“Mi vieja está muy enojada conmigo”, le comenta un efectivo de la Policía Federal aDaniel “Tano” Catalano, dirigente de ATE Capital, en el contexto de una negociación para evitar ser reprimidos mientras marchaban. “Venimos hace unos meses acompañando a los jubilados de ATE para darles la mayor protección posible, están poniendo el cuerpo y no podemos mirar al costado”, dice Catalano.

Una protesta de grupos de jubilados que hasta hace unos meses consistía en instalarse frente al Congreso y luego dar una vuelta al perímetro del palacio para reclamar por los déficit históricos de la clase pasiva que con el gobierno de Milei se han agravado como nunca antes, se convirtió en una confrontación semanal donde las Fuerzas federales hacen exhibición de una crueldad que en su pico máximo de violencia hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, que permanece en terapia intensiva desde el 12 de marzo.

Temprano por la mañana los efectivos vallan las inmediaciones del Congreso cortando varias calles para impedir que la protesta de los jubilados… ¡corte las calles! Varios centenares de miembros y todo tipo de vehículos de las distintas fuerzas se ubican en los alrededores y hacen uso de las instalaciones del anexo ubicado enfrente del palacio, habilitados por Martín Menem, como si fueran una tropa de ocupación que usan esos espacios como base de operaciones ante la mirada de los diputados que no aciertan con encontrar una forma de contrarrestar un uso de la represión que está fuera de toda norma política y de convivencia democrática.

“En la Argentina actual, el ejercicio del derecho a manifestarse ha sido convertido por el propio Estado en una escena de conflicto y criminalización sistemática”, dice la diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik. “En una democracia, la protesta no debería ser una amenaza. Debería ser, en todo caso, una expresión vital de su funcionamiento. Sin embargo, en la Argentina actual, el ejercicio del derecho a manifestarse ha sido convertido por el propio Estado en una escena de conflicto y criminalización sistemática. El poder interpreta al pueblo movilizado no como sujeto político legítimo, sino como enemigo interno. La protesta se vuelve delito. La presencia popular, un obstáculo. La calle, un territorio hostil para quienes disienten”.

“No puede ser que los jubilados no puedan reclamar tranquilamente como lo venían haciendo hasta hace unos meses y no se generen discusiones en la Cámara de Diputados que permitan el tratamiento de algunos proyectos como la actualización del bono que no se pudo tratar por falta de quórum, o algo que permita recuperar lo que se perdió en la devaluación de diciembre del 2023”, dice Nicolas Caropresi, dirigente de la Union de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “Hay una ausencia total de sensibilidad de parte del gobierno. La única respuesta que tiene es reprimir con las cuatro fuerzas federales en despliegues completamente desproporcionados, golpeando, gaseando y violentando a los viejos. Eso hace que los organismos que nos sentimos parte del campo nacional y popular tengamos que acompañar ese reclamo aunque sea para proteger la integridad física de los jubilados. Quieren generar miedo y espantar a otros sectores de la población y aun no entramos en la discusión de la Reforma Jubilatoria que este gobierno le prometió al FMI. Claramente la política de superávit fiscal está basada en pisarle la cabeza a los sectores más vulnerables principalmente a los jubilados y la niñez, como vemos en Capital Humano que desactivaron todos los planes dirigidos a la niñez y ahora lo estamos viendo en su expresión más cruda con lo que está sucediendo con el Hospital Garraham”, afirma Nicolas.

“Luego de la represión del 12 de marzo en la que fue herido gravemente Pablo Grillo, Milei y Bullrich buscaron instalar la idea que se reprime a kirchneristas, barrabravas, agitadores de izquierda y delincuentes, porque reconocer que reprimen a jubilados es bastante indigno y lo tienen que justificar buscando categorías que a un sector de la sociedad argentina le parece legítimo reprimir”, afirma Sabina Frederic,antropóloga, ministra de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández, entre 2019 y 2021.

“Es absolutamente inusual e inédito que durante tanto tiempo las fuerzas de seguridad federales realicen tareas de choque y control de manifestaciones y represión en la Ciudad de Buenos Aires que dejó de ser jurisdicción federal hace ya varios años cuando se traspasó la seguridad de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad en 2017. Hace más de un año y medio que nos encontramos con despliegues descomunales con un Congreso sitiado, algo que tiene un punto de inicio en la represión de 2017 durante el gobierno de Macri. Esta cuestión no es legal porque no le corresponde a las fuerzas federales, solamente tienen jurisdicción al interior de los edificios del Estado Nacional pero no más allá de la vereda”, dice Sabina Frederic, autora de “la Gendarmería desde adentro”, un libro que es el resultado de 10 años de investigación sobre la fuerza.

“Creo que el nivel de desgaste del personal de las fuerzas es altísimo, no solo por la intensidad de los operativos masivos, también porque en definitiva reprimen a los jubilados, algo muy complicado de justificar. Hay que volver a la casa y tener eso en la cabeza. Además están cobrando salarios miserables. Cada vez encontramos más policías que se quejan, que tienen que hacer adicionales o manejar Uber, trabajar en otra cosa por fuera, algo que no está permitido. Todo eso junto es un combo explosivo. Por ahora, salvando la situación de Grillo, que utilizaron por fuera del protocolo de uso proyectiles de gas lacrimógeno, no han usado armas letales, están usando abusivamente gases disuasivos e irritantes, que no sabemos qué lesiones posteriores pueden generar. Si esto sigue de este modo está la probabilidad de que haya más hechos como el de Pablo Grillo o peores. Es una situación muy riesgosa. Bullrich sigue dándole a la matraca empujándolos a cometer irregularidades de las que luego en los tribunales los únicos imputados son los efectivos, lo que no quita que no sean penalmente imputables, pero de las que el poder político se desentiende. Bullrich no tiene ningún sentido de responsabilidad de sus decisiones, siempre la culpa es de otro.”

“No es casual ni aislado. Jubilados reprimidos frente al Congreso. Trabajadores perseguidos en sus reclamos. Periodistas hostigados por cubrir lo que sucede. Delegados de organizaciones sociales amenazados o directamente judicializados. Cada miércoles, cada protesta, cada movilización, el mismo patrón: la represión como respuesta política.

Cuando la protesta se convierte en delito, el miedo pasa a ser política de Estado. Y eso tiene consecuencias profundas. La represión no es solo la imagen de un policía levantando un bastón contra un jubilado. Es la expresión de un Estado que se posiciona frente a su propio pueblo como si fuera una amenaza. Es el síntoma de un proyecto que no busca representar, sino someter”, define con certeza Lorena Pokoik.