Por lo que puede observarse de la designación de moderadores/as para los debates televisivos entre candidatos presidenciales, que se realizarán próximamente y por primera vez son obligatorios en virtud de una ley sancionada hace casi tres años, el desempeño de tal función requiere algunas condiciones básicas:

- Ser famoso/a, de tez blanca y rasgos faciales occidentales.

- Trabajar en medios porteños y antikirchneristas.

- Preferentemente, ser un/una periodista ultra-antikirchnerista.

Como puede apreciarse, ninguna de las condiciones tiene algo que ver con valores pluralistas ni democráticos ni de respeto al federalismo. Expresan todo lo contrario a mostrar la diversidad de la sociedad argentina tanto en sus múltiples ideologías como en sus riquezas y particularidades territoriales, culturales, étnicas, estéticas o intelectuales.

La ley que estableció la obligatoriedad de los debates -es una ley modificatoria del Código Electoral- fue sancionada en noviembre de 2016, hace casi tres años, en el apogeo del macrismo. Mientras la devastación nacional estaba en marcha pero los poderes mediáticos se lo ocultaban a la opinión pública y la mayoría de la “oposición”, con excepción del kirchnerismo y la izquierda, le votaba todo a favor en el Congreso a la derecha gobernante.

El texto legal define que la Cámara Nacional Electoral (CNE) es la “autoridad de aplicación” de las disposiciones de dicha ley, y “está facultada para reglamentar todos los aspectos inherentes a la realización de los debates”. (La norma lleva el número 27.227 y en el sitio oficial de información legislativa InfoLeg se accede al texto completo de la ley). 

A su vez, la CNE creó un Consejo Asesor y, una vez que se supo -después de las elecciones primarias- quiénes serían los aspirantes presidenciales que finalmente van a debatir por TV, mantuvo consultas con negociadores que los postulantes designaron a tal efecto. En esas conversaciones, “los representantes de los candidatos acordaron que fueran definidos por la Cámara Nacional Electoral” (punto 2 de la resolución de la Cámara Nacional Electoral). 

Para el primero de los debates, a realizarse el próximo domingo (día 13) en la Universidad Nacional de Santa Fe, fueron designados “moderadores” María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisella Vallone, Guillermo Andino.

En el segundo, que tendrá lugar en la Universidad de Buenos Aires una semana después (el domingo 20), y cuando, a su vez, esté faltando una semana para la elección, las/los “moderadores” serán María D’ Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. 

Para el caso, esta vez improbable, de que hubiera un balotaje o segunda vuelta electoral, esta se realizaría el 24 de noviembre y el debate sería el domingo anterior (17/11). En tal ocasión, se desempeñarían como “moderadores” Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.

Buenos Aires y “el interior” 

En un repaso de las trayectorias profesionales de las/los elegidas/os, se destaca que todas/os se desempeñan en medios de comunicación de la Capital Federal. Gisella Vallone es la menos conocida por la opinión pública en general porque es una periodista santafecina, incorporada durante la etapa macrista a la programación emitida desde Buenos Aires por la Televisión Pública.

Similar es el caso de Alberto Lotuf, quien es un periodista muy conocido en Rosario pero suele ejercer su profesión en la Capital Federal. Por ejemplo, hace varios años conduce los domingos a la mañana un programa en radio Continental.

Vallone y Lotuf son, según los criterios de selección, quienes representan al “interior” del país. Ella es santafecina de la capital (ciudad de Santa Fe) y él rosarino. Ese es todo “el interior” representado en las/los seleccionadas/os. Pero además los dos pasan la prueba de fuego de haber transitado por medios porteños. Si no, tampoco podrían estar allí.

La idea básica, el concepto, la noción de fondo que sustenta semejante burla a cualquier criterio de respeto a la diversidad de identidades federales, está dicha explícitamente en la resolución de la CNE que nombró a las/los elegidas/os. Allí (en el punto 5), expresa que “se consideró que lo (SIC, está escrito en singular, como se puede ver en el documento original linkeado más arriba) moderadores deben ser conductores de programas periodísticos de canales de televisión de alcance nacional”. 

Exactamente ese es el problema: el “alcance nacional”. En este país de centralismo extremo, tanto en lo demográfico como en la infraestructura física, la estructura económica, el poder político, la cultura, el entretenimiento y el sistema comunicacional, solo son “de alcance nacional” los canales de TV porteños y hegemónicos. Esos son los medios audiovisuales que, mediante distintos soportes tecnológicos, pueden ser vistos/escuchados prácticamente en todo el territorio argentino.

Por lo tanto, esta producción televisiva con importancia política sobresaliente, hubiera sido una ocasión óptima para que, por los mecanismos que fueran -por ejemplo un sorteo, o cualquier otro que pudiera evaluarse- se seleccionaran periodistas de cualquiera de las provincias argentinas. En La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego o Chaco (por nombrar arbitrariamente algunas) también hay profesionales de la comunicación capacitadas/os para la tarea requerida en los “debates”.

Además, según explica (también en el punto 5) la resolución del tribunal, “la condición de pertenecer a medios de alcance nacional tiene por fundamento que resulta deseable que sean personas reconocidas por el público a quien está dirigido el debate, es decir, a la ciudadanía de todo el país”. 

¿Qué aporta a la sociedad el hecho de ser “reconocidos por el público? ¿Para qué buscan el rating? ¿Desde cuándo la fama es un valor cívico y/o un aporte a la calidad de la democracia? Esa confesión de parte revela que este tipo de “debates” son un espectáculo y entretenimiento de masas que no fortalecen al poder democrático. (Este mismo columnista expresó su opinión hace un mes, también a través de . Nota del 09/09/19). 

Hegemonía e ideología de derecha

Como recién se menciona, tener “alcance nacional” es un atributo de poder que solo consiguen los medios hegemónicos o dominantes. No cualquier medio porteño sino solo unos pocos, poderosos, y todos -salva muy rara excepción- con un perfil editorial político de derecha o centroderecha. En lo esencial, medios de comunicación que son empresas comerciales, y por su lógica lucrativa de captar audiencias para ampliar su recaudación publicitaria reproducen las ideologías dominantes: emiten mensajes que “venden”.  

Se trata de grandes conglomerados empresariales, incluso con parte de su paquete accionario en propiedad de capitalistas extranjeros. Caso Grupo Clarín, que tiene entre sus accionistas a “GS Unidos, LLC; una compañía bajo el control indirecto de: The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, HHM Media New York Trust, The LRP New York Trust”, según se informa en la página web oficial del grupo. O también caso Telefe, actualmente propiedad del consorcio norteamericano Viacom. (Información oficial de la empresa, noviembre/2016). 

Ese tipo de empresas alcanzaron posiciones dominantes en el mercado audiovisual entre otros motivos por sus relaciones promiscuas, corruptas y hasta criminales con diferentes gobernantes (la situación más difundida fue la apropiación de Papel Prensa en sociedad con la dictadura, que permitió al antiguo diario Clarín dar un salto cualitativo hacia su infinita expansión como grupo empresario capitalista). Por eso desarrollan economías de escala suficientes como para implantarse en las audiencias de casi cualquier parte del territorio argentino.

De allí que todas/os las/los seleccionadas/os para “moderar” el debate sean famosas/os que se desempeñan en medios de comunicación porteños pero que en el resto del país son conocidas/os, percibidas/os y consumidas/os -y sus discursos internalizados y naturalizados- como si fueran de cualquier pertenencia local.

Ese perfil opuesto a principios de federalismo en la comunicación, se agrava porque todos/as actúan en empresas mediáticas antikirchneristas o directamente de derecha beligerante. Canal 13 (Santillán, Bonelli), Telefe (Pérez, Barili), América (Gutiérrez, Andino), Canal 9 (Canosa) y otros medios similares las/los demás (O’ Donnell, López, Vallone, Lotuf). Cada cual a su medida y con su estilo pero todos/as con la misma orientación político-ideológica.

La única excepción sería Rígoli, un conductor de C5N, canal de noticias que en los últimos años se convirtió en una trinchera antimacrista. Sin embargo, ese periodista no refleja el rasgo político que hoy caracteriza a la emisora de TV. Por el contrario, ha tenido pronunciamientos públicos no solo de crítica al kirchnerismo -como cualquiera tiene derecho a hacerlo- sino de miseria moral. 

Así ocurrió, por ejemplo, en noviembre de 2017, al opinar por Twitter de forma burlona y agraviante contra Cristina Kirchner porque ella mostró la foto de Santiago Maldonado -además de hablar del tema- en un acto de campaña (semanas antes había sido la elección en la que ella compitió como candidata a senadora). 

“Siempre ella pobrecita tan dolida con la fotito a mano en todo momento, enternecía ver esa tristeza sincera y profunda en su mirada”, publicó Rígoli en un tuit. Con esa falta de respeto se burló el ahora moderador del debate presidencial, que es el único de un medio antimacrista. (Información de El Destape. Nota del 27/11/17).  Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?

Los perfiles ideológicos, ideas y opiniones políticas de las/los “moderadores” seleccionados son perfectamente legítimos en ejercicio de las libertades más esenciales. Por la misma razón, es aberrante que hayan excluido y censurado a quienes son opositores a Macri, o tienen afinidad o identificación con el kirchnerismo. 

Fama sí, conocimientos no

Entre las/los elegidos/as, hay quienes exhiben su posicionamiento político de forma implícita, sugerida, sobria, y otras/os de manera más abierta y hasta alevosa. Todos/as ejercen su labor como desean o como pueden (quién sabe). 

Incluso, en uno de los casos, se trata de una profesional con solvencia en sus conocimientos y formación, que es María O’ Donnell. Otras/os, pueden tener cierta formación en menor medida. Varios/as tienen aptitudes y talentos propios de animadores/as y conductores/as de radio y televisión, pero escasos saberes sobre los temas políticos serios, o sea sobre lo que son profundamente las disputas de poder (algo que va mucho más allá de conocer chismes y anécdotas sobre las/los dirigentes).

Son, predominantemente, presentadores/as, comentaristas y entrevistadores/as de temas de actualidad. Eso no los descalifica para “moderar” los debates, sobre todo porque esta vez -a diferencia de 2015, cuando Luis Novaresio y Bonelli interrogaban a Daniel Scioli como opositores de derecha- su papel será muy acotado y poco relevante.

Sin embargo, si la selección se hubiera centrado en ponderar conocimientos sólidos en asuntos de política nacional a internacional, de estudios sociales, de economía, sociedad, temáticas provinciales; o sobre diversidades étnicas y culturales, derechos humanos, géneros, culturas (más allá de los espectáculos y entretenimientos masivos), etc. etc., se hubiera acudido a personas con mayores calidades intelectuales. 

Nadie puede saber de todo. Ni en el periodismo ni en otro oficio ni en ningún asunto de la vida. Pero para intervenir en debates entre candidatos presidenciales, la fama no es ningún atributo positivo. 

Además, en todo el país hay cientos o quizás miles de periodistas con conocimientos y solvencia conceptual muy superiores a la gran mayoría de las/los seleccionados. Solo que no son famosos porque no trabajan en medios “de alcance nacional” sino “del interior”.

Más aún: en los propios medios porteños hay cientos de profesionales de prensa sólidamente formados en temáticas de consulta a los candidatos presidenciales. Con estudios académicos y saberes muy por encima de la casi totalidad de las/los elegidos por la Cámara Nacional Electoral. Pero que no son famosos/as porque los públicos no los ven/escuchan en las pantallas de los canales de televisión más poderosos, debido a que laboran en medios gráficos, digitales, o aun televisivos o radiales pero en funciones de producción, edición o cualquier otra tarea que no los hace visibles para las teleaudiencias.

El cártel Clarín, una vez más

Por último, pero no por ello menos importante: lo más grave de la selección es que la dirigencia política representada en los equipos que, en nombre de los candidatos, negociaron con la Cámara Nacional Electoral, se someten una vez más al poder antidemocrático del cártel Clarín. 

Ese conglomerado empresarial mediático hace exhibición de su poderío mediante dos de sus empleados/as jerárquicos/as: María Laura Santillán y Marcelo Bonelli. Caras visibles -como muchos/as otros/as- de un aparato de mentiras, engaños, manipulación, ocultamiento de hechos de importancia pública, estafas informativas y acción psicológica sobre la opinión pública. Todo sujeto a las disputas de poder de la empresa en la cual -para la cual- trabajan.

En la cadena Clarín, el periodismo es la máscara, el disfraz, la fachada, la apariencia, el “envase” a través del cual son perpetradas minuto a minuto operaciones comunicacionales en función de los intereses del conglomerado empresarial propietario.

Que la dirigencia política, a través de los equipos negociadores de los candidatos -y en esto tiene particular responsabilidad el Frente de Todos-, le hayan reconocido legitimidad moral y política a Santillán y Bonelli para que en los debates presidenciales se pueda exhibir -una vez más- la impunidad del Grupo Clarín, es otra muestra del copamiento ideológico y funcional de las corporaciones por sobre las representaciones políticas.

La democratización de la comunicación dio un avance hacia el futuro hace justo 10 años, cuando se sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -fue el 10 de octubre de 2009-. Dicho avance fue saboteado hasta 2015 por las propias corporaciones mediáticas en complicidad con la corporación judicial. Así fue hasta que llegó al gobierno el régimen de derecha encabezado por Mauricio Macri, quien avalado por el Poder Judicial y el Congreso, en sus primeras semanas derogó de facto (mediante decretos presidenciales, como antes solo hacían las dictaduras) las cláusulas antimonopólicas de dicha ley.

Entonces, democratizar la propiedad y gestión del sistema mediático quedó otra vez como una tarea histórica pendiente hacia el futuro. Al menos, para quienes estén interesadas/os en esa lucha. 

Por el momento, tal como está estructurado actualmente, el poder comunicacional impone sus condiciones a la representación política, y uno de sus múltiples efectos es este: un debate televisivo de candidatos con moderadores/as famosos/as, porteños/as y antikirchneristas. Nada que ver con la democracia, el federalismo, la libertad de expresión ni el pluralismo de voces.