Durante este año el sistema político argentino pondrá en tensión, además del realineamiento de las fuerzas opositoras frente al oficialismo nacional, un tipo de federalismo electoral que fue delineándose durante la década en que el menemismo dominó la escena nacional. Con más de un cuarto de siglo a cuesta, este federalismo extremará sus potencialidades, tanto de las buenas como de las otras. Exponiendo una institucionalidad para nada inocente. De allí que veremos, en el curso del año, cómo operará la aplicación de un conjunto de reglas electorales para la elección de autoridades ejecutivas y legislativas, basado en principios a veces contradictorios. Sin duda, mucho se deberá a los esfuerzos por nacionalizar la acción partidaria. Este es el principal desafío del mundo PRO gobernante. También de acuerdo a la voluntad de reforzar y desbancar liderazgos locales.

Ciertamente, la Argentina electoral del 2019 verá el realineamiento de fuerzas políticas y programáticas, que harán uso de ingenierías por demás caprichosas. Cuando termine el ciclo de comicios hacia el mes de octubre, y cada aspirante a representante esté sentado en su sitio, el principal balance a realizar estará apuntado a los beneficios obtenidos habiendo cumplido la legislación electoral o, eventualmente, recurriendo a elementos flexibles que brinda el ejercicio del poder. De allí que, además de hacer la cuenta de ganadores y perdedores, quedará por valorar la práctica de extremar los límites que ofrece la combinación de armados políticos, estrategias de comunicación y, sobre todo, en el decisionismo que se tiene sobre cada aspecto que conforman el proceso eleccionario. La responsabilidad caerá tanto por parte del Ejecutivo nacional como de los jefes territoriales, provinciales y municipales. Y ello impactará en la valoración que se tiene de la democracia tal cual se da. Recuérdese el manejo rayando en la ilegitimidad que hizo el actual gobierno, para conocer los resultados de los comicios de las PASO en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Muchos gobiernos provinciales ya han hecho su apuesta al divorciar o hacer confluir, elecciones nacionales con las distritales. Así lo ha hecho un número importante de provincias. Lo mismo que los jefes políticos de las ciudades más importantes del país. En algunos casos, la legislación local en materia de comicios obliga a la autoridad electoral a separar ambas contiendas. En otros, es simple cálculo estratégico. Como ejemplo, la indecisión de la provincia de Buenos Aires que no confirmó si realiza de manera simultánea o desdoblada la elección a gobernador respecto de la presidencial. Desde otro lugar, Neuquén, se propuso primerear al resto de las provincias y ofrece un turno adelantado para elegir su gobernador y diputados provinciales.   

No hay duda de que el país cuenta con un federalismo electoral que pone en tensión la realidad de la democracia como expresión de mayorías que se manifiestan electoralmente. Ya que no es lo mismo obtener legitimidad para gobernar habiendo logrado un triunfo con al menos un voto más respecto al segundo en un contexto de muchas ofertas, que cuando esa diferencia se obtiene entre dos nominaciones, basada en la exigencia de pasar el umbral de la mitad más uno de los sufragios. De allí que es posible ver en nuestro país, la elección de un gobernador en primera vuelta a simple pluralidad de votos, mientras otro aspirante a igual cargo ejecutivo, si no logra una mayoría calificada, tiene la obligación de enfrentar una segunda ronda electoral con quien salió segundo.

Por si fuera poco, también está quien logra ser electo con la aplicación de una ley de lemas. Téngase presente que la primera fórmula está vigente en veinte provincias. Solo tres distritos aceptan el ballotage y uno solo recurre a una caprichosa ley de lemas. El sistema adquiere mayor complejidad al considerar la presencia de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Lo mismo respecto de las distintas fórmulas para acceder a una banca en el Congreso Nacional, que va de un reparto basado en el principio de proporcionalidad para los diputados, hasta la asignación directa de dos bancas en senadores para quien salga primero en la competencia distrital. La constitución de las legislaturas provinciales agrega otras ingenierías.       

Procedimientos formales y otros, de sesgo “creativo”, marcan la existencia de un todo que se acomoda para cada ciclo electoral, mayormente como ocurre en estos tiempos donde la volatilidad de expectativas parece marcar el horizonte de resultados electorales. Si eso constituye “sistema” es parte de una realidad, pero también de una polémica por entender los alcances y ventajas de nuestra democracia electoral. Lo cierto es que ese conjunto constituye una arquitectura muy compleja, donde su naturaleza fragmentada y de permanentes variaciones, genera discusiones acerca de los llamados “costos de la política” y, consecuentemente, de la necesidad de simplificar los procesos electorales. Los actores de gobierno que anunciaron hace tres años un reformismo sin fin, han decidido dejar de lado toda posible reforma para, de esa manera, explotar al máximo las fórmulas existentes.