El titular de la fiscalía especializada en delitos ambientales, Maximiliano Breide Obeid, dijo que el pasivo ambiental que produce Vaca Muerta es "un problemón para las generaciones futuras" porque "la industria empezó a generar más residuos del que las plantas podían tratar".

En dialogo con , el fiscal afirmó que las cuatro empresas tratadoras de residuos que hay en la provincia "tienen un pasivo ambiental", y las defendió al explicar que "son algo bueno", el problema es que actualmente "tenemos cuatro tratadoras en Neuquén, (pero) por la cantidad de producción deberían haber veinte".

"Vaca Muerta es algo que está muy lejos, la gente no lo ve y no sabe lo que pasa" indicó, y sostuvo que desde que se creó la fiscalía especializada en delitos ambientales, en 2018, sólo recibieron dos denuncias "importantes" contra empresas petroleras, que están unificadas en una causa que tiene como imputados, además de a las empresas, al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, y al subsecretario de Ambiente, Juan De Dios Lucchelli.

Aseguró que la ley de Residuos Peligrosos es "una herramienta bastante mala" porque no crea penalmente la protección al medio ambiente como un bien a proteger" sino que a figura que protege es la de la salud pública, e indicó que propusieron al fiscal jefe José Gerez la realización de acciones colectivas, como recursos de amparo para que "la fiscalía en representación del pueblo, del Estado y de la generaciones futuras, puede pedirle a un juez, a través de medidas cautelares, un montón de soluciones que en materia penal no las tenemos".

Breide Obeid remarcó que la problemática ambiental "es una sola", y que desde la fiscalía trabajan para que las empresas generadoras de residuos junto con las tratadoras y el Estado, que tiene una función de contralor, "pongan todos las patas en el plato para buscar una solución integral" al conflicto ambiental.

-¿Cómo funciona la fiscalía de delitos ambientales, qué tipos de denuncias reciben, y qué lugar ocupan las denuncias por contaminación contra empresas petroleras?

-La fiscalía de delitos ambientales tiene competencia no solamente en delitos ambientales sino también en leyes especiales que tienen que ver con la temática, dentro de la cual están maltrato y crueldad animal, y carrera de perros. Paradójicamente, donde más trabajo tenemos es en esa temática. Estamos recibiendo alrededor de cinco denuncias por día. Empezamos con una competencia en la Primera Circunscripción Judicial (abarca Neuquén, Centenario, Rincón de los Sauces, Plottier) y desde hace menos de un año tenemos competencia en toda la provincia. Otro tema es la parte de delitos ambientales específicamente, donde hay muchas menos denuncias y donde trabajamos con una herramienta que es bastante mala, que es la ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051)

-¿Por qué es mala?

-Primero, porque nos acota la actuación a lo que es un residuo peligroso y, a su vez, cada legislación provincial va acotando su definición. Segundo, cuando habla de remisión al Código Penal, lo remite al artículo 200 que son los delitos contra la salud pública, donde está el envenenamiento de agua. Pero la ley de residuos peligrosos tiene una competencia federal y esta es una fiscalía con competencia provincial. Es decir, que todo lo que sea contaminación a ríos, salvo que sean ríos internos de la provincia -y Neuquén tiene pocos o casi ninguno- son de competencia federal porque atraviesan a varias provincias e intervienen organismos interjurisdiccionales. Yendo a Vaca Muerta, la Corte sacó un fallo que es el que nosotros utilizamos para trabajar, conocido como el "Caso Lubricentro", donde dice que los residuos peligrosos que estén focalizados dentro de la provincia no son federales sino que son de competencia provincial. Siempre y cuando no haya una contaminación que termine en el río Neuquén, por ejemplo, o que llegue a las napas. Desde que está la fiscalía, ese tipo de planteos no los tuvimos.

El problema que tenemos es que la penalidad remite al 200 del Código Penal, lo que está diciendo que el bien jurídico penalmente a proteger es la salud pública. La ley que digo que es una mala herramienta no crea penalmente la protección al medio ambiente como un bien a proteger. Por lo tanto cuando hay algún tipo de contaminación o residuo peligroso tenemos que verificar que pueda llegar a haber una afectación concreta o al menos potencial a la salud pública. El derrame más importante que tuvo la provincia, que fue el más importante que tuvo el país y fue por una negligencia, fue el caso de Bandurria. Se veía la mancha de petróleo de una gran extensión desde los satélites. El tema es que se hizo el relevamiento y no tenías gente, no tenías fauna. Nada como para decir que afectaba a la salud pública. Ahí lo que hizo la fiscalía fue controlar que se haga correctamente el saneamiento, que se hizo. Pero no podemos responsabilizar penalmente a alguien porque está faltando la afectación a la salud pública, porque esto es en el medio de la nada.

-¿Cuántas denuncias contra empresas petroleras han recibido desde que se creó la fiscalía a fines de 2018?

-Recibimos dos denuncias importantes. Una, contra la empresa Treater S. A, que es una tratadora. El problema que tiene Vaca Muerta hoy es que la explotación genera un residuo. Ese residuo tiene que ir a una tratadora que se anota en la secretaría de Medio Ambiente. Esos residuos, que se denominan cutting, van a unas piletas que están impermeabilizadas, que son impresionantes si uno las ve en fotos. Ahí se mezclan con tierra y van a un horno, donde se queman y se elimina el residuo contaminante. Esa tierra pude ser reutilizada para relleno, por ejemplo, de rutas. Y la Secretaría tiene que hacer los controles sobre el resultante de esa tierra después de pasar por ese horno. El problema es que la industria empezó a generar más residuos del que las plantas podían tratar. Nosotros hoy tenemos cuatro tratadoras en Neuquén, por la cantidad de producción, debería haber veinte. Eso generó un pasivo ambiental, en el sentido de que no alcanza un horno a procesar todo ese barro que queda impregnado con petróleo.

-¿Es responsabilidad de la provincia garantizar que exista una cantidad de tratadoras suficiente para la actividad que habilita?

-En parte sí y en parte no. Es como que yo te diga habilitás el uso de vehículos en todo Neuquén pero tenés dos surtidores de nafta. Sí, claramente, hay que aumentar la cantidad de tratadoras pero son empresas privadas. El Estado no trata los residuos. El problema es que se ha generado demasiado pasivo ambiental entonces están buscando otras formas alternativas al horno, que se llaman biorremediación, que van con agentes naturales haciendo desaparecer ese residuo. Lo cierto es que hoy todas las empresas tratadoras tienen un pasivo ambiental.

A partir de esto, Abogados Ambientalistas (N. de la R: se refiere a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), de Capital Federal, hicieron una denuncia a fines del año pasado, donde denuncian a otra empresa, Comarsa, que está en el parque industrial (de Neuquén). A raíz de esto hicimos un allanamiento, constatamos la presencia de ese pasivo e hicimos un allanamiento más en Comarsa Añelo. Ahora hemos unificado las causas que, para ponerle un nombre, es "tratadoras de residuos". Según lo que pudimos constatar en los allanamientos, la situación de Treater es mejor en relación a las otras.

-¿Cuáles son las otras?

-Comarsa, Indarsa y SAN (Servicios Ambientales Neuquén).

-¿Todas tienen denuncias?

-No, las que tienen son Treater, Comarsa y dentro de Comarsa se menciona a SAN. Nosotros finalmente decidimos no hacer una causa penal por cada una sino que la problemática ambiental es una sola donde están involucrados todos: los tratadores y los generadores, independientemente de que cada uno tenga su responsabilidad diferenciada y de que la Secretaría también tenga su responsabilidad. La problemática es una sola y es: qué está pasando con el pasivo ambiental en las tratadoras; las generadoras, que mandan ese material sabiendo que no puede ser tratado; y el Estado, que tiene que controlar que esto se cumpla. Más allá de las responsabilidades penales, que las podemos determinar o no con las limitaciones que mencioné al principio, el objetivo es remediar y sanear. Nosotros queremos que pongan todos las patas en el plato para buscar una solución integral a la conflictividad del tratamiento del residuo peligroso. Porque si no va a haber una respuesta particular y la respuesta va a ser penal, y lo que está pasando es que abordás la problemática de una tratadora y te dicen "¿por qué a mí si la otra está peor?".

-Si el bien a resguardar es la salud pública, el Estado no debería tener la misma responsabilidad que las empresas.

-El Estado tiene una función de contralor. Hay que ver si la cumple bien o la cumple mal.

-¿Y cómo la cumple?

-Para eso estamos investigando. Por lo que quiero que quede claro es que las tratadoras son algo bueno. Antes de que existieran, las petroleras agarraban un pozo sumidero, tiraban todos sus residuos y nadie lo veía.

-Ahora se ven, como las piletas que allanaron días atrás en el parque industrial de Neuquén.

-No, ese es otro problema. En ese momento había otra legislación que les permitía tener cercanía a la ciudad. Esa legislación se modificó y esa planta hoy no puede estar en el lugar donde está porque encima al lado ahora tenés un asentamiento y ahí sí tenés una afectación a la salud pública. El horno pirolítico se tuvo que retirar porque no puede estar donde hay población pero quedó un pasivo ambiental terrible y el problema es que la única forma de tratarlo es químicamente. Yo fui al lugar en el allanamiento, caminé por arriba de ese residuo y la verdad que es impresionante. El problema es que tampoco lo podés trasladar porque implicaría camiones y camiones que pasaría por la ciudad con ese residuo generando una cadena de contaminación. Ahí hay un problema, que es cuando esa planta empezó a recibir más de lo que podía tratar y generó ese pasivo ambiental y segundo el organismo de contralor de esa época que miró para un costado mientras los camiones seguían ingresando.

En Añelo la situación es distinta. Están esas piletas y (para) cualquiera que saca una foto, como hizo Greenpeace, es impactante a la vista. Sobre todo a gente que no conoce. Vaca Muerta es algo que está muy lejos, la gente no lo ve y no sabe lo que pasa. Pero es mejor que esté ahí, se vea, se trate y se haga bien, que es lo que tendría que hacer la Secretaría de Medio Ambiente, a que eso que no se ve esté en el medio de las generadoras y que lo mande bajo tierra donde nadie lo ve. Por lo menos ahora se garantiza que eso se trata. Lo que impacta es que se ve. ¿Vaca Muerta se va a parar si cerrás las tratadoras? Definitivamente, no. Es un círculo vicioso. Y es un problemón para las generaciones futuras.

-Pareciera que el alcance de la fiscalía es muy limitado.

-Nosotros ya le elevamos al fiscal general José Gerez cuál es la herramienta. Nosotros no somos legisladores. Sí podemos hacer otras cosas. La propuesta es que la fiscalía pueda, como en otras provincias y otros países como Brasil, hacer acciones colectivas, amparos. Porque en materia constitucional sí hay un avance mayor que es la ley penal. A través de un amparo, la fiscalía en representación del pueblo, del Estado y de las generaciones futuras, puede pedirle a un juez, a través de medidas cautelares, un montón de soluciones que en materia penal no las tenemos porque la herramienta del derecho penal es la aplicación de una pena a una conducta contraria a la ley. Punto. Y no es el problema. El problema es la contaminación. Nosotros creemos que a través de una cautelar podemos obligar a todas las generadoras y a todas las productoras a buscar una solución a la problemática, a ver si con una inversión se puede hacer un tratamiento previo en el lugar de extracción y mandar a las tratadoras el material pre tratado para que sea mucho más fácil su proceso; un plan para el tratamiento de ese pasivo ambiental, etc.

-¿Cuáles son las penas que caben a quienes cometen delitos ambientales? ¿Hay sanciones económicas?

-No, son penas que, por culposa, son todos delitos excarcelables. Ni siquiera estaríamos mandando a la cárcel a alguien por este tipo de hechos. En Bandurria hubo una sanción económica y hubo un saneamiento del lugar. Te puedo mostrar todos los informes con filmaciones de cómo se hizo todo. Eso es algo que puede pasar, que un pozo "se te venga", como dicen los petroleros, y genere un derrame que se tenga que sanear. De lo que estamos hablando ahora es otra problemática. No es un accidente entre comillas, sino que es algo que vas a seguir teniendo siempre, que es un residuo peligroso y que es parte de la producción. Más allá de que paguen una multa, que de eso se encarga el Estado, yo no quiero que la multa termine siendo un canon a violar la ley y contaminar. Yo, como fiscal, lo que quiero es que además de la multa que tengan que pagar hagan una inversión seria para que esto no pase. Que puedan extraer petróleo, que es la principal actividad de Neuquén, pero garantizando un ambiente sano para el resto de los neuquinos.

-¿Cómo se podría dimensionar el pasivo ambiental que existe en la actualidad?

-Tenemos un pasivo ambiental que ahora estaría en el cuádruple (comparado con el año anterior). Pero como tuvimos la pandemia, lo cierto es que eso de alguna manera jugó a favor de esta problemática. Al parar la actividad, dejó de ingresar el residuo y eso permitió que se empezara a tratar el pasivo. No me animaría a decir que se pusieron al día porque es mucho lo que hay pero lo redujeron. Pero si no hubiera pasado la pandemia estaríamos a unos niveles terribles y si esto no se soluciona a corto plazo, que es lo que yo pretendo, dentro de cuatro años va a ser peor porque no hay una inversión en este sentido.