Hubo una vez un país con un desarrollo industrial y proyecto de crecimiento (y porque no, justicia social).

Hoy recorrer las orillas de la Cuenca Matanza Riachuelo es ver los fantasmas que quedan de ese pasado. Ruinas de fábricas, areneras, emblemáticas metalúrgicas y frigoríficos, barracas, areneras, evidencias de algo que fue destruido sistemáticamente, dejando a una clase trabajadora totalmente desarticulada y bajo la cruel intemperie.

A ese panorama se suma la última decisión de la Corte Suprema de dar por terminada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en julio de 2008 que imponía un Plan Integral de Saneamiento Ambientaly ordenar que se archiven los legajos que componen la causa.

La Corte no puede argumentar que el daño ambiental ha cesado puesto que el plan aún no se ha ejecutado en su totalidad y precisamente se basa en pilares que el mismo tribunal había establecido: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales, saneamiento cloacal, plan sanitario de emergencia y reubicación de los asentamientos más comprometidos.

La socióloga investigadora del Conicet Gabriela Merlinsky dice en un análisis publicado en eldiarioAR: “La cuenca Matanza Riachueloes mucho más que un cauce contaminado, es la expresión visible de las fallas y las promesas incumplidas del modelo de desarrollo argentino. Como primer destino de los inmigrantes en el siglo XIX, como espacio portuario-industrial a mediados del siglo XX y desde siempre, como sitio de descarga de actividades contaminantes y lugar de localización de asentamientos populares, el Riachuelo forma parte de un imaginario urbano que -con cierto fatalismo- evoca la contaminación y la degradación ambiental”.

En 2008 la Corte Suprema dictó una sentencia que estableció una política de largo plazo para la recomposición ambiental en un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que involucró a los estados Nacional, Provincial y municipales a establecer un plan de carácter integrado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Cuenca. Esto condujo a la formación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, un organismo sin precedentes en nuestro país, que pese a limitaciones políticas y financieras realizo una tarea titánica y permitió sentar bases como referencia para políticas ambientales.

La causa por el saneamiento del Riachuelo que determinó la acción de la Corte comenzó en 2004 cuando un grupo de vecinos/as y trabajadores/as de Villa Inflamable (Avellaneda), entre ellas Beatriz Mendoza, realizaron una demanda por daños a la comunidad y al ambiente, siendo uno de los principales factores de la denuncia la alta contaminación ambiental manifestada en casos como la presencia de plomo en sangre principalmente en niños. Algo que puso en evidencia como muchas veces las políticas públicas pueden ser el resultado de una acción colectiva surgida a partir de conflictos sin atención.

La decisión de la Corte Suprema provocó varios rechazos. Los vecinos de la Cuenca elaboraron un extenso documento dirigido a los jueces de la Corte donde se destacan párrafos como el siguiente:

“Para nosotros, vuestra conducta es de un absoluto descompromiso con el ambiente, con los ciudadanos a quienes el daño ambiental ha perjudicado en su salud y seguirá perjudicando con esta actitud. Nos deja en absoluto grado de desamparo cuando la derivación a diferentes tribunales afectará nuestra posibilidad de acceso a la justicia a tan poco de que muchas de las obras proyectadas estaban a punto de concretarse ( viviendas, Parque Curtidor, Sistema Riachuelo, etc.), para, como ustedes proponen en la propia sentencia, mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca. Todo esto importa una fuertísima regresión ambiental”.

En el punto 4 del documento expresan con claridad:

“Ustedes saben, porque es público, que el gobierno nacional desjerarquizó el área ambiental, desfinancia programas de salud, ambiente, desarrollo y obras públicas, repudia los ODS y niega el cambio climático, causa de problemas en la cuenca, por tanto resulta inexplicable por más palabras bonitas judiciales que se digan, entender lo decidido”.

Los mismos vecinos junto a otras organizaciones, el miércoles pasado se movilizaron a la sede de ACUMAR en la ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio solicitando información sobre las acciones futuras del organismo que prácticamente ha abandonado muchas de sus actividades principalmente en el área de salud y limpieza y está siendo desmantelado .

Por su lado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) emitió un duro documento, que destaca, “Ejecutar una sentencia estructural que persigue una política pública fundamental como es el saneamiento ambiental de una de las cuencas más contaminadas de la Argentina tiene un alto grado de complejidad. Justamente, por eso, se amerita un esfuerzo titánico en el monitoreo de la sentencia. El archivo de la causa, tal como lo ha propuesto ayer la Corte, representa lo contrario: una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia del año 2008 que hoy, 16 años después, permanecen mayoritariamente incumplidos”.

“Este era un final anunciado”, dice Gustavo Cañaveral, arquitecto, que participa desde el inicio en la causa y conoce todos sus vericuetos. “Gracias a la causa Beatriz Mendoza y a los pibes con plomo en sangre, se pudo acceder a créditos del Banco Mundial para obras que benefician a los desarrolladores inmobiliarios lavadores de guita. Una causa noble que se convierte en un choreo premium. Esto es la planificación urbanista de la desigualdad, el ejercicio de la necropolítica, el capitalismo depredador que no contempla a los sectores populares.”

“Como muestra de esto ahora celebran la vuelta de la navegabilidad en algunos sectores de la Cuenca. Pero es una navegabilidad adecuada a una empresa turística y a la práctica del remo, y no se tuvieron en cuenta distintas propuestas que habíamos hecho de establecer estaciones de transporte fluvial como opción al área metropolitana con lanchas con motores eléctricos e iluminación solar cero contaminación y con tarifas accesibles igual que en el Tigre para la población local.

La decisión de la Corte es la confirmación de lo que desde hace tiempo veníamos observando a través de la forma de utilización de los créditos de organismos internacionales que deberían haber sido destinados en primer lugar a los habitantes de las barriadas populares de la Cuenca pero terminaron beneficiando a otros sectores. Esta decisión de la Corte le da a Javier Milei lo que precisa para suspender toda la obra pública, abandonar lo que podría servir a la integración de barrios populares, los planes de vivienda y la lucha contra la contaminación industrial”.