En la semana recién transcurrida se concretó una acción conjunta al máximo nivel internacional de cuatro naciones de América del Sur solidarias con Argentina frente el ataque feroz de mafias financieras trasnacionales respaldadas desde Estados Unidos, en torno de la decisión soberana de nuestra país al haber re-nacionalizado YPF en 2012. Sin embargo, con la habitual superficialidad y banalidad de las dirigencias políticas -aún las de raigambre democrática y popular- el asunto pasó casi inadvertido.

La misma frivolidad exhibieron, como siempre, los medios televisivos y radiales porteños con más penetración en audiencias de todo el país, incluidos los que tienen afinidad con el peronismo o el kirchnerismo, y/o con el progresismo, la centroizquierda o la izquierda. Unicamente, y también como hacen siempre, las cadenas mediáticas de la derecha y la ultraderecha usaron el tema para embestir contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof por aquella recuperación de la empresa hidrocarburífera de bandera.

La reciente, trascendente y a la vez sorprendente novedad consistió en que Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay respaldaron la posición argentina ante los tribunales de Nueva York (más precisamente de Manhattan), donde en octubre del año pasado la funcionaria imperial Loretta Preska -encargada de reproducir el poderío estadounidense y de las corporaciones capitalistas en todo el mundo impostando un papel de “jueza”- condenó a nuestro país a pagar un monto que podría llegar a U$S 16.000 millones (dieciséis mil millones de dólares) en beneficio de un fondo buitre.

Jurídicamente, la decisión de los mencionados Estados suramericanos tomó la forma de una presentación como “amicus curiae” (expresión del latín traducible como “amigo de la corte” o “amigo del tribunal”), realizada ante la Corte de Apelaciones del distrito de Manhattan, que debe resolver un planteo presentado por Argentina en contra de la sentencia de la jueza Preska.

Los cuatro países argumentaron que “tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito (presidido por dicha jueza), si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras de la nación soberana” (o sea Argentina). Afirmaron que la sentencia de Preska “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos (léase “empresas”) y Estados Unidos”. (El tema está resumido en un texto del portal informativo I-Profesional, nota del 04/03/24). 

En la última semana de febrero el Estado argentino había formalizado ante la propia Corte de Manhattan el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. La presentación explicaba que la jueza “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina, al respaldar los reclamos de los demandantes”. (Información del diario La Nación, nota del 23/02/24). 

Ganancia del 20.000 % en dólares

El proceso judicial que se realiza en EE.UU. fue promovido por el fondo buitre Burdford Capital. En un riguroso informe sobre el tema publicado en octubre de 2023 por la organización no gubernamental “Ocipex” (Observatorio y Centro de Investigación en Política Exterior), este grupo de estudios resaltó que el referido fondo “no se dedica a la compra de bonos en default de países en crisis sino a la compra de los derechos de litigio de empresas en quiebra, para luego iniciar juicios por sumas mucho mayores en tribunales principalmente de Nueva York o Londres”.

El fallo que ahora está bajo apelación, condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en favor del conglomerado financiero demandante. “Esto le genera a Burford Capital una ganancia del 20.000 % (veinte mil por ciento) respecto de lo que pagó por litigar en este juicio”.

(El detallado análisis del caso realizado por Ocipex contiene además una reseña del saqueo perpetrado contra YPF por parte de la firma española Repsol durante más de una década, y asimismo de los beneficios que trajo a nuestro país la recuperación de la compañía hidrocarburífera. Artículo del 25/10/2023). 

El referido Observatorio explicó en su informe que “el origen de las pretensiones buitres” sobre la empresa petrolera “deben buscarse en la situación del Grupo Petersen. Estas empresas, actualmente en quiebra y radicadas en Madrid, pertenecen a la familia Eskenazi, la cual vendió al derecho a litigar al fondo Burford. Una de las causas más importantes de la quiebra de las empresas de los Eskenazi es que el Estado argentino tomó posición (en 2012) de la mayoría accionaria de YPF, y por ende el Grupo (que llegó a tener el 25% de las acciones) dejó de recibir dividendos”.

Por otra parte, a mediados del año pasado, el mismísimo diario Clarín -es decir el medio insignia del conglomerado empresarial que representa los intereses de las principales fracciones capitalistas locales y extranjeras- informó en un artículo que “la familia argentina Eskenazi” consiguió la propiedad de Repsol-YPF a través de la firma Petersen Energía “casi sin poner un peso”. (Publicado en Clarín, nota del 26/07/2023). 

Trampas del menemismo

El reporte de Ocipex (referido en párrafos recientes) se pregunta “por qué” una controversia legal en torno de una empresa argentina tiene lugar en Estados Unidos. Y responde: “El estatuto de la compañía fue redactado por el gobierno de Carlos Memen en el año 1993 durante la privatización de YPF, y tenía por objeto blindarla ante cualquier intento de recuperación por parte del Estado”.

Uno de sus artículos establece que “ante una adquisición de control (de la firma), en este caso la compra de más del 15 % de las acciones, el adquirente debe realizar una oferta por las acciones restantes, llamada Oferta Pública de Adquisición”. Esa cláusula “constituye la trampa establecida por el gobierno menemista, el cual buscaba obligar al Estado, en caso de intentar algún tipo de recuperación de la compañía, a comprarla en su totalidad”.

Pero “la República Argentina” (a través, en el momento de la re-nacionalización, del gobierno de Cristina Kirchner), “decidió no realizar la oferta bajo el argumento de que el Estado aplicó al proceso de expropiación establecido por la Constitución, votando por amplia mayoría una ley en el Congreso Nacional”.

Ocipex apuntó que la postura oficial de entonces “se basó en el hecho de que el estatuto de la empresa nunca puede estar por encima de la Constitución. (…) El ordenamiento jurídico” de nuestro país determina la “supremacía” del texto constitucional, el cual tiene jerarquía como “ley suprema de la Nación y prevalece sobre cualquier normativa de menor rango, lo cual incluye a cualquier estatuto privado”.

Gobiernos de diferentes ideologías

La presentación realizada días atrás por cuatro países suramericanos en los tribunales de Nueva York constituye un extraordinario respaldo a nuestra Nación y muestra que Argentina no está sola frente a los fondos buitre. (Información del diario Ámbito, nota del 04/03/24). 

El hecho cobra mayor potencia todavía si se tiene en cuenta que Ecuador y Uruguay están regidos por gobiernos de derecha y pro-estadounidenses (encabezados, respectivamente, por Daniel Noboa y Luis Lacalle Pou). A su vez, la actitud de cooperación e integración regional que exhiben Brasil y Chile resulta más previsible por el perfil ideológico de los gobernantes que los conducen (los presidentes Lula Da Silva en un caso y en el otro Gabriel Boric), cuya orientación es de centroizquierda, o de centro, o progresista, según diferentes formas de definirlos. (O lisa y llanamente “comunistas”, diría Javier Milei).

Incluso, de forma paradójica, Brasil (gobierno de Lula) y Uruguay (Lacalle Pou) presentaron de forma conjunta argumentos propios. Allí remarcaron que “los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la legislación, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción”.

En tanto, coincidente en el planteo de fondo con los dos anteriores pero con un texto por separado, Chile (Boric) y Ecuador (Noboa) hicieron hincapié en el peligro de estas sentencias “cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses”.

En Argentina, uno de los/las pocos/as dirigentes con responsabilidades de gobierno que se refirió al asunto fue el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo hizo a través de su cuenta enla red digital X (antes llamada Twitter), donde mencionó la apelación del “gobierno de Milei al fallo del juzgado de Nueva York contra Argentina por la recuperación de YPF”.

“Los argumentos” oficiales, puntualizó el gobernador bonaerense, sostienen que “el fallo es ilegal bajo el derecho argentino, que es el aplicable como ha reconocido la propia justicia de EE.UU., y además viola nuestra soberanía”. Destaca a continuación el apoyo de los otros cuatro países “con los mismos argumentos” del gobierno nacional, y agrega: “Me resulta increíble, o no tanto, que parte de la dirigencia argentina y del periodismo no condenen esta sentencia injusta”. En ese punto, inserta una nota del diario La Nación.

De inmediato, pero en otro mensaje, expresa: “Siempre la dan la razón a los buitres: ¿casualidad? Es realmente triste. Y al mismo tiempo reconocen que con YPF recuperada, Vaca Muerta es una esperanza para el país”. E inserta, entonces, un segundo artículo del mismo diario. (Publicación de Kicillof en X, posteo del 06/03/24:

El gobierno de Milei apeló el fallo del juzgado de Nueva York contra Argentina por la recuperación de YPF.

Los argumentos: el fallo es ilegal bajo el derecho argentino, que es el aplicable como ha reconocido la propia justicia de EE.UU, y además, viola nuestra soberanía.…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 6, 2024

Muy pronto, probablemente el lunes 18 de este mes, la Corte de Apelaciones realizará una audiencia de partes para que cada cual exponga sus razones. Ningún antecedente hace suponer que el fallo de primera instancia será modificado, pero ello no quita ningún valor al pronunciamiento de cuatro países solidarios con el nuestro.

La política tendrá peso en el futuro de este caso, aun cuando los jueces o juezas de Estados Unidos actúen para beneficiar a corporaciones capitalistas y mafias financieras trasnacionales en contra de naciones soberanas y, en esta ocasión, en contra del pueblo argentino.