En el último episodio de una zaga inédita, la Legislatura no aprobó el pliego de Juan Pablo Chirinos para el cargo de juez penal de Neuquén. Su nominación obtuvo 20 votos negativos que agruparon a los 12 integrantes del bloque del MPN, a quienes se sumaron sus tres aliados, y los legisladores del Pro y la UCR.

Designado por el Consejo de la Magistratura el 11 de agosto de 2015, Chirinos consiguió el puntaje más alto del concurso para cubrir tres cargos de juez. Detrás de él se ubicaron Diego Piedrabuena y el fiscal Ignacio Di Maggio.

El único que consiguió los votos necesarios fue Piedrabuena, ya que Di Maggio tampoco obtuvo la mayoría necesaria.

Más allá de los resultados finales, los tres candidatos conformaron una muestra exacta de todos los factores en juego en la designación de funcionarios judiciales en la provincia de Neuquén.

Diego Piedrabuena, el único “exitoso” de la terna, sufrió sin embargo cuatro años de penurias derivadas de polémicas actuaciones relacionadas con los concursos de los que participó. Fruto de ellas, presentó cuatro impugnaciones ante el Consejo de la Magistratura.

Muchos vieron en sus constantes intentos frustrados, las consecuencias de una presunta disputa con el entonces diputado Pino Ruso, con quien mantendría un entredicho desde 2010, cuando Piedrabuena se presentó, perdió e impugnó el concurso para director de Sumario de la Legislatura. La casualidad es muy grande si se piensa que logra ser juez recién cuando aquél dejó su banca.

Di Maggio llegó a la terna en tercer lugar. Lo rodeó un intenso debate en el que intervinieron los diputados, pero también el sindicato ATEN y el de los trabajadores ceramistas.

Ambas organizaciones presentaron sendas impugnaciones porque opinaron que en su cargo de fiscal, tuvo una intensa labor que resultó siempre favorable a los intereses del ex gobernador Sobisch.

La misma razón pero desde la interna partidaria, habrían expresado los diputados del oficialismo, que firmaron su pase al recinto para rechazarlo allí.

Chirinos es juez en Río Negro pero pretendía mudarse de provincia. Luego de ser entrevistado en octubre del año pasado por los diputados de la comisión A, no obtuvo las firmas necesarias y se mantuvo en un limbo hasta esta semana, 10 meses después.

El magistrado viene cuestionado por su actuación en el caso de Jonathan Luna, acusado del crimen de Micaela Ortega en Bahía Blanca, a quien autorizó las salidas transitorias que no cumplió.

También porque le impuso astreintes al gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilnek, por el retraso en una obra pública en General Roca.

Como antesala de la votación, apenas dos horas antes de la sesión, el vicegobernador Rolando Figueroa declaró ante la prensa que el pensamiento de algunos jueces le daba miedo, en abierta referencia a Chirinos, entrevistado –nuevamente- dos días antes en la comisión A.

Los tres casos citados conforman una gigantesca irregularidad que empieza y termina en los intereses del poder político de turno, que tiene en sus manos la capacidad de veto hacia quienes no quiere.

De modo que al ya maltrecho y cuestionado funcionamiento del Consejo de la Magistratura, acusado por sus enormes atribuciones y discrecionalidad, se le suma el segundo dique construido en la Legislatura, donde algunos diputados, con premeditación votan favorablemente en la comisión y en forma negativa en el recinto, revelando ya no hipocresía, sino planificación.

En 2006, durante la reforma de la Constitución provincial, se consumó la creación del Consejo y su integración. Si bien había otras propuestas, más participativas, el cuerpo quedó integrado por dos miembros por el bloque mayoritario en la Legislatura, dos por los bloques minoritarios, dos por los Colegios de Abogados, y un representante del Tribunal Superior de Justicia.

El oficialismo se aseguró así el control de la designación de funcionarios por partida doble.

El cisma que culminó esta semana provocó la presentación de un proyecto que reforma el reglamento que utiliza la Cámara para admitir el tratamiento de los pliegos en el recinto.

Si prospera, cambiará el texto del artículo 115 del reglamento interno y, tras tomar estado parlamentario, los aspirantes serán entrevistados por los legisladores sólo para que éstos tengan información y formen su juicio; y serán automáticamente habilitados para que los 35 miembros de la Cámara definan su destino.

Sin embargo, ni siquiera eso dejará los nombramientos libres de las presiones del poder político, en una provincia donde hace cinco décadas gobierna el mismo partido.

Baste con prestar atención al resultado final del expediente O141/16 por medio del cual el abogado Fabián Flores se postula para el cargo de Fiscal en Rincón de los Sauces. Su pliego será discutido en breve, pero es un secreto a gritos en los pasillos de la Legislatura que no logrará el aval por su presunta vinculación con la fuerza política que gobernó en la Argentina hasta 2015, a pesar que su evaluación técnica fue la más alta del concurso.

Las condiciones de conocimiento técnico e idoneidad profesional para ejercer con independencia un cargo en el sistema judicial de la provincia de Neuquén, están supeditadas a una peligrosa, muchas veces antojadiza y siempre dañina injerencia del poder político.

No es Justo.