A mediados del año 2004, en un episodio sin precedentes en el norte neuquino, los alumnos de la EPET N° 13 y del CPEM N° 4 de Chos Malal, tomaron sus escuelas como forma de protesta e iniciaron una lucha que duró varias semanas. El pliego de peticiones incluía, entre otros aspectos, mejoras edilicias, la finalización de la obra del actual CPEM N° 80 y la construcción de sendos gimnasios, viejos reclamos de ambas instituciones.

En el marco de ese conflicto, el entonces titular de la cartera educativa de la provincia, Rodolfo Káiser, vino personalmente a participar de una reunión con la comunidad educativa. Grande fue la sorpresa de los presentes cuando intempestivamente abandonó la asamblea y dejó a su chofer a cargo de recoger por escrito las demandas escolares.

Semejante humillación obligó a padres, alumnos y profesores a llevar el reclamo a la plaza San Martín donde se llevó cabo el acto oficial con motivo de los festejos del 4 de agosto, aniversario de Chos Malal. Mientras el gobernador Jorge Sobisch desarrollaba su discurso, los estudiantes y parte del vecindario le dieron la espalda en señal de descontento y como respuesta al poco interés que despertaba en el gobierno la solución de los problemas planteados.

Quince años después, otra generación de jóvenes alumnos, de la única escuela técnica de la zona norte, salió a la calle a frenar el ajuste y a defender la escuela pública.  El Centro de Estudiantes de la EPET N° 13 difundió sus reclamos y llamó a la comunidad a expresarse cuestionando que “no hay aulas para la chacra, tampoco materiales para trabajar, ni seguridad e higiene en las instalaciones” y que, además, no podían dejar de repudiar “las propuestas de la Dirección de Técnica (del Consejo Provincial de Educación), como el cierre de cursos y el convenio de traspaso de la chacra a otra institución”.

Estas medidas inconsultas y el deterioro que se denunció en estas circunstancias son un claro retroceso a las mejoras que se lograron en los últimos años en relación a esta modalidad de enseñanza.

Efectivamente, en el año 2005 se sancionó la Ley Nacional N° 26058 de Educación Técnica Profesional, proyecto impulsado por en el aquél momento presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Una norma que tuvo como objetivo recuperar este sector de la educación muy relegado debido a la transferencia -sin recursos- de los servicios educativos a las provincias y a la nefasta Ley Federal de Educación que disolvió el sistema de educación técnica que durante décadas supo construir nuestro país.

La educación de nivel medio necesita cambiar y adecuarse a los nuevos tiempos. Esto ya nadie lo duda, excepto algún sector del sindicalismo neuquino que se opone a los avances que se han conseguido con la participación de ATEN, como la aprobación del ciclo básico para las escuelas técnicas, la incorporación de ESI y otras cuestiones curriculares y de formación específica.

Por lo tanto, llama la atención que en este contexto las autoridades educativas tomen decisiones que atentan contra el fortalecimiento de la educación técnica. Resulta curioso, además, que lo hagan con un establecimiento que está a punto de inaugurar un gimnasio que costó más de 10 millones de pesos.

¿Acaso no es el momento para discutir con la comunidad educativa el nuevo perfil de la escuela, los proyectos de los estudiantes, las nuevas competencias? ¿O después de su holgado triunfo el gobernador Gutiérrez pretende seguir aplicando las mismas políticas de ajuste del presidente Macri, a tono con un país que abandonó su proyecto industrial y tecnológico?

La educación técnica es un derecho. Sin embargo, su expansión y desarrollo en el norte neuquino siempre fue de la mano de las luchas que encabezaron docentes y alumnos, como la admirable tarea que llevó a cabo la LENN (Liga de Estudiantes del Norte Neuquino) impulsando la creación de nuevas carreras terciarias y universitarias para toda la región.

Igual que el año 2004, los estudiantes nos han dado otra lección. La lección de que la educación no es un gasto, sino una inversión. La lección de que la educación pública de calidad debe ser una política de Estado. Una prioridad para nuestros niños, niñas y adolescentes.