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Adriana Salvatierra fue presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia desde el 18 de enero de 2019 hasta el momento del derrocamiento de Evo Morales, cuando presentó su dimisión y debió refugiarse en la embajada de México. En esta entrevista (*) brinda detalles de la violencia ejercida para que renunciara y de la persecución desatada contra los partidarios de Morales. Acerca del envío de armamento por el entonces presidente Mauricio Macri, no duda en afirmar que “su postura frente al golpe me parece cuando menos una posición indolente e inhumana”.
-¿Cómo recordás el momento del golpe de Estado?
-Yo creo que no se puede hacer un enfoque subjetivo del golpe. Los expertos internacionales determinaron que en Bolivia sucedieron masacres represivas, que dejaron el saldo de 37 compatriotas asesinados. Utilizaron su relato para justificar la violencia, necesitaban ejercer violencia porque por los votos nunca iban a llegar al poder. Mucha gente piensa que cuando uno anuncia su renuncia es porque se levantó una mañana con un humor distinto y no es así. Todos los que estábamos en línea sucesoria fuimos perseguidos. Mi casa esa mañana fue cercada por vecinos, que en realidad eran activistas. En Potosí, en la casa de mi compañero Víctor Borda, hicieron lo mismo, pero además entraron a su hogar, le quemaron su domicilio y también secuestraron a su hermano, a quien desvistieron en una plaza pública, cometiendo incluso vejámenes sexuales con él y lo torturaron públicamente para forzar la renuncia de Víctor. Es decir, si tú ves que a tu homólogo le hacen eso, sabes que lo que puede pasar contigo es muy similar. Esta es la explicación de nuestras renuncias.
-Cada vez aparecen más pruebas del apoyo de Macri a la dictadura. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
-Me parece una visión canalla que algunos intenten negar la existencia de un golpe de Estado para negar el nivel de responsabilidad en el intercambio de material represivo entre países. A Macri le incomodaba el proceso de cambio de Bolivia, prefirió unirse a Ecuador para enviar material represivo contra el pueblo boliviano, eso es indiscutible. Y que hoy nos plantean la inexistencia de un golpe de Estado para esconder su responsabilidad y su participación en el mismo, a mí me parece cuando menos una posición indolente e inhumana.
-¿Cómo analizás esta aparente actuación conjunta de los gobiernos de Argentina y Ecuador?
-No es algo que encontramos habitualmente esta articulación regional para practicar actos represivos contra los pueblos. De hecho, creo que este tipo de articulaciones regionales para reprimir a los movimientos sociales o militantes de partidos políticos asociados a la izquierda no las veíamos desde los períodos de dictadura. Por eso es importante determinar las responsabilidades que puedan tener Macri o Lenín Moreno al respecto, tanto a través de la justicia boliviana como las de sus respectivos países.
-¿Cuál es la importancia de la acusación que hizo el ministerio público fiscal de Bolivia contra Añez por el genocidio?
-A Bolivia vino un grupo interdisciplinario de expertos a revisar lo que pasó esos días, y determinaron que se perpetró una masacre y que existía un marco legal de impunidad para que se efectúe. Ese marco legal de impunidad fue por un decreto que Añez firmó junto a todo su gabinete, que tuvo una vigencia de no más de 15 días, y ese decreto lo que hacía era eximir de responsabilidad penal a las fuerzas armadas por su participación en la contención de los disturbios. Es decir, si una persona muere las fuerzas armadas no tenían responsabilidad. Por eso la fiscalía ha remitido un pedido al tribunal supremo de justicia de que se inicie el proceso judicial para investigar el papel de Añez en las masacres.
(*) Esta es una versión editada para Nodal del programa “Y arriba quemando el sol”, de Radio Rebelde, Argentina.
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