Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), indicó que “la discusión de fondo” sobre la regulación de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, y televisión por cable, es “si va a ser un derecho o es solo un negocio”, algo que desde el gobierno nacional definen primero como “un derecho” aunque “no deja de ser negocio”.

“Lo que les exigimos, porque esa es la garantía para el resto de los ciudadanos, a partir de ahora, si querés aumentar, por lo menos justificá por qué, cuál es el costo, cuál es la tasa de ganancia y la tasa de inversión y es el Estado el que dice si parece razonable o no”, explicó López en este diálogo con .

En referencia a lo que declaró Horacio Rodríguez Larreta acerca de que si el Estado quiere controlar todo el riesgo es que no tengamos internet, el funcionario dijo que “es un argumento vacío” y lo criticó porque “él es el responsable, por ejemplo, de que no haya competencia en la ciudad de Buenos Aires”.

“Son muchas las empresas que quieren poner cable, fibra óptica y él no les entrega los permisos, obviamente en connivencia con las dos empresas que hoy están en la ciudad de Buenos Aires con una posición oligopólica”, indicó López y agregó que “se cae la máscara que está detrás del interés económico de grupos empresarios muy fuertes como ha estado toda la vida el macrismo, que hace catorce años que gobierna la ciudad de Buenos Aires”.

Sobre el papel de la justicia que frenó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que declaraba los servicios como públicos y esenciales, señaló que “es inconcebible que frene el accionar de un gobierno y de un parlamento, sin motivo, suspendiendo la aplicación de una medida y perjudicando a millones de personas” y destacó que el poder judicial “le tiene miedo a las corporaciones económicas”.

-¿Cómo analiza la declaración del presidente sobre hacer de internet un servicio público “se enoje el que se enoje”?

-Es la continuidad de una política; él firmó el DNU 690 en agosto del año pasado declarando servicios públicos a las telecomunicaciones, esto fue ratificado por el Congreso y frenado por la Justicia. Así que en un momento donde internet ha sido declarado servicio público en Colombia, donde el parlamento de Chile ya dio media sanción, en México, en el Salvador, en Canadá y en muchos países de Europa; es inconcebible que acá la justicia frene el accionar de un gobierno y de un parlamento, sin motivo, suspendiendo la aplicación de una medida y perjudicando a millones de personas. El presidente lo ratificó, se enoje quien se enoje, esto va a ser servicio público.

-¿Por qué hay tanta resistencia?

-Primero porque es un negocio millonario. Segundo porque en ese negocio millonario no se sabe cuál es el precio, cuál es la tarifa justa, cuál es el precio equitativo; que es lo que pretende el gobierno con el DNU 690. Nosotros en el DNU no nos metemos en la competencia entre las empresas, en si ofrecen un plan más barato o con descuentos del 45%. Lo que planteamos tiene que ver con los aumentos. Del precio que ellos tenían a enero de este año, cualquier aumento, debe justificarse con inversión, costos y tasa de ganancia y lo autoriza el Estado a través del Enacom. No es que nosotros los privamos de poder proponer un precio, lo que les exigimos, porque esa es la garantía para el resto de los ciudadanos, a partir de ahora, si querés aumentar, por lo menos justificá por qué, cuál es el costo, cuál es la tasa de ganancia y la tasa de inversión y es el Estado el que dice si parece razonable o no.

-Además es un mercado con poca competencia…

-Esta es una actividad donde la disparidad de costos es muy grande, donde las empresas chicas tienen una estructura de costos muy distinta a las empresas grandes, donde hay monopolios y oligopolios en gran parte del país. Entonces la primera discusión es si este servicio es esencial o no, si puede la sociedad estar sin este servicio o todo el mundo tiene que tener acceso. Nuestro pensamiento es que todo el mundo tiene que tener acceso, el estudio, el trabajo, desde una receta médica hasta el turno para vacunarte hoy esta mediado por estas tecnologías. Planteamos que si todo está mediado por estas tecnologías y el propio Estado nacional obliga a los trámites a distancia, si los Estados locales lo obligan, si hay una sistema bancario mediado por internet como es posible que el precio de este servicio tan elemental para todos desde estudiar a trabajar quede solo en manos de las empresas sin que justifiquen absolutamente nada. Esta es la discusión de fondo, si va a ser un derecho o es solo un negocio. Para nosotros es un derecho, no deja de ser negocio, pero primero es un derecho y de esto se trata la discusión.

-¿Qué opina de lo que dijo Rodríguez Larreta, que si el Estado quiere controlar todo el riesgo es que no tengamos internet?

-Es una falacia, es un argumento vacío, y él es el responsable, por ejemplo, de que no haya competencia en la ciudad de Buenos Aires. Son muchas las empresas que quieren poner cable, fibra óptica y él no les entrega los permisos, obviamente en connivencia con las dos empresas que hoy están en la ciudad de Buenos Aires con una posición oligopólica y en algunos barrios monopólica, porque está una y no está la otra. Entonces son las empresas que protegen mediáticamente a Rodríguez Larreta, y es Rodríguez Larreta el que impide una mayor competencia que traería no solo una mayor calidad de servicio sino un mejor precio. Estos son los liberales que no quieren competencia, no quieren intervención del Estado y no piensan en la gente. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires habla mal del Estado. No se entiende. Y defiende a los privados como si los privados tuvieran la razón siempre y el Estado siempre fuera malo. Pero no lo dice cualquiera, lo dice un político, jefe de Gobierno, que administra un Estado. Se cae la máscara que está detrás del interés económico de grupos empresarios muy fuertes como ha estado toda la vida el macrismo, que hace catorce años que gobierna la ciudad de Buenos Aires.

-Usted decía que la justicia frenó el DNU, ¿Dentro del poder judicial hay intereses con estos grupos concentrados?

-Sí, hay intereses y hay temores. La semana pasada estuve en el Chaco viendo unas obras que hemos adjudicado a través de los subsidios que damos en los barrios populares, de 57 millones de pesos, y hablábamos del rol de la justicia y como interfiere frente al poder político, y la conclusión es que la justicia no le tiene miedo a la política, la política los puede destituir a través del juicio político a los miembros de la Corte, o a través del Consejo de la Magistratura, pero la justicia le tiene miedo a las corporaciones económicas, y por ende somos rehenes de la justicia. Por eso es tan importante una reforma judicial. El presidente se preguntó es por qué los jueces duran toda la vida, deberían durar 5 años o un periodo determinado, con la posibilidad de rendir un examen. Casualmente en Chaco están pensando la misma idea, que ocurre en otras partes del mundo, porque si no terminamos nosotros, la política, rehenes de los jueces. ¿Qué pasa con el sistema democrático cuando los jueces defendiendo los intereses de las empresas paralizan las acciones de los gobiernos? Esto es lo que hay que rever.