Gimena Moncada guarda en cajones las plantas de cebolla de verdeo recién cosechadas. Lleva en su espalda con naturalidad a Leydi, su pequeña hija que posee una mirada firme y curiosa. En otro sector, su compañero Juan Alvarado, junto a un ayudante, acarrea los cajones de espinaca a la espera del camión que pasarán a retirarlos en un rato.

Ambos trabajan la quinta de tres hectáreas en el cordón frutihortícola de La Plata donde alternan los cultivos de acuerdo a la época; tomates, berenjenas, repollos, ajíes y acelgas principalmente. Los últimos meses han padecido complicaciones climáticas que cada vez son más comunes: inundaciones, granizo y temperaturas extremas que se suman a las precarias condiciones en que mantienen un arduo sistema productivo.

Hace poco sufrieron el incendio de su casa de madera. Los propietarios no permiten que los arrendatarios construyan viviendas de material, lo que además no sería rentable por la incertidumbre frente a los alquileres que se renuevan en el mejor de los casos cada dos años.

Durante la jornada que realizaron varias organizaciones para celebrar el Día de la Pachamama el 1 de agosto pasado en el Parque Pereyra Iraola de La Plata, Albina Vides, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) subrayó que el acceso a la tierra es uno de los principales problemas que enfrentan los campesinos. “A nivel nacional venimos luchando contra los desalojos en distintas provincias, Salta, Chaco, Corrientes, es algo realmente grave. Necesitamos una ley de acceso a la tierra por la que venimos reclamando hace años. Una de las razones, además de la posesión con el que ello significa, es la posibilidad de desarrollar proyectos agroecológicos sostenidos que la incertidumbre de los alquileres no nos permite. Hoy estamos sujetos a los agroquímicos y a las empresas que nos venden las semillas y los productos” dice Albina.

“En la ceremonia agradecemos a la Pachamama, nuestra Madre Tierra todo lo que nos brinda y le pedimos por el deseo más anhelado que es tener nuestra tierra propia y poder cuidarla mejor. Además es un buen motivo para encontrarnos con todas las compañeras y compañeros y fortalecernos año tras año”, sintetiza Albina refiriéndose al evento que los convoca.

El cierre del INAFCI fue anunciado en marzo por el vocero presidencial Manuel Adorni, celebrando el despido de 900 empleados del Instituto. Lo que no aclaró fue que esos empleados asesoraban a 250 mil productores en todo el país para el cultivo de alimentos y la cría de animales. Colaboraban, entre otras tareas, en el acceso a la tecnología y a las mejoras en la infraestructura productiva, en el desarrollo de ferias, en el mantenimiento de sistemas de riego o en la articulación entre las familias productoras y entidades locales como las iglesias, las escuelas y los municipios. Muchas provincias y municipios bajo el paraguas del INAFCI habían armado áreas y sistemas para desarrollo de proyectos que corren riesgo de desaparecer.

No solo las organizaciones de base como laUnión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino (FNC); la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Mesa Agroalimentaria Argentina; que nuclean a casi todas las organizaciones del sector, repudiaron el cierre, también La Federación Agraria Argentina calificó como un "error" la medida.

Miguel Gómez Humbert, expresidente del Instituto describe: “El INAFCI garantizaba la visibilización y participación de la agricultura familiar en la vida pública. Quiero hacer hincapié en esto, porque obviamente mucho fue el financiamiento productivo a través del trabajo con otros organismos como la DIPROSE y el INTA, pero esto de garantizar la participación de un sector históricamente invisibilizado y negado es fundamental. Los sectores privilegiados de la ruralidad argentina siempre han tenido las herramientas para incidir políticamente, a veces hasta en detrimento de la democracia. Equilibrar la incidencia política de la ruralidad Argentina es clave para el desarrollo armónico de nuestro país.

Hoy han eliminado todos los mecanismos de financiamiento productivo del sector, pero también han coartado la posibilidad de participación pública. Es muy difícil para una productora que vive en los cerros llegar con sus reclamos e ideas a quienes deciden. Garantizar eso requiere organización social y financiamiento. Estamos hablando no solo del derecho de cada ciudadano de participación, sino de garantizar el desarrollo equilibrado, plural, diverso, de nuestra democracia. Hoy esta discusión parece lejana, porque retrocedimos décadas, pero no hay que dejar de plantearlo. Los y las trabajadores/as del INAFCI garantizaban el armado, seguimiento y rendición de esos proyectos en todo el país. Hoy no hay ninguna forma para que una cooperativa del sector arme o desarrolle nada. Si un productor se inunda o tiene alguna otra emergencia climática, pierde todo y se tiene que ir del campo. El INAFCI integraba todas las políticas públicas para el sector, coordinando con el SENASA, el INTA, el INASE, el MINCyT, Obras Públicas, etc. Las políticas integrales son fundamentales, además de muchísimo más eficientes. El Estado ausente es la desprotección total para los ciudadanos y la garantía del desarrollo desigual.

Julián Domínguez fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Consultado por expresó: “No se puede volver la discusión 30 años atrás. Es fundamental complementar el desarrollo del modelo agropecuario tradicional de producción intensiva y extensiva con una estrategia de generar el mayor proceso de industrialización y valor agregado. En simultáneo las políticas públicas hacia la agricultura familiar y pequeños productores tienen que ser de una agresividad e intensidad que permitan fortalecer y potenciar sus capacidades como contracara a un modelo neoliberal. El abandono que hace este Gobierno de este sector expresa un desprecio por la condición humana, no solamente por un modelo de producción sino por lo que representa el sentido comunitario de la actividad. La promoción de la agricultura familiar es parte constitutiva de una concepción humanista y comunitaria que requiere gestión pública, compromiso y articulación. La agricultura familiar tiene que ser un modelo de gestión de desarrollo que permita dar respuesta al autoabastecimiento alimentario de calidad de nuestras comunidades. También tiene que ser un factor educativo, hay un caudal de conocimientos que vienen de generación en generación que no podemos perder.

La promoción de la agricultura familiar debe ser una revolución de liderazgo institucional que pueda dar respuesta a los altos niveles de pobreza y subalimentación de nuestro país”.

Entre los participantes de la ceremonia a la Pachamama está Matías Bohl, miembro de la Federación Nacional Campesina. “Desde los años 90 a hoy se estima la pérdida de 450 mil unidades productivas a causa de la concentración absoluta de la tierra y la producción”, asegura contundente, “miles de familias campesinas y pequeños productores han sido expulsados por la integración entre los grandes tenedores de tierra y los capitales que ingresaron en alianza con multinacionales y monopolios del agronegocio, extendiendo la frontera agropecuaria y agrícola dejando un campo sin campesinos ni alimentos, produciendo commodities, batiendo récords de cosecha de granos mientras tenemos cerca de un 60% de pobreza y uno de cada dos niñas y niños carecen de los nutrientes necesarios para su normal desarrollo. Este es un modelo que está en las antípodas del concepto de agricultura familiar. Obviamente hay diferencias entre los distintos gobiernos. No es lo mismo lo que sucedió durante los gobiernos de Cristina Fernández y de Alberto Fernández que la agricultura familiar tuvo un gran impulso gracias a la lucha de las organizaciones que bajo las administraciones de Macri y Milei que potenciaron y aceleraron al máximo la desaparición de los pequeños productores. Esos avances que competían en forma muy relativa con el modelo dominante fueron eliminados en los primeros 6 meses del gobierno de Milei con graves consecuencias . Se desactivo el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena(INAFCI), se rumorean despidos en el INTA, se desfinanció el SENASA, lo que no es solo un problema para los campesinos, sino que pone en riesgo la alimentación de las ciudades en calidad, cantidad y salubridad porque se eliminaron controles”.

Matías sostiene, “es necesario generar una política agraria que contenga la defensa de los recursos naturales, la distribución y el acceso a la tierra, mecanismos para la comercialización externa e interna, regulación de los precios principalmente para el consumo interno y que se promueva una forma de producción sustentable junto a una política de desarrollo y de la industria nacional. Es necesario construir desde abajo, desde las organizaciones y los territorios, un programa y una fuerza política que acceda al Gobierno para llevar adelante las transformaciones necesarias”, define Matías, “sin esto vamos a seguir dando vueltas a la calesita sin poder resolver esta contradicción entre modelos antagónicos de país”.