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Columnistas
20/03/2019

Violaciones y abusos sexuales en la dictadura: un tema tabú que sale a la luz

Violaciones y abusos sexuales en la dictadura: un tema tabú que sale a la luz | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

En el museo de la ex ESMA, con relatos de las víctimas en video, se denuncian los ultrajes contra la integridad sexual de mujeres que fueron prisioneras. En esta nota que publicó El Destape, la autora describe la muestra y reconstruye cómo ha sido el tratamiento judicial del tema en la etapa democrática.

Luciana Bertoia

Fueron miles las mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Solo se conocen los nombres de unas 360. Las palabras de 28 de ellas sirvieron recientemente para contar qué implicó ser mujer y estar secuestrada en ese campo de concentración, Ocurrió en una muestra que se inauguró la semana pasada en el museo Espacio de Memoria que funciona en la ex ESMA. La exhibición hace foco en uno de los crímenes más invisibilizados por el Poder Judicial: los delitos sexuales durante la última dictadura.

A Graciela García Romero le transpiran las manos. Es la segunda vez que va a pisar el ahora sitio de memoria, desde su liberación en ese mismo lugar físico, en 1978. En 2007 se presentó ante un tribunal para denunciar los abusos que había sufrido por parte del capital Jorge “Tigre” Acosta, el jefe del grupo de tareas durante los primeros años del régimen de facto. “Todavía no hay sentencia pero no lo vamos a dejar así”, les dice a unos periodistas.

Pese a que se está llevando adelante el cuarto juicio por delitos cometidos en ese predio donde hubo un campo de exterminio, y que está situado sobre la avenida del Libertador (a pocas cuadras de la avenida General Paz, que separa a la Capital Federal de la provincia de Buenos Aires), ningún tribunal examinó hasta ahora los casos de violencia sexual en el campo de concentración más emblemático de la dictadura argentina.

A unos metros de ella está el juez Sergio Torres, quien en 2009 procesó a Acosta por los sometimientos sexuales, y lo hizo distinguiendo a las violaciones como delitos autónomos, no subsumidos dentro de la categoría de tormentos, como se venía haciendo. Recién un año después de ese procesamiento, un tribunal de Mar del Plata dio un paso adelante al condenar a un oficial de la Fuerza Aérea por la violación de una prisionera.

Pese a todos los avances que registró el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la violencia sexual solo fue tratado marginalmente por los tribunales. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, solo un 12 por ciento de las sentencias dictadas contempló la violencia sexual. De los 892 represores con sentencia, unicamente 98 fueron condenados por este tipo de crímenes. Ninguno de ellos integró la patota de la ESMA. El Poder Judicial solo reconoció que 75 mujeres y 11 hombres sufrieron abusos sexuales.

En el Juicio a las Juntas (de 1985, donde se juzgó a las juntas militares que reunían a los principales jefes del régimen dictatorial), y en otros procesos que se sustanciaron durante los años ‘80, hubo testimonios que denunciaron violaciones y distintas formas de violencia sexual, pero esos padecimientos fueron considerados dentro del delito de “tormentos”. El interés fundamental en esos tiempos pasaba por probar la desaparición de personas y la existencia de los centros clandestinos.

Hacia fines de los años ‘80, cuando se sancionó la ley de Obediencia Debida -que fue una de las llamadas “leyes de impunidad” porque impidieron continuar los juicios y castigar a los culpables-, los delitos sexuales quedaron por fuera del alcance de la norma. Pero pese a ello, en los tiempos en que rigieron tales leyes no se registraron denuncias específicas. Recién en los últimos diez años, los operadores judiciales empezaron a aguzar el oído y la mirada para entender lo que las mujeres decían.

Voces y violencias

En el museo Espacio de la Memoria son las voces y las declaraciones judiciales de 28 mujeres sobrevivientes, las que cuentan cómo fueron sus días en ese centro de detención. Sus relatos son el corazón desgarrado de la muestra llamada precisamente “Ser mujeres en la ESMA”. En una sala pequeña de la planta baja del ex casino de oficiales, con paredes negras, una pantalla pasa una y otra vez sus testimonios, junto con el de la fiscal ad hoc Mercedes Soiza Reilley, y el de Carolina Varsky, abogada querellante por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en el segundo juicio ESMA.

Las voces son distintas, pero se unen en un coro de relatos del horror. “Todas y cada una de las que pasamos por la ESMA fuimos víctimas de acoso sexual y algunos fueron violadas”, dice la periodista Miriam Lewin. “Abusos era la situación de estar tirada en una colchoneta y que los guardias nos manosearan a su antojo”, agrega una de sus compañeras de cautiverio. “Todas éramos sus prisioneras y ellos podían hacer con nosotros y nuestros cuerpos lo que quisieran”, describe otra sobreviviente. “Un guardia me dijo que me iba a llevar al baño, así me podía higienizar. Cuando volvíamos del baño, me violó”.

Si resistían el manosea de sus captores, pasaban a ser llamadas con un nombre de varón. Si los marinos querían salir a comer con mujeres, tenían que levantarse, arreglarse, pintarse y demostrar que esas mujeres secuestradas y torturadas tenían voluntad de seguir con lo que la Armada entendía que cualquier mujer occidental y cristiana tenía que ser. “Era lo que llamaban ‘proceso de recuperación’: nos íbamos convirtiendo en una señora”, dice otra sobreviviente.

El reconocimiento de la violencia diferencial sufrida por las mujeres en los centros clandestinos se fue abriando espacio en las iniciativas de memoria de los últimos tiempos, especialmente por el empuje de las movilizaciones de Ni Una Menos. En la muestra, los relatos de los años de la dictadura se combinan con consignas feministas de todos los tiempos: Lo personal es político; Vivas nos queremos. “Es una interpretación del presente hacia el pasado”, explica la directora del museo sitio ESMA, Alejandra Naftal, quien también cuenta que inicialmente ese lugar no reparó en la violencia que las mujeres prisioneras en el centro clandestino sufrieron precisamente por eso, por ser mujeres. “Nos hacemos cargo del silencio del guión museográfico sobre las mujeres”, expresa.

De eso no se habla en la Corte

Pero los silencios todavía encuentran eco en los tribunales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer días atrás una lista de los fallos en los cuales trabajará durante los próximos meses. De los casos de lesa humanidad, tratará el reclamo de una indemnización laboral de una hija de un trabajador de Techint secuestrado en la propia planta de la empresa. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales (oficinas de la Corte) cuentan que la decisión de incorporar ese tema desató un juego de presiones dentro y fuera de los tribunales.

Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel, de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que los abusos sexuales debían ser considerados como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen pero no a sus superiores.

En su dictamen, el procurador Víctor Abramovich les dijo a los jueces del máximo tribunal que la exclusión de los superiores jerárquicos por los delitos de abuso y violación significa desatender el hecho de que fueron ellos los que garantizaron las condiciones para que los crímenes ocurrieran y para que luego se mantuvieran impunes.

En la Corte no descartan que este caso pudiera tratar durante el corriente año. Si así lo hicieron y fallaran en línea con el dictamen de la Procuración, la decisión podría impactar en los tribunales y en los jueces que investigan los delitos de la dictadura, contribuyendo a reconocer y sancionar violencias que durante décadas estuvieron silenciadas.

29/07/2016

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