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Entrevistas
31/10/2016

Proyecto de auditoría del Congreso

“Basta de denuncias falsas, que se investigue toda la obra pública”

“Basta de denuncias falsas, que se investigue toda la obra pública” | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Adrián Grana, diputado kirchnerista que propone crear una comisión legislativa para auditar la obra pública pasada y futura, dijo que en una sola obra, el actual gobierno adjudicó a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, “cinco veces más que lo adjudicado en doce años a Lázaro Báez”.

Con motivo de la propuesta para crear una comisión parlamentaria permanente que se encargue de auditar los doce años y medio de gobiernos kirchneristas y también de aquí en adelante, el diputado autor del proyecto, Adrián Grana, se manifestó “harto de estigmatización, persecución y denuncias falsas”, y reclamó “que se investigue toda la obra pública” pasada, presente y futura “para echar luz definitivamente”.

En su argumentación, describió el caso del soterramiento del tren Sarmiento, en Buenos Aires, cuya concesión durante el gobierno anterior fue adjudicada a una empresa de Angelo Calcaterra, primo del hoy presidente Macri, con la condición de que consiguiera financiamiento privado. Sin embargo, el macrismo cambió las reglas y le entregará al pariente presidencial, para hacer la obra, 45.000 millones de pesos de fondos públicos que el Estado tomará de créditos en el exterior. “Ese dinero representa cinco veces más, a valores nominales, que todas las adjudicaciones a Lázaro Báez en doce años y medio”, destaca el legislador.

En este diálogo con Va Con Firma, Grana asegura que la “persecución judicial” contra Cristina Kirchner busca “desprestigiara e inhabilitarla como líder político”, y explica el proyecto de comisión auditora que presentó con otros diputados del Frente para la Victoria, incluidos el presidente del bloque, Héctor Recalde, el ex ministro Axel Kicillof, y el neuquino Alberto Ciampini, entre otros.

-¿En qué consistiría la comisión parlamentaria que Uds. proponen para que cumpla funciones de auditoría de la obra pública?

-Es una comisión bicameral, con 10 diputados y 10 senadores, para que tengan la posibilidad de auditar todo el proceso, desde el llamado a licitación hasta la ejecución, de todas las obras que se hicieron desde el 25 de mayo de 2003 al 31 de diciembre de 2016. Abarca los doce años y medio de gobiernos kirchneristas más el primer año del gobierno de Mauricio Macri, porque había muchas obras que se licitaron desde 2015 pero se están llevando adelante ahora. Queremos que haya claridad, y por eso proponemos que diputados y senadores formen una comisión bicameral representando a todos los bloques políticos que tiene cada Cámara, para que haya una mirada plural y diversa. Que no sea una mirada sesgada sino desde el conjunto de las representaciones políticas. Que se pueda echar luz sobre esta infame campaña que se está llevando adelante desde el partido judicial, la corporación mediática de Magnetto y el gobierno de Mauricio Macri, tratando de tergiversar lo que sucedió con la obra pública y queriéndole hacer creer a la mayoría de los argentinos que nuestro gobierno, el gobierno más transformador de los últimos 60 años, era en realidad una banda de ladrones que nos queríamos quedar con los dineros públicos.

-Además del objetivo de clarificar el uso de los dineros públicos, ¿cuáles son las razones políticas por las cuales se impulsa la comisión auditora?

-Estamos cansados, hartos, de esta campaña de estigmatización, de persecución, que busca inhabilitar fundamentalmente a Cristina como líder político. Y como no tenemos nada que esconder, absolutamente nada, queremos que se investigue a fondo. Y vemos que la justicia no lo está haciendo, sino que se basa en denuncias falsas. Como escuchamos al fiscal Marijuán diciendo que están apretando testigos, apretando a familiares de detenidos para que se quiebren, y puedan hacer un 'gol histórico', como dice Marijuán, responsabilizando a Cristina. Por eso entendemos que hay que buscar un mecanismo que no sea nuestra opinión, o la opinión de una parte, sino que sea una profunda auditoría para que se eche luz definitivamente.

-¿Si el proyecto se aprobara sería una comisión que analizaría no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la obra pública?

-Exactamente. Sería una comisión permanente del Congreso. Queremos que el primer informe sea sobre estos trece años y medio, los doce y medio de nuestro gobierno más el año actual. Pero que después, año a año, se sigan haciendo las auditorías para que se sepa qué pasó en cada periodo, y que la gente sepa con claridad cómo se han utilizado sus dineros, sus recursos, los impuestos pagados, en materia de obra pública. Hay que terminar con esta forma de desprestigiar permanentemente a la política, porque es una forma de vaciar la democracia, y cuando eso sucede los únicos que quedan en el poder son las corporaciones, que es lo que pretende el gobierno de Macri. Para nosotros ese sigue siendo el problema fundamental: o gobierna el pueblo a través de la democracia, o gobiernan las corporaciones. Ahora vemos claramente cómo nos está yendo cuando gobiernan las corporaciones.

-¿Qué está pasando en los 10 meses de gobierno de Mauricio Macri con las concesiones de obras públicas?

-Vamos a explicarlo con un ejemplo que habla por sí solo. Nosotros licitamos en los años anteriores una obra muy importante que es el soterramiento del tren Sarmiento. Una obra muy, muy grande, y en la licitación se preveía que quien ganara tenía que garantizar el financiamiento de la obra, obviamente con fondos privados. Cuando se hizo la licitación, terminó ganando una empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Eso fue durante nuestro gobierno. Pero después, por un decreto de necesidad y urgencia firmado por la vicepresidenta Michetti y todos los ministros de la actual administración, lo que hicieron fue cambiar no solamente determinados precios, porque obviamente hubo inflación, sino que también cambiaron el financiamiento. En lugar de privado, como lo había exigido nuestro gobierno en las condiciones de licitación, ellos decidieron que sea con financiamiento público.

-¿Y cuáles son las consecuencias de semejante cambio de las reglas de juego?

-Esto genera dos cuestiones. Por un lado se afectan dineros públicos a una obra que, de la otra manera, debía financiarse con fondos de otras fuentes. Pero además se otorga un gran beneficio a la empresa de Calcaterra, perjudicando al mismo tiempo a los otros oferentes. Porque si de entrada se hubiera dicho que el financiamiento iba a ser público, quizás ganaba otra empresa. Lo que han hecho con esta movida es entregarle a Calcaterra 45.000 millones de pesos, generados por el gobierno nacional con un crédito que toma en el exterior.

-¿Es legal eso que hizo el gobierno de Macri?

-Hay que ver si es legal. Yo creo que no, porque cambia las condiciones del contrato. Pero lo que está mal es que esto ni siquiera sea sospechoso y no se investigue, y sí se consideren sospechosas otras cosas. Para dar una idea, esos 45.000 millones representan cinco veces más, a valores nominales, que lo que licitó Lázaro Báez en todo el territorio argentino. Repito: lo de Báez en doce años es cinco veces menos que lo que le otorgaron a Calcaterra en una sola obra. Por lo tanto queremos que haya una investigación. La justicia está teniendo una mirada absolutamente sesgada. Queremos que se haga una auditoría del conjunto de las fuerzas políticas, no solo de la nuestra.

-¿Tienen conocimiento de qué receptividad tendría el proyecto de la comisión auditora en los diputados del oficialismo?

-Conversaciones no hemos tenido. Recién esta semana presentamos el proyecto y no ha pasado por ninguna comisión, esperemos que rápidamente lo haga. Pero si el objetivo es verdaderamente echar luz sobre las contrataciones del Estado, yo creo que tendría que salir aprobado por unanimidad. Si no fuera así, significa que no les interesa la transparencia sino generar una andanada de denuncias permanentes, siempre falsas, nunca comprobables, que nunca llegan a ningún lugar, para desgastar a Cristina Fernández de Kirchner y deslegitimarla ante la sociedad. Si lo que se busca es llegar a la verdad, este proyecto es absolutamente necesario.

-La ex presidenta ha dado, en distintos momentos, las cifras generales de toda la obra pública que se licitó durante su gobierno y el de Néstor Kirchner, y quiénes fueron las principales empresas adjudicatarias. ¿Ud. tiene presente esos datos?

-Sí, podemos resumirlos de esta manera: durante doce años y medio de gobiernos kirchneristas, se adjudicaron 596.000 millones de pesos para obra pública. De ese total, el 43,7%, que son 260.000 millones, fueron descentralizadas en provincias y municipios. El otro 56,3%, que alcanza a 336.000 millones, corresponden a obra centralizada en organismos nacionales. De la parte que correspondió al gobierno nacional, ninguna empresa se adjudicó más del 4,89%. Ese es el porcentaje del primer lugar del ranking, y fue para la compañía Techint, de Paolo Rocca. Segundo está Electroingeniería, con el 4,61%. El tercero en cantidad de dinero adjudicado en obra pública fue la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con el 4,18%. Más adelante, si seguimos descendiendo en el ranking, aparece en el lugar Nº 13 Cristóbal López, de quien en nuestro gobierno se decía que era un empresario amigo del poder, y al cual se le adjudicó el 0,96%. Y recién en el puesto Nº 38 aparece Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, con solo el 0,30% de la obra pública adjudicada por el gobierno nacional durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Conclusión?

-Nosotros estamos orgullosos de la obra pública que se desarrolló entre 2003 y 2015. La inversión del Estado en obras públicas estuvo destinada al desarrollo nacional, a la soberanía económica, a la inclusión y a la integración social. Invertir miles de millones en conectar pueblos aislados o en construir una matriz energética soberana es sinónimo de justicia social. Es exactamente el modelo contrario al aplicado en los  años’90, que hoy quiere repetir Macri. A la vez, estamos convencidos de la falsedad de las denuncias contra Néstor y Cristina. La persecución contra ellos es por haber desarrollado un proceso transformador que puso fin a los privilegios de las minorías y que consagró derechos para las grandes mayorías populares. No nos persiguen por supuestos hechos de corrupción que nunca terminan de probar. Nos persiguen por lo que nos animamos a hacer y porque le temen a la vigencia de Cristina y del proyecto transformador que lideró y que lidera. Porque esa vigencia atenta contra el deseo de las minorías de perpetuar sus privilegios.

29/07/2016

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