El acuerdo del G7 sobre un impuesto mínimo global corporativo puede ser el punto de partida de un orden impositivo global más equitativo o una gigantesca estafa que profundizará la desigualdad entre países desarrollados y la periferia. Como era de esperar, el acuerdo fue calificado de “histórico” por el G7, pero a no engañarse. En abril de 2009 sucedió lo mismo en otra cumbre, la del G20, que ante la debacle financiera global anunció medidas que significarían “el fin de la era de las guaridas fiscales”. Al poco tiempo esa iniciativa fue a parar al cesto. ¿Pasará lo mismo ahora con el impuesto a multinacionales?

El acuerdo se basa en dos pilares. El primero es el compromiso a alcanzar una “solución equitativa para la asignación de los derechos impositivos” sobre las más grandes multinacionales del planeta. El segundo es el establecimiento de una tasa mínima global de “al menos” un 15 por ciento. 

El objetivo del primer pilar son las empresas digitales. La subsidiaria de Amazon en Luxemburgo, por ejemplo, no pagó impuestos en 2020 en la Unión Europea a pesar de registrar ganancias por más de 40.000 millones de euros. 

El tema clave para el mundo en desarrollo es cómo se repartirán los 275.000 millones de dólares estimados de recaudación de este impuesto mínimo. La propuesta de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) es que los países desarrollados, donde están las casas matrices de las multinacionales, se queden con el grueso de esta recaudación. La propuesta de organizaciones como Tax Justice Network y grupos como el G24, que congrega a naciones en desarrollo, entre otras Argentina, es que la recaudación vaya al país donde se produjeron las ventas y ganancias, sea en un país central o en una nación periférica. 

Cash dialogó con Alex Cobham, director de Tax Justice Network. En mayo del año pasado, en este mismo suplemento económico de Página/12 Cobham había propuesto que "Las compañías que ganan con el coronavirus deberían pagar un impuesto especial". Ahora, con esta iniciativa que va en línea a ese reclamo, resulta interesante saber qué piensa al respecto.

- ¿El acuerdo del G7 es un paso adelante, al costado o para atrás?

- Hay diferentes opiniones, incluso en nuestro movimiento. Pero yo diría que es un paso adelante, aunque con muchísimas salvedades. Desde ya que el impuesto mínimo del 15 por ciento es bajo. Nuestro análisis muestra que con 25 por ciento se podrían recaudar unos 780 mil millones de dólares más. Aún con esta tasa, las multinacionales mantendrían las tres cuartas partes de sus considerables ganancias. El impuesto del 21 por ciento que proponía el gobierno estadounidense al principio también hubiera permitido una recaudación bastante mayor. 

- ¿Por qué es importante?

- Porque, aunque se ha discutido en la OCDE por dos años y medio, es la primera vez que los países ricos se comprometen a una tasa específica. Políticamente esto importa no por el detalle sino porque es un cambio de narrativa. Los países ricos adoptaron la propuesta que planteó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en contra de la competencia fiscal. Creo que en diez años veremos este acuerdo como un momento de cambio en el que la competencia fiscal entre naciones se dejó de ver como una política normal y se pasó a ver como un mal que debía ser superado. 

- Igual todavía falta implementar el impuesto.

- Así es. Por el momento sólo tenemos palabras. Si esta propuesta efectivamente se llega a aplicar con los principios y mecanismos que propone la OCDE será el cambio más grande de los últimos 100 años en reglas fiscales, pero al mismo tiempo generará una desigualdad peor aún que la que existe ahora entre países centrales y periféricos. Calculamos que se recaudaría unos 275.000 millones de dólares anuales, pero si se siguen las reglas de la OCDE, los países del G7, que representan un porcentaje muy bajo de la población mundial, se llevarían el 60 por ciento de esos recursos. Y el resto se lo llevarían otros países de la OCDE, no las naciones en desarrollo.

- ¿Por qué? ¿Cómo funcionaría en la práctica?

- El segundo pilar de la propuesta no dice nada sobre la distribución de la recaudación del impuesto. No dice nada porque el G7 está respaldando de hecho la propuesta de la OCDE, que plantea que gran parte de la recaudación debe ir primero a los países donde está la casa matriz de las multinacionales. Supongamos que la multinacional francesa Danone tiene ganancias por 1.000 millones de dólares en Brasil, pero paga cero impuestos porque transfiere esas ganancias a las Islas Bermudas donde no se ha generado la riqueza ni se paga ningún impuesto. Con el cambio de reglas propuesto por el G7, el impuesto del 15 por ciento daría 150 millones de dólares. ¿A dónde irían esos fondos? ¿Irían al país donde se originó la venta,  Brasil? No. En la propuesta de la OCDE irían a Francia porque allí está la sede central de la multinacional. 

- En el comunicado del 5 de junio el G7 dice, sin embargo, que este impuesto se tiene que implementar país por país. ¿Qué significa?

- Esto marca uno de los avances de la negociación que hay con Biden a diferencia de lo que pasaba con Trump. Con Trump la tasa mínima que se discutía se basaba en la posición que había adoptado la OCDE de global blending (fusión global), en la cual se consideraba la tasa global que pagaban las multinacionales en sus operaciones en distintos países. Si esta sumatoria llegaba al 15 por ciento las multinacionales no tenían que pagar ningún impuesto adicional. Lo que el gobierno de Biden acordó es que la sumatoria o blending se haga a nivel de país o jurisdicción. Este es un cambio importante porque no permite compensar lo que una multinacional no paga en una jurisdicción con lo que paga en otra.

- Esto quiere decir que si una multinacional paga menos de 15 por ciento en Argentina, Brasil o Perú tendrían que pagar en esos países la diferencia hasta llegar al 15 por ciento.

- Potencialmente sí, pero para eso hay que terminar con el privilegio que se le da al país de origen de la multinacional. En la propuesta de la OCDE, el país de origen es el primero que tiene derecho a esa porción de impuestos hasta completar la recaudación del 15 por ciento que debe esa multinacional en su jurisdicción. Esta es la propuesta que está sobre la mesa. La clave es este punto. No podemos permitir que siga primando ese criterio de distribución del impuesto mínimo porque entonces sucederá lo que mencionaba antes: tendremos un enorme cambio de las reglas fiscales internacionales y una profundización de la desigualdad entre países ricos y el resto.

- ¿Cómo sigue el proceso de este acuerdo fiscal?

- El próximo gran paso es la reunión del G20 el mes próximo. Hay tres cosas que van a pasar. Primero que países, como Irlanda y otras guaridas fiscales van a intentar formar una alianza para defender el actual modelo económico y frenar o revertir los cambios del G7. Irlanda tiene una tasa impositiva nominal del 12 por ciento pero la tasa efectiva que pagan las multinacionales de Estados Unidos allí es de 2 por ciento. Los cambios que propone el G7 terminarían con ese modelo. Si una multinacional paga menos de 15 por ciento en Irlanda o Bermudas u Holanda deberían cubrir esta diferencia, lo que impediría la actual competencia impositiva entre jurisdicciones que ofrecen menor carga impositiva para atraer inversiones. 

- ¿Qué más?

- En segundo lugar, las multinacionales van a intensificar el lobbying para frenar los cambios. Por otro lado, la cuestión más positiva es que los países que están fuera del marco del G7 van a movilizarse porque estas propuestas no los favorecen. India puede ser uno de los líderes de este grupo de países. Argentina otro. Los dos países han participado activamente a nivel técnico en los debates internos del G20 de manera que están bien posicionados para influir. 

- ¿Qué deberían hacer?

- Tienen que presionar para que haya un impuesto mínimo más alto y un criterio de distribución equitativo del impuesto que se recupere. Hay posibilidad de forjar alianzas con otros países desarrollados que se verían favorecidos por propuestas más ambiciosas, incluso países del G7 o naciones como Australia. Es decir que puede haber una coalición entre naciones en desarrollo y desarrolladas que exijan más, a partir de lo que el G7 acordó, pero asegurando que haya una distribución equitativa de los beneficios en vez de la grotesca propuesta que la OCDE quiere poner sobre la mesa.

– ¿Tiene el G20 suficiente poder para mejorar la propuesta del G7? 

- A nivel institucional la OCDE obtuvo el mandato para revisar el sistema impositivo global del G20. De modo que el G20 le puede decir a la OCDE que el sistema que ha diseñado no sirve y que hay que empezar de nuevo. Si uno es realista, esto no va a suceder porque, en realidad, el G7 son los países más poderosos tanto en el G20 como en la OCDE. Pero lo que sí se puede conseguir es un cambio en cómo se distribuirá. Existe mucha presión para acelerar las negociaciones y que el G20 concluya con una propuesta más detallada de cómo va a funcionar el sistema. Hay mucha presión política para avanzar. Creo que va a suceder este año porque el cambio de reglas es imprescindible y gobiernos y multinacionales necesitan tiempo para planificar cómo se adaptarán a este nuevo orden.

- Tax Justice Network comenzó en 2003 como una voz aislada frente a lo que pasaba con un sistema impositivo internacional cada vez más desquiciado por las guaridas fiscales y los mecanismos de elusión y evasión fiscal. Hoy las propuestas que planteaban entonces se están debatiendo en foros internacionales. ¿Es optimista respecto a la posibilidad de finalmente lograr un sistema impositivo equitativo?

- Creo que ha cambiado la narrativa. No tenemos las propuestas que necesitamos pero hay un reconocimiento global de que el abuso corporativo es intolerable. Las ideas están sobre la mesa y creo que, aunque tardemos más de lo que desearíamos para llegar a una reforma completa e integral, estamos en camino de lograrlo.