1-En los últimos tiempos el principal tema económico que ocupó la preocupación de la opinión pública fue el anunciado “tarifazo” a los servicios públicos, en especial el del gas, decidido por el gobierno nacional. Y la reacción parece lógica por la importancia del bien en debate, esencial para el bienestar de la población y para toda la economía argentina, ya que el gas representa el 54% de la oferta primaria de energía, y porque un aumento desproporcionado de su precio influye en el ingreso disponible familiar y repercute en todos los demás precios de la economía.

2-Dejando de lado la falta de audiencia pública previa al incremento, lo que afecta la legalidad del mismo, acá nos ocuparemos principalmente de tres de los principales argumentos utilizados por el gobierno para su justificación: los “millonarios subsidios al consumo” que distorsionan el precio final del producto y afectan seriamente las finanzas públicas, la “herencia recibida”, que nos dejó sin inversiones en el área energética, y el atraso de las tarifas que ha obligado a un “fuerte ajuste”.

3-En la página web “Neuquén al instante” se encuentra la posibilidad de actualizar una factura anterior con la nueva tarifa propuesta. Con un consumo modesto de 400 m³ al mes (800 m³ al bimestre) en la ciudad capital, la factura con la tarifa anterior se componía así: consumo de gas $ 200,83, menos subsidios $ 114,53 da un neto de $ 86,30. Sumado IVA  y demás impuestos por $ 24.06 se obtiene el total de $ 110,36 por bimestre. Actualizado ese consumo mediante la página citada, resulta que la nueva factura sería de $ 1.296,78 ¡Un incremento mayor al 1.000%! Claro está que en forma temporaria y hasta octubre, según lo anunciado por el gobierno, el aumento se “limitaría” al 400%; es decir, la nueva factura se obtendría multiplicando por 5 la anterior. De todas formas, un aumento desproporcionado.

4-En el ejemplo anterior se puede ver que los subsidios eran de $  114,36, por lo que su eliminación representa solamente el 8,5% de la nueva factura. El argumento de los “millonarios subsidios” como justificativo del “tarifazo” se cae por sí solo.

5-Con respecto a la situación del sector energético, hay que tener en cuenta que el sistema fue privatizado durante el menemismo, con un  proceso de desindustrialización que permitió la exportación neta de gas y petróleo; mientras  tanto las empresas privadas realizaron una política de rapiña: extraer el máximo con el menor gasto de explotación y exploración posible. A raíz de esa política la producción de petróleo comenzó a descender a partir del año 1998 y la del gas diez años después. Mientras tanto, a partir del 2004 la reindustrialización del país y el aumento del ingreso disponible de la población fueron acompañadas por un importante aumento de la demanda energética interna, lo que convirtió al país de exportador a importador neto de energía. Recién con la renacionalización de YPF se puso fin a esa declinación. De todas formas la importación de gas es menor al 10% del total demandado, por lo que su incidencia en el precio final promedio resulta muy limitado. En resumen, si hay una “pesada herencia” en el tema de producción energética, esta se debe a la política neoliberal de privatizaciones seguida en los años ‘90

6-Respecto a la necesidad de actualizar las tarifas para que existan nuevas inversiones productivas en esa área, hay que recordar que la tarifa está formada por el costo del gas más el costo del transporte más el margen de las distribuidoras. Según un informe de Roberto Kozulj, actualmente vicerrector de la Universidad de Río Negro y profesor de postgrado en la del Comahue, con amplia trayectoria profesional y académica en nuestra zona, publicado en el suplemento económico “Cash” del 14 de agosto, la nueva tarifa establece un valor que oscila entre 4,70 y 7,40 dólares el millón de BTU;  descontado el costo de transporte y distribución, que da un valor entre 3 y 5,40 dólares cuando el precio reconocido anteriormente era de aproximadamente 2 dólares, acorde con el valor de referencia internacional que en abril era de  1,92 dólares y en el invierno de Estados Unidos llegó a 2,18 dólares. Es decir, el precio establecido es entre 70% y 170% superior al precio internacional. Más que una actualización de tarifas es un regalo que beneficia a las grandes empresas del ramo.

En resumen, se trata de una nueva transferencia descomunal de ingresos del pueblo argentino, calculado en unos 45.000 millones de pesos anuales,  ésta vez a favor de esas empresas oligopólicas.