En noviembre se vence la vigencia de la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, una norma que suspende los desalojos y ordena la realización de un relevamiento. La ley ya fue prorrogada en tres oportunidades, la última en 2017, y ahora se pide, además, la ampliación del presupuesto adjudicado para que se pueda implementar.

La Ley 26.160 fue impulsada en 2006 por la entonces senadora Alicia Kirchner y ordenaba la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por las comunidades, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal ?n, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.

En un extenso comunicado, la Confederación Mapuche de Neuquén, una de las organizaciones convocantes, dejó sentada su posición: “A 15 años de vigencia de ésta Ley, estos objetivos no se han cumplido: los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que se pueden prever y en relación al relevamiento de los territorios más del 50% de los territorios no se han relevados y de las tierras relevadas un importante porcentaje ha sido mal relevadas. No hay mecanismos para corregir las tareas mal realizadas ni tampoco hay vías de reclamos claras para denunciar”, dice el documento.

También destaca que “no podemos seguir mendigando una nueva renovación de una ley cuando está demostrado que no hay voluntad política de aplicarla. Hasta ahora han prevalecido los intereses de los gobiernos provinciales que pretenden seguir aplicando un modelo de explotación y expoliación de los territorios. El gobierno federal no ha asumido un compromiso serio en su aplicación al no tener en su agenda la deuda histórica con las naciones originarias. De manera que solo la capacidad de movilización, denuncia y oposición a los planes de muerte que planifican sobre nuestros territorios de vida es la garantía de nuestra supervivencia”.

Los representantes de las diferentes comunidades, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichi, Pilaga, Qom, Mocovi, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aimaras, Lules, fueron recibidos por diputados y diputadas del Frente de Todos, encabezados por Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva (Salta), Paula Penacca (CABA), Ayelen Spósito (Río Negro), María Rosa Martínez (Buenos Aires) Lucila Masin (Chaco), Hernán Pérez Araujo (La Pampa), entre otros, en un encuentro que se desarrolló en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.

También participó del encuentro la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), María Magdalena Odarda y el Director de Tierras del Instituto Alejandro Marmoni.

Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, destacó que hace cuatro años estaban en el mismo lugar tratando la misma problemática en el contexto de un gobierno más adverso. Además, planteo la difícil situación humanitaria que se está viviendo en el conflicto enla lof Quemquemtrew y las dificultades para dialogar con las autoridades de la Provincia de Río Negro.

Miriam Liempe, de la Comunidad Mapuche y secretaria de los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, al finalizar la reunión dijo: “Los legisladores se comprometieron a tratar la prórroga de la ley 26.160, trabajar para que tenga quórum y pedir presupuesto para que la ley se haga efectiva. Acordamos tener un diálogo permanente y los pueblos se declararon en asamblea permanente, en expectativa y alerta. Los diputados dieron por descontado un trámite fluido en Senadores pero en la Cámara Baja están teniendo más dificultades para alcanzar el quórum como se vio ayer (por el martes). Los pueblos respondieron que la movilización continuará hasta que se apruebe”.