El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, dictaminó luego de ocho meses de análisis que "no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva" de Milagro Sala, y consideró que “no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”.

El informe entiende que “la detención es arbitraria” ya que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" y el inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. En función de esto solicitó al gobierno “liberarla de inmediato”.

"El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo" indica el comunicado conjunto que difundió la resolución de la ONU, firmado por el CELS, la organización Andhes y Amnistía Internacional, que realizaron la denuncia original en febrero pasado.

Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina dijo que “hay un antecedente en 2013 en Córdoba donde luego de una recomendación del Grupo de Trabajo se liberó a un detenido, y hay otros antecedentes en otros países”.

Naciones Unidas consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.

Vale resaltar, que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene como función la averiguación de casos en los que existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.