En rechazo a la fuerte represión del Gobierno colombiano a las manifestaciones pacíficas en protesta contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, se realizó ayer una movilización frente a la embajada de Colombia en Buenos Aires convocada por residentes colombianos en Argentina y diferentes organizaciones.

De acuerdo a datos de Temblores, una ONG defensora de los derechos humanos, durante las jornadas de protestas de los últimos días fueron asesinadas 31 personas por miembros de la fuerza pública.

“Existe una directriz interna en los organismos de la Fuerza Pública de atacar la vida y la integridad de las personas que salen a las calles a reclamar sus derechos. Colombia está atravesando por una gravísima situación de derechos humanos: el Estado colombiano declara la guerra armada en contra de los manifestantes pacíficos”, denunció la ONG.

Las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque comenzaron el domingo 28 de marzo y a pesar del retiro de la Reforma Tributaria no cedieron y se extendieron a varias ciudades. Desde el principio, el paro convocado por organizaciones sindicales, sociales, indígenas y estudiantiles aglutinó un descontento que iba más allá de la propia reforma tributaria. Incluía la situación social calamitosa, producto de la pandemia que aumentó aún más la pobreza, que supera el 40 %, y el hambre entre los sectores más pobres.

Humberto Correa Gómez, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajadores de Colombia y dirigente de Utradec, el sindicato de los trabajadores publicos, debió abandonar su país luego de aparecer en una lista de más de 130 ciudadanos espiados por los militares en una operación que llaman “perfilamiento”, que implica la búsqueda y recolección de información sobre estas personas y sus familias.Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación, forman parte de estos perfiles que son utilizados para coaccionar la actividad de políticos, dirigentes sociales y sindicales y periodistas.

La gravedad del hecho, que fue descubierto y revelado por periodistas del New York Times (que también estaban en esas listas), provocó que Humberto Correa debiera abandonar el país con su familia y actualmente se encuentra en Buenos Aires con el apoyo solidario de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE).

Humberto Correa Gómez fue perseguido principalmente por su actividad en aportar datos junto a su equipo al Informe de la Verdad, llevado adelante por la Comisión de la Verdad formada durante los acuerdos de las FARC con el expresidente Juan Manuel Santos.

Ese informe sobre la violencia política está listo para darse a conocer y da cuenta de los 3.760 dirigentes sindicales asesinados entre 1973 y 2020 y de 15.600 casos de violencia antisindical en ese mismo período.

Humberto Correa Gómez, presente en la movilización en la Embajada de Colombia decía: “hemos llegado a esta situación de protesta por la violencia de un narcoestado asesino y hostigador de todos los movimientos sociales, por el incumplimiento de los acuerdos del proceso de paz, por el empobrecimiento del pueblo frente a un estado indolente e insensible. Había muchos elementos para una movilización social. La Reforma Tributaria fue lo que hizo explotar algo que estaba latente porque atenta contra los sectores más pobres y medios encareciendo los productos básicos de alimentación. Llamamos a un SOS porque se está produciendo una represión feroz contra el pueblo con el silencio complice de los medios representantes de las corporaciones y la oligarquía colombiana”.