas las federaciones y aun así, el gobierno nacional, desconociendo estos ámbitos de negociación colectiva, decide inyectar en nuestros sueldos magros incrementos que dan cuenta no solo de un desprecio amplio y cruel hacia los trabajadores y trabajadoras, y en definitiva, hacia la educación pública”.

También expuso su punto de vista Alejandro Ezcurra, titular del gremio que nuclea a los no docentes universitarios (Apunc).

“Convocamos a esta gran Marcha Federal” que “nace desde una construcción nacional, y el concepto de unidad se está viendo cada vez más. Las y los trabajadores universitarios realizamos a diario una contribución al desarrollo y potencial intelectual en las comunidades donde la universidad está presente. Somos conscientes de la realidad que estamos atravesando”, expresó.

El claustro estudiantil, representado por la presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, Rocío Delarriva, convocó a discutir “profundamente el sentido de la universidad”. Agregó que ”el ahogo financiero o el desfinanciamiento como el que estamos viviendo, pone en riesgo el anhelo de los estudiantes y de sus familias, y el desarrollo estratégico de la universidad tanto en Neuquén como en Río Negro”.

Señaló que el gobierno nacional plantea una educación “elitista”, restringiendo el “acceso a la educación superior”. Y destacó que “las universidades nacionales tienen la función primordial de debatir ese elitismo, para que puedan ingresar las y los hijos de trabajadores, para formarnos en una universidad pública. Esta es una defensa de nuestro proyecto de país y de universidad. Estamos preocupados y movilizados y construyendo otras instancias que nos permitan disputar este sentido de la universidad, para qué y para quiénes”.

En tanto Paul Osovnikar, vicerrector de la UNCo, consideró que “más allá de lo presupuestario tenemos que hacer valorar la construcción que tiene el proceso educativo nacional a lo largo de 100 años. Venimos mencionando que lo que duele y no quieren entender es lo que pasó en el 18 y en el 49. Hay un sector de la sociedad que no quiere que la universidad sea libre, gratuita y plural. Y este ahogo empieza a impactar”.

Añadió que “tenemos una situación crítica que afecta la calidad educativa. Quieren poner en discusión eso de que la universidad no cumple con lo que tiene que cumplir. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos que sostener la universidad, entre todos. Porque si no tenemos educación no hay libertad plena. La libertad son derechos y estos derechos son los que nos quieren quitar. La marcha del 23 es el inicio. Esta es una lucha que va a llevar su tiempo. Pero sabemos que si nosotros no lo hacemos, si se logra lo que se pretende, es mucho más difícil reconstruirlo y esa reconstrucción lleva muchísimos años”.

También fue consultado por Juan Daniel Nataine, ex vicerrector, quien opinó que la crítica situación en las universidades “no tiene precedentes desde el año 1983 en que se normalizaron las universidades argentinas después de la intervención que hizo el presidente Raúl Alfonsín”.

Fue terminante al considerar que “personalmente creo que la lógica que tiene el gobierno es la demonización de las instituciones estatales, de los derechos y políticas públicas, y con esa estigmatización y descrédito, avanzar con el desguace de las estructuras”.

Recordó que “esto pasó con (la agencia de noticias) Télam, con el Anses, pasó también con YPF que se la han dado a los sectores de las clases dominantes de la Argentina que acumulan en ese sector”.

Expuso su temor de que “es muy probable que esta táctica que usa el gobierno empiece a buscar en las universidades el desprestigio a través de la rendición de fondos, y no descarto que se animen a intervenir algunas universidades, aun cuando las políticas del gobierno más rechazos tienen en la sociedad”.

Por último destacó que “hay un estudio que indica que más del 80 por ciento de los encuestados rechaza la política de desguace de la universidad, porque los primeros afectados son los estudiantes y sus familias. En los últimos 15 años las universidades argentinas han producido la inclusión de nuevos sectores sociales. Eso va a significar un costo para el gobierno, pero nos preparamos para una lucha de mediano y largo plazo”.

El doctor en Historia, Profesor Consulto de la Universidad Nacional del Comahue y Especialista en Sociología de la Agricultura con orientación en Empleo y Reestructuración del Mercado de Trabajo Agrario, Enrique Masses, también fue consultado por sobre la crítica situación de las universidades nacionales.

“No hay antecedentes de un gobierno que haya puesto en crisis a las universidades con esta profundidad, ni siquiera en un gobierno militar, porque la dictadura sofocaba políticamente la expresión, y lo más cercano en cuanto a ciencia fue el castigo a los científicos durante La Noche de los Bastones Largos cuando barrieron con los grupos de investigación. Pero otros gobiernos de derecha, incluso el de Macri, ajustó económicamente pero no al punto de llevar al ahogo y la eliminación a las universidades públicas”, consideró.

“La universidad pública y gratuita tiene debilidades y fortalezas. La principal debilidad es la imprevisibilidad: un ahogo financiero, conflictos gremiales o problemas de infraestructura, no permiten cumplir con sus objetivos, a diferencia de las universidades privadas donde se paga un arancel, se garantiza un banco y sistemáticamente se logra un título. La universidad pública tiene como fortaleza la excelencia: no es casual que tengamos 5 premios Nobel”, consideró. Es, además, la única que asegura una movilidad social ascendente; y lo tercero es que su función no es la formación de profesionales, sino la creación de conocimiento”.

La CTA también

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también participará activamente de la Marcha Federal del próximo 23 de abril en Neuquén. Así lo dio a conocer el secretario general, Carlos Quintriqueo, quien consideró que la convocatoria es para los trabajadores y trabajadoras estatales “primero, en defensa de la universidad pública” ante “el ataque que está sufriendo, como el resto de los organismos del Estado”, porque “es el lugar donde se educan los hijos de los trabajadores”. Agregó que “es una muestra clara de cómo a algo que iguala, (lo) quieren destruir”.

“Hay que defenderla e involucrarse como organización, como padre. Hay que ponerle un freno a esta política de vaciamiento y desguace”, dijo por último.