Tras ocho meses de una inestabilidad política nunca vista en España desde su retorno a la democracia, parece que se abre la posibilidad de formar gobierno para los próximos cuatro años. Algo que desde diciembre de 2015 espera la ciudadanía española y que se ha complicado mucho más de lo previsto.

Resulta interesante entender sintéticamente como se llegó hasta aquí. El país ibérico está transitando una fuerte crisis desde fines de la década pasada. Esto hizo que el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy sustituyera en el gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el 2011. Una vez más la alternancia entre estas dos fuerzas históricas se daba con la normalidad que engendró la democracia desde los años ochenta. La victoria del PP fue por aquél entonces sobrecogedora y le otorgó una mayoría absoluta de la que gozó el presidente español para hacer buena letra frente a los organismos internacionales y la Unión Europea.

El ajuste se impuso en este período y con él todas las penurias y desesperanzas que el mundo ya conoce y que se multiplican exponencialmente a menor nivel de desarrollo tenga el país en cuestión. Estas políticas de obediencia a la rigurosidad económica ajustadora, que por cierto tan bien ejecuta la derecha, se sumó en paralelo al descubrimiento de largas y complejas redes de corrupción estatal que salpicaron a muchos gobiernos autonómicos y a varios partidos, entre ellos principalmente al propio partido gobernante.

Así puede entenderse que crecieran dos partidos políticos nuevos con gran empuje. Por una parte Podemos, liderado por Pablo Iglesias, que recogía el descontento de la juventud y de buena parte de la población española girada hacia la izquierda y heredera por caso de movimientos como el de los “indignados”. Por otra parte Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, que desde el centro, más cerca del centro derecha, enarbolaba los valores tradicionales de la democracia y el estado español, pero desde un liberalismo centrista que ha hecho de la transparencia política y la lucha contra la corrupción su principal bandera.

Las elecciones de fines del 2015 dejaron al descubierto que el bipartidismo ya no era viable, no al menos en su formato original, y que el multipartidismo nacional se imponía no como una anomalía sino como una realidad. Por supuesto que los diversos partidos nacionalistas que habitan la geografía ibérica siguen presentes y en este punto, el conflicto catalán y su camino hacia una hipotética independencia, complicaron más el panorama. También la renovación monárquica y cierto cuestionamiento hacia esa vieja estructura.

No hubo posibilidades de acordar políticamente un gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez, coaligado con el partido de Rivera, no lograron su objetivo. Para ello fue esencial que el PP se negara a que cualquier otro partido liderara un posible gobierno, que Podemos pusiera condiciones que el PSOE difícilmente pudiera encajar, que este último viviera una feroz interna, y que Rivera se negara rotundamente a pactar con Podemos. Dato más dato menos, no hubo acuerdo y España fue de nuevo a las urnas hace apenas dos meses. El multipartidismo volvió a expresarse pero con un PP que mejoró levemente sus guarismos, un PSOE que bajó algo, al igual que Rivera, pero sobre todo con un Podemos aliado a Izquierda Unida que tuvo un descenso en votos que frenó sus expectativas.

En este marco, el PP de Rajoy sigue en sus trece de formar gobierno y Rivera ha girado de su anterior pacto con el PSOE a un entendimiento posible esta semana con el líder del Partido Popular. Así las cosas, ambas formaciones alcanzarían 169 diputados, a solo 7 diputados de la mayoría necesaria. Por eso ahora entran en juego las abstenciones y la presión para que el PP, que fue la primera minoría en las dos elecciones celebradas, sea gobierno. El PSOE niega esa posibilidad pero ya en el partido hay sectores que analizan la abstención o la ausencia de parte de sus diputados en la sesión de investidura.

La realidad es que el PP está cerca, salvo imprevisto, de concretar lo que viene proponiendo desde el año pasado, cuatro años más de Rajoy, o sea de ajuste y de ausencia de reformas. Y este es el tema más relevante. Ciudadanos exige seis puntos para el acuerdo que giran en torno a medidas anticorrupción, que involucran en algunos casos directamente el PP, y una reforma electoral. Ésta última busca una proporcionalidad que se diluye para los partidos pequeños de ámbito nacional y que le sacó muchos escaños a Ciudadanos en la traslación final de votos a diputados. Poniendo en claro el acuerdo, Rivera y su partido consiguen colocarse como el faro ético de la política española, y una reforma electoral con la que crecer a futuro. Rajoy conseguiría su ansiado nuevo gobierno, presentarse como el líder que resolvió la inestabilidad política y seguir haciendo los ajustes que los principales países capitalistas demandan.

¿Qué se pierde España? Pues lo central, la posibilidad de reformar su Estado, de dar respuestas sociales a su ciudadanía, de modernizarse entendiendo que hay reformas estructurales que deben empezar a discutirse, por caso la conformación territorial. El acuerdo PP – Ciudadanos frena todo ese impulso reformador construido en los últimos años y deja nuevamente al país a merced de viejas políticas con algunos rostros nuevos. Una pena que de tanta energía de transformación emerja un gobierno rancio con nuevo maquillaje.