Claudio Lozano, economista y uno de los directores del Banco Nación, aseguró que el gobierno debe “establecer mecanismos regulatorios” como las retenciones, “que permitan diferenciar entre lo que es el precio internacional y el precio al cual se venden” los alimentos “dentro de la Argentina. Advirtió que “también hay que intervenir en el resto de la cadena, porque muchas veces uno le pisa el precio al productor con las retenciones, y luego el resto de la cadena sigue inflándolo, porque tienen una capacidad de fijación de precios importante”.

“Esto lo hace cualquier país razonable, cualquier país aprovecha la ventaja de la que dispone”, aseguró Lozano en diálogo con y remarcó que “tenemos una ventaja respecto al resto del mundo, que es tener la posibilidad de garantizar alimentos a precio razonable y por debajo de la media mundial y no la aprovechamos; terminamos pagando los alimentos incluso más caros que en otros lugares del mundo, es como si los estuviéramos importando”.

El ex diputado nacional consideró que “un país que es exportador de alimentos o de insumos para la generación de alimentos como Argentina, lo que efectivamente tiene que hacer es desacoplar los precios internos de los internacionales y uno de los mecanismos para hacerlo son las retenciones”.

“El otro, es asegurar que el dólar interno no se devalúe como se devaluó durante el 2020 por encima del resto de los precios; el dólar creció a pesar del aumento en los precios internacionales, que son aumentos del 100%, del 80% del 88% en trigo en maíz y en soja, que no son aumentos menores”, indicó.

Esta semana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al tema y sostuvo que el país necesita que los productores “exporten porque necesito dólares que entren” aunque aclaró que “lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales, ellos no producen en dólares”.

“Sería absurdo que el presidente, a la luz de lo ocurrido durante el año 2020 en el marco de lo que ha sido la experiencia de la pandemia en la Argentina y con el grado de deterioro social que nuestro país atraviesa no ubicara el problema que tenemos con el precio de los alimentos”, disparó Lozano.

Para el economista, con una inflación del 36.1% y con un crecimiento del 45% de la canasta alimentaria vinculada a la línea de indigencia en 2020, “el impacto que esto tiene sobre los sectores más postergados de la sociedad argentina es brutal”.

Además de establecer retenciones o cupos, Lozano planteó que “hoy en el marco de los grados de concentración que existen en el segmento de la agroindustria y de intermediación, concretamente de hipermercadismo, muchas veces estableciendo retenciones no necesariamente se resuelve el problema; también hay que intervenir en el resto de la cadena, porque muchas veces uno le pisa el precio al productor con las retenciones, le coloca un precio interno menor y luego el resto de la cadena sigue inflándolo porque tienen una capacidad de fijación de precios importante”.

El otro punto que analizó el director del Nación es la necesidad de tener alimentos baratos para que “parte importante del gasto de las familias vaya a demandar industria”.

“Si tenemos alimentos caros y energía cara, de hecho los combustibles aumentaron 34% entre agosto del 2020 y enero de este año, lo que no tenemos son condiciones para el desarrollo industrial y productivo”, señaló y agregó que “el otro elemento es la recomposición del poder adquisitivo, y si los alimentos siguen subiendo no hay poder adquisitivo que aguante, que es lo que está mostrando la Argentina”.

Los dueños de los dólares

La implementación de mecanismos de regulación para el comercio exterior se inscribe en una puja de poder entre los grandes consorcios agroexportadores de capital extranjero, y un Estado que perdió peso con las políticas neoliberales y que actualmente no logra hacer pie, como en el caso Vicentin.

Lozano explicó que “los actores que forman parte del segmento exportador tienen una capacidad de condicionamiento muy alta” y esto se debe a que este sector “es dueño de las divisas y los dólares en la Argentina, que son un elemento sumamente preciado para la conducción de la política económica”.

A esto se suman “los procesos que han ido recortando el poder estatal y lo han ido sacando del juego, del manejo del comercio exterior argentino”.

“Es un poder que tiene que ser limitado, el Estado tiene que avanzar en la discusión de la oferta de divisas, por eso era tan importante la discusión que en su momento se dio sobre Vicentin, y es tan importante lo que termine ocurriendo, porque si esa empresa desaparece o cae en manos extranjeras esto concentra aún más y extranjeriza aún más el mercado agroexportador en Argentina”, aseguró.

De acuerdo al economista, el sector agroexportador tiene “una proporción muy importante de capital extranjero” y hay “50 empresas que son básicamente las dueñas de los dólares en la Argentina”, por lo que “cualquier gobierno que se precie, tiene que construir las condiciones de regulación para dar un debate sobre este tema”.

Fideicomiso privado

El gobierno avanza en un acuerdo con la industria aceitera y exportadora de cereales y oleaginosas para garantizar, a través de un fideicomiso privado, el abastecimiento de aceite comestible en el mercado interno a precios accesibles.

Para Lozano es algo que “no se ha experimentado, es una propuesta que hace el propio mercado para tratar de acercarse a un comportamiento racional, y si efectivamente lo garantiza, yo no tengo ningún inconveniente”.

“El problema con los mercados es cuando en función de una estrategia de rentabilidad desmesurada subordinan al resto de la comunidad a una situación absolutamente inaceptable que es lo que termina pasando con el asunto del aceite, porque Argentina tiene una capacidad de producción de aceite monumental que nos permitiría tener aceite a precios absolutamente razonables y tenemos aceite con precios en las nubes, porque pagamos el precio internacional”, explicó.

Y remarcó que “si el fideicomiso sirve, bienvenido sea, de lo contrario las retenciones y los cupos son mecanismos razonables a aplicar”.