El dirigente sindical docente Marcelo Guagliardo consideró que, tras el primer paro general en enero de 2024 contra las políticas del gobierno de Javier Milei, “algunos sectores de la representación de trabajadores entraron en alguna línea vinculada con ver qué cosas se podían salvar de la hecatombe que se venía”, y eso “nos hizo perder tiempo y debilitó el reclamo colectivo”. Pero destacó que “están apareciendo señales de unidad” en las organizaciones sindicales y “se está empezando a plasmar un acuerdo entre las dos CTA y la CGT para unificar iniciativas”.

Afirmó que “una de las experiencias más importantes” para enfrentar al mileísmo “fue la defensa de la universidad pública”, lo cual permitió “frenar parte del avance del gobierno”. Respecto de la educación en general, dijo que existe “una crisis social que repercute directamente en la escuela y que se expresa de muchas maneras”, por ejemplo “a través de hechos de violencia, que son una forma de expresar la frustración social dentro del ámbito educativo”.

El referente gremial de la docencia neuquina, que actualmente se desempeña como secretario Administrativo de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), pidió “construir una alternativa política que pueda disputar seriamente” las elecciones del año que viene. “No hay mucho tiempo” para hacerlo, advirtió, para luego reclamar que la dirigencia “se ponga de acuerdo, que se limen las diferencias en los ámbitos que correspondan, y que se presente a la sociedad una alternativa capaz de hacer creíble un proyecto de país distinto”.

En diálogo con , Guagliardo evocó la lucha histórica de ATEN. el gremio que dirigió por largo tiempo y que está por cumplir 40 años. Denunció por otra parte que Milei pretende “terminar de sacarle al Estado nacional toda responsabilidad” sobre el sostenimiento del sistema educativo, y en cambio dejar a las provincias como únicas responsables.

- ¿Cómo ve la política educativa a nivel nacional y lo que vino a implementar el gobierno de Javier Milei?

- Bueno, la verdad es que, con muchísima preocupación, porque estamos ante un escenario en el que todo lo construido durante los últimos doce o trece años, desde 2006 en adelante, cuando se sancionan la ley Nacional de Educación, la ley de Financiamiento Educativo, normas que tuvieron un amplísimo consenso... Yo no sé si hay leyes votadas con tanto consenso en el Congreso de la Nación como esas. A partir de esas leyes, el Estado nacional volvió a recuperar una centralidad en la discusión educativa y las provincias empezaron a tener refuerzos presupuestarios, no solamente para el sistema salarial, vía Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), Fondo Compensador, sino también para equipamiento escolar, infraestructura y presupuesto educativo. Eso se desarmó todo. Hoy no hay nada de eso. Entonces, estamos asistiendo a lo que nosotros definimos desde Ctera como la tercera y definitiva descentralización del sistema educativo. La primera la hizo la dictadura; la segunda, el menemismo; y el proceso de concepción educativa que tiene el gobierno libertario es terminar de sacarle al Estado nacional toda responsabilidad sobre el sistema educativo en la argentina y poner en las provincias la totalidad de la responsabilidad del sostenimiento del sistema.

- ¿No es solamente un problema presupuestario, sino un cambio de modelo entonces?

- Sí, es un cambio de modelo. De hecho, hoy, a nivel nacional, lo que se intenta hacer es, a través de algunas decisiones del Consejo Federal de Educación, empezar a ir contra cuestiones que también fueron producto de debates en la sociedad argentina. Como por ejemplo la importancia y la necesidad de tener programas de Educación Sexual Integral; temas vinculados con la interculturalidad, con la diversidad y con el ambiente. Todos esos temas, que han sido parte de la construcción de los diseños curriculares de los últimos años, hoy están siendo puestos en tensión en el ámbito del Consejo Federal, que tiene una importancia bastante relativa, porque a las provincias no les bajan un solo peso para la inversión educativa y, sin embargo, pretenden imponerles una política educativa que va, en definitiva, a contramano de todo lo construido, como le decía antes, luego de muchos años de discusión sobre las problemáticas que atraviesa hoy la sociedad y sobre las cuales la educación pública tiene que tener un rol protagónico.

- ¿Y cómo está hoy la paritaria docente a nivel nacional?

- La paritaria docente, en este marco, está congelada. La última reunión convocada fue en marzo de 2025. Allí el gobierno fijó de manera unilateral un piso salarial de 500.000 pesos para el sueldo inicial, que hoy ya no tiene ningún sentido. Y esto es parte de esta política de quitarle cualquier responsabilidad al Estado nacional. Pero no solamente hoy no hay una paritaria donde se pueda discutir salario, condiciones de trabajo o temas vinculados con la formación docente, que eran cuestiones propias de la paritaria nacional, sino que el gobierno de Milei, al otro día de asumir, bajó al Ministerio de Educación al rango de Secretaría. Lo mismo pasó con el ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Salud, aunque este último recuperó su rango ministerial. Pero Educación y Trabajo y otras más son secretarías y, de ese modo, también da una señal de cuál es la importancia que tienen para el gobierno nacional todas esas responsabilidades principales del Estado Nacional para con el pueblo argentino.

- Al terminar de descentralizar el sistema y desentenderse de la educación, el gobierno nacional les traslada toda la carga presupuestaria a las provincias. Desde el sector gremial ustedes lo plantean, pero ¿ven una respuesta de los gobiernos provinciales?

- Los gobiernos provinciales están dando una respuesta a esto en función de lo que pueden hacer. Algunos priorizan otras cosas y no la educación. Pero no está habiendo una respuesta unitaria de las provincias para salir a reclamarle al Estado nacional una participación necesaria, que la historia lo demuestra. ¿Por qué insisto con la cuestión histórica? Porque la Argentina viene de un sistema educativo que estaba centralizado a nivel nacional. Después hubo una descentralización hacia las provincias y, posteriormente, una disputa muy grande para que el Estado nacional volviera a tener un rol de co-responsable en el financiamiento de la educación. La ley de Financiamiento Educativo establecía que el 40% del financiamiento correspondía al Estado nacional y el 60% a las provincias. Esto fue lo que funcionó hasta diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Milei. A partir de allí, eso volvió a foja cero. Es decir, todo el peso del presupuesto educativo recae sobre las provincias. Ahora bien: no hay una acción unitaria y consecuente de los gobernadores para cuestionar y reclamar por ese presupuesto. Entonces, de alguna manera, cuando se cuestiona al Estado nacional porque no hay paritaria nacional o porque no le dio continuidad al Fonid —lo cual, de hecho, significó una rebaja salarial—, también hay que recordar que cuando se habla de la obra pública, una parte muy importante era infraestructura educativa. Basta con mirar los presupuestos de Neuquén, para no ir a otra provincia, entre los años 2012, 2013 y 2020. Ahí usted puede ver que había una porción importante de fondos nacionales destinados a obras de infraestructura educativa. Bueno: eso no existe más. Entonces, ¿qué les reclamamos nosotros a los gobernadores? Lo que estamos reclamando es una acción consecuente que fortalezca el reclamo que hacemos los trabajadores para revertir este proceso de vaciamiento presupuestario que está llevando adelante el Estado nacional.

- En general, ¿cómo es hoy la situación de los trabajadores en la Argentina desde que asumió Milei?

- Cuando los libertarios hablaban de la casta, la verdad es que la casta terminó siendo —y esto pareciera ya una muletilla repetida, pero la verdad, a los hechos me remito— los jubilados, las personas con discapacidad, el sistema universitario y la clase trabajadora. Son los grandes perdedores de este proceso de acumulación de pocos en detrimento de la enorme mayoría de nuestro pueblo. La pérdida del poder adquisitivo del salario, a nivel general, es indiscutida. Cuando se habla de que se han mejorado los indicadores de la macroeconomía, se han mejorado en función de un ajuste brutal sobre una distribución que ponía al trabajo y a determinados derechos que el Estado debía garantizar como una parte importante de la política pública. Eso hoy no está en la agenda del Estado nacional. Por lo tanto, cierran los números de la macroeconomía a costa de un impacto muy fuerte sobre el poder adquisitivo del salario, sobre las jubilaciones, sobre la pérdida de derechos de los jubilados en términos de los beneficios que tenían a través del PAMI, ni hablar de lo que significa el ajuste sobre la discapacidad o la disputa por los presupuestos universitarios. Y hay un agregado que quizás sea el corolario de todo esto: la reforma laboral. Lo que hace es poner a los sectores del capital en una situación de ventaja atroz sobre la clase trabajadora. Se puede despedir sin tener obligaciones de indemnizaciones justas, se puede manejar el horario del trabajador y se ataca a la organización sindical a través de los límites al derecho de huelga y de la posibilidad de que los trabajadores empiecen a discutir por empresa, perdiendo la fortaleza que da una organización nacional o provincial para discutir salarios y otras condiciones de trabajo. Y me quedaba otra cosa más, que tiene que ver con los despidos vinculados a un achique brutal del Estado. El Estado nacional tiene un desguace tremendo de organismos fundamentales para su funcionamiento, para el control de calidad de productos y para el acompañamiento a la producción, como el INTI, el INTA y tantos otros. Estos son puestos de trabajo que ya superan —no quiero arriesgar un número exacto—, pero estamos hablando de casi 60.000 despidos en el Estado nacional. Y si usted lo pone en perspectiva, estamos hablando de un achicamiento de la capacidad del Estado para garantizar el cuidado de la salud, del ambiente, de la producción y de los controles que debe ejercer sobre los sectores privados que se mueven en la Argentina. Hoy no hay ningún organismo del Estado en condiciones de brindar plenamente esa garantía. Y si vamos al sector privado, la apertura de las importaciones está generando una cadena de cierres de puestos de trabajo que no tiene parangón, ni siquiera con los años del gobierno de Macri, que también fueron años de muchísimos cierres de pequeñas y medianas empresas. Hoy, incluso, los mismos empresarios que siguen vinculados a la industria dicen que ni siquiera durante la pandemia hubo una crisis tan gravosa para sostener el empleo como la que atraviesa hoy la Argentina. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas garantizan casi el 70% del empleo privado del país.

- En este escenario, ¿cómo evalúa la respuesta que hubo desde las centrales obreras y el movimiento sindical?

- La respuesta empezó con altos niveles de unidad. Yo recuerdo el paro del 24 de enero de 2024, cuando pudimos coordinar una acción conjunta de las dos CTA con la CGT contra lo que, en aquel momento, era el DNU 70, que venía a modificar muchas de las cosas que después pudieron confirmar por vía legislativa como la ley Bases. A partir de allí, para nosotros, algunos sectores de la representación de trabajadores entraron en alguna línea medio vinculada con la posibilidad de ver negociando qué cosas se podían salvar de la hecatombe que se venía. Y eso, a los trabajadores y las trabajadoras, nos hizo perder tiempo y debilitó el reclamo colectivo. Quedamos las organizaciones sindicales de los distintos sectores, de algún modo, sin la espalda necesaria para poder hacer reclamos colectivos. Ha habido intentos. La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma hicieron esfuerzos muy importantes por construir espacios de unidad que permitieran ponerle un freno a determinadas iniciativas del gobierno. Una de las experiencias más importantes fue la defensa de la universidad pública. Se pudo frenar parte del avance del gobierno gracias a las iniciativas que unificaron la lucha en defensa del sistema universitario y a la convocatoria que se hizo al pueblo argentino para participar de movilizaciones masivas en distintos momentos de este proceso. Eso también mostró la decisión del gobierno de sostener sus políticas, porque desconoció dos leyes, la ratificación del Congreso frente a dos vetos presidenciales, desconoció decisiones judiciales que lo obligaban a cumplir con determinadas definiciones, hasta que finalmente, por la presión lograda y por lo que se pudo construir en la calle en defensa del sistema universitario, tuvo que ceder en un ámbito de negociación. Después, la Corte, tras mucho tiempo, terminó imponiendo un criterio. Aun así, todavía no se logra que se cumpla plenamente la ley de Financiamiento Universitario en defensa del sistema universitario argentino. Esa fue una disputa importante y me parece que, en este último tramo, están apareciendo señales muy fuertes de unidad. De hecho, ya hay un acuerdo que se está empezando a plasmar entre las dos CTA y la CGT para unificar iniciativas. Esta semana (por el miércoles, 23/07) hubo una expresión importante acompañando el reclamo de los jubilados. También habrá una marcha unitaria el 7 de agosto, en el marco de la peregrinación a San Cayetano. Esa convocatoria reúne a organizaciones sindicales y organizaciones sociales. Se está gestando un proceso de discusión en una sociedad que, hasta no hace mucho tiempo, bancó muchas de estas medidas que hoy estamos cuestionando, aun siendo la principal afectada por ellas. Durante bastante tiempo hubo un consenso social sobre las decisiones que fue tomando Milei. De hecho, ganó las elecciones de medio término. Entonces, hay una disputa muy fuerte en términos políticos y sociales sobre cómo construir esa unidad necesaria. Esperemos que ese proceso empiece a plasmarse a partir de estos hechos que estoy mencionando.

- ¿Cómo ve a la oposición política? ¿Cree que se puede construir una alternativa para ganarle las elecciones a Milei?

- Hay quienes dicen que es muy difícil que haya política sindical si no hay política pensada en términos generales. Y esa política es la que tiene que traer un proyecto que modifique las bases sobre las que se fundó este modelo excluyente que hoy tenemos en la Argentina. Lamentablemente, no es solo en la Argentina. Uno mira Latinoamérica y estamos rodeados de modelos parecidos. Chile, Perú y, lamentablemente, hace poco también Colombia, donde por un ajustado margen llegó un gobierno parecido al de Milei. Entonces, se hace necesario construir una alternativa política que pueda disputar seriamente el electorado de nuestro país en las elecciones del año que viene.Yo creo que para eso todavía están faltando algunas definiciones de algunos sectores que son fundamentales en la Argentina para dar una perspectiva y ver hacia dónde se encamina esa construcción. Hoy aparecen candidatos, o por lo menos dirigentes que expresan alguna de esas perspectivas, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una experiencia concreta en un ámbito muy complejo, porque gobernar la provincia de Buenos Aires cuando hay una deuda enorme, multimillonaria, por parte del Estado nacional, implica hacerlo con un modelo de Estado completamente distinto al que impulsa el gobierno nacional. Pero todavía no aparece una confluencia de los sectores que son necesarios para plantear una alternativa concreta, en términos de programa político y de iniciativas que vuelvan a poner en el centro a la clase trabajadora, que hoy estamos absolutamente marginados. Ese me parece que es el desafío. Y la clase política no tiene mucho tiempo.Nosotros, desde los sectores de los trabajadores, venimos batallando contra este modelo desde que llegó, con más o con menos dificultades, con cuestiones que nos costó unificar, pero nunca abandonamos la impugnación a esta realidad. Necesitamos que la clase política se ponga de acuerdo, que se limen las diferencias —políticas o las que sean— en los ámbitos que correspondan y que se presente ante la sociedad una alternativa capaz de hacer creíble un proyecto de país distinto.De hecho, nosotros sabemos que se puede, porque la Argentina ya lo hizo, porque lo hace Brasil y porque ocurre en otros lugares del mundo. La Argentina tiene que encontrar una salida que nos permita recuperar esa participación en la distribución de la riqueza que sabemos que nuestro país es capaz de producir. Estamos sentados sobre Vaca Muerta; somos un país capaz de producir alimentos para 500 millones de personas; somos un país industrializado, con ciencia y tecnología. Hemos podido poner satélites en el espacio, algo que no muchos países del mundo pueden hacer. Entonces, esa riqueza tiene que volver a ser de quienes la producen.

- Volviendo al tema educativo, ¿es en aula es donde más se nota la pobreza? ¿Cómo llegan hoy los chicos a clases?

- Es así. Hoy, cuando usted habla con cualquier compañera o compañero de cualquier lugar de la Argentina, lo que le va a decir es que vemos un deterioro muy grande en las condiciones de vida de las familias de nuestros estudiantes. Eso, obviamente, es consecuencia del empeoramiento de las condiciones de trabajo, de la precarización laboral y de la recarga de horas de trabajo en las familias para poder alcanzar lo mismo que antes se alcanzaba con menos tiempo y, además, poder dedicarles más tiempo a las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, hoy hay una crisis social que repercute directamente en la escuela y que se expresa de muchas maneras. Se expresa, por ejemplo, a través de hechos de violencia, que son una forma de expresar la frustración social dentro del ámbito educativo. Porque, como siempre decimos, la escuela es la única presencia del Estado en el territorio. No hay otra. La escuela está en una isla, en la puna, en la pampa profunda, en nuestra cordillera, en un barrio periférico o en el centro de una ciudad. Donde sea, ahí va a haber una escuela; en esa escuela va a haber una maestra, un maestro o un director. Y esa es la única presencia del Estado. Y si hay un Estado que lo que inspira es la decadencia, que subestima a su pueblo, esa frustración termina expresándose en esa única presencia del Estado, que es la escuela. Entonces, ahí no solamente vemos el deterioro de las condiciones de aprendizaje vinculadas con la falta de alimentación, la falta de sueño, los problemas de carácter afectivo o los conflictos familiares, sino que también somos receptores de una enorme carga de insatisfacción social por las condiciones que atraviesa nuestro pueblo, y eso repercute directamente en el vínculo cotidiano de la escuela.

- ¿No es lo mismo aprender con hambre que sin hambre?

- Por supuesto. Hay estudios sobre esto. La alimentación, el descanso, la atención y la contención afectiva son cuestiones fundamentales para que un estudiante, de la edad que sea, pueda cumplir con los objetivos que se plantean en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin eso, la escuela termina teniendo que atender esas falencias de alguna manera, en detrimento de su función principal. Porque, a veces, a la escuela se le reclama: "Bueno, los chicos no aprenden". Primero, yo creo que los chicos sí aprenden. Pero aprenden sobre una recarga al sistema educativo, que tiene que resolver problemas que hoy la sociedad no está resolviendo porque no tiene condiciones para hacerlo. Si la escuela tiene que atender las necesidades alimentarias; si tiene que tratar de enseñar a un niño que viene mal dormido, cansado, obviamente no están dadas las mismas condiciones. Y si, además, la escuela tiene que atender problemas vinculados con las carencias afectivas de nuestros estudiantes, producto de las dificultades que atraviesa la sociedad, le estamos pidiendo que resuelva los problemas sociales en una sola acción, que es la educativa, y eso es muy difícil.

- ATEN está cumpliendo 44 años. ¿Cuál ha sido la importancia del sindicato en la historia educativa y sindical de Neuquén?

- Nuestra organización sindical está por cumplir 44 años. Es, de alguna manera, una referencia en la historia democrática posterior a la dictadura y ha sido protagonista de las distintas etapas que ha transitado Neuquén. Me parece que hay un legado importante de la organización sindical en términos de cómo se involucró con los problemas de la educación y de cómo confrontó con aquellos modelos que, a nivel nacional y provincial, intentaron empujar hacia la privatización durante la década del 90. Acá, en Neuquén, se salvó la escuela técnica. Eso es algo que a veces pasa sin que lo podamos reconocer, pero hoy podemos decir que lo que en otras provincias costó muchísimo recuperar después del proceso posterior a la ley Federal de Educación, nosotros pudimos preservarlo. Durante aquellos años, cuando se resistió la aplicación de la ley Federal de Educación, se pudo poner a resguardo la educación técnica, la educación para personas con discapacidad y la educación de adultos, que en muchas otras provincias quedaron como una suerte de regímenes especiales y, obviamente, tuvieron mucha menos inversión para su desarrollo. Entonces, en los distintos momentos históricos, ATEN pudo marcar una presencia y hoy uno puede valorar cuáles fueron los resultados. De hecho, durante el sobischismo, la posición de ATEN de confrontar con la reforma de la Constitución permitió que hoy tengamos Vaca Muerta. El programa de Sobisch era reformar la Constitución para permitir la venta de los recursos naturales a la iniciativa privada. Repsol era su aliado estratégico. Como eso no se pudo hacer, después fue posible avanzar en la estatización de YPF. ¿Pero por qué? Porque en Neuquén habíamos logrado preservar la propiedad de esos recursos, apoyándonos también en la reforma constitucional nacional de 1994, que también Sobisch intentó hacer uso de esa reforma porque, como la propiedad de los recursos naturales había sido transferida a las provincias, intentó disponer de ellos para avanzar en ese proyecto. Como eso no pudo prosperar porque, entre otros actores, ATEN fue protagonista de esa resistencia, junto con ATE, Sejun (Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén) y otros sindicatos que integrábamos la CTA en aquel momento. Hoy podemos decir que, con todo lo que todavía haya que mejorar, los recursos siguen siendo del Estado provincial. Y ni hablar del aporte de ATEN en materia educativa. Los diseños curriculares de Educación Inicial, de los institutos de formación docente y de la escuela secundaria son iniciativas en las que el sindicato tuvo una participación muy importante. Son procesos cuyos resultados no se ven de un día para el otro, porque en educación los cambios requieren tiempo. Pero ahí ATEN planteó una agenda político-educativa que excede ampliamente el tema salarial. Tiene que ver con qué concepción tenemos de la escuela, para qué enseñamos, cuál es el sujeto que aprende, para qué sociedad, cuáles son los contenidos que nosotros tenemos que discutir y cómo garantizamos que ese sujeto que tiene que aprender pueda cumplir con ese objetivo.