Columnistas
29/07/2016

Argentina subsidia la energía por debajo del resto de los países

Argentina subsidia la energía por debajo del resto de los países | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

El gobierno considera que es una mercancía más y desconoce su función como servicio público. Como tal, el costo de las tarifas debe tener relación con las políticas de desarrollo y los ingresos de los ciudadanos.

Rubén Zárate *

La estructura se subsidios de energía basada en hidrocarburos en varios países del mundo, queda muy clara en este gráfico publicado por el periódico británico The Guardian y cuya fuente es el FMI. Para comparar podemos indicar que en Argentina el subsidio era de U$430 por persona, muy por debajo del resto de los países.

El problema de fondo es que el gobierno considera el tema a precios de mercancía en el mercado, desconociendo que la energía como en el resto de los países se debe considerar un servicio público, por lo cual su valor se especifica en una tarifa.
El costo de las tarifas para los ciudadanos se define al menos en función de las políticas de desarrollo y empleo (especialmente en las provincias productoras), la generación y distribución de la renta y la capacidad de ingresos de la sociedad para acceder a ellos.

Las tarifas deben ser “asequibles”, dicen las leyes que el gobierno debe cumplir. Es decir “que pueden conseguirse o alcanzarse, por eso es que su valor debe definirse incluyendo audiencias públicas y no sólo (a través de) una compulsa de mercado".

La Constitución nacional señala en el artículo 42: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.



(*) Docente universitario, ex ministro de Educación de Chubut.
29/07/2016

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