Hay muchos observadores, analistas o militantes políticos opositores al actual gobierno que, cuando transcurren algunas semanas sin que haya una huelga muy grande o una marcha muy visible, se creen que “no pasa nada” y que la sociedad está adormecida. Puede ser que algunas de esas percepciones tengan razón, o que la tenga en ciertas ocasiones, pero en verdad la capacidad de movilización y participación política de la sociedad civil argentina tiene pocos o ningún parangón en otro país del mundo.

Que ese fenómeno sea insuficiente o incapaz para doblegar a los poderes que conspiran contra los intereses mayoritarios de la población, es otro asunto. Ambas situaciones coexisten. Son dimensiones distintas, aunque simultáneas de realidades socio-políticas muy complejas, contradictorias y paradójicas.

Todo ocurre mientras el régimen gobernante continúa llevando a nuestro país hacia una nueva devastación. La semana pasada fue particularmente grave, tanto por el daño que implican las medidas tomadas por el gobierno como por su traducción en actos simbólicos. La firma de un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) profundizan el rumbo catastrófico. Pero, además, la decisión tuvo escenificaciones particularmente humillantes.

La más notoria la protagonizó el propio Mauricio Macri, rodeado de un lujo impúdico en la gala donde era premiado por una de las múltiples entidades con sede en Estados Unidos que funcionan para hacer lobby a favor de los intereses del capitalismo trasnacional y la dominación norteamericana: el Atlantic Council.

En la ocasión, lleno de vanidad y haciéndose el gracioso, Macri dijo: “Debo confesar que con Christine (Lagarde, la directora ejecutiva del FMI), hemos empezado una gran relación, que espero que funcione muy bien y que termina con toda Argentina enamorada de Christine”.

El desubicado, patético y hasta quizás innecesario gesto presidencial de sometimiento -con seguridad, ni el Fondo le pide tanto- continuó con la ridícula y machista actitud de tomar forzadamente entre sus brazos el cuerpo de la mujer que encabezaba la ceremonia (la multimillonaria Adrienne Arsht, vicepresidenta ejecutiva del Atlantic Council y responsable de la entrega del premio), para obligarla a dar unos pasos de baile.

Al día siguiente, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, firmó con Lagarde el nuevo pacto de sometimiento ante el FMI, y ambos ofrecieron una conferencia de prensa secundados por la bandera argentina. Nada menos que la enseña patria, para escenificar un acto de gobierno degradante contra la soberanía económica del país.

Movilizarse, no solo en la calle

En los dos años y 10 meses que llevan en el poder el gobierno macrista y las corporaciones que integran el mismo régimen, hubo decenas de manifestaciones callejeras multitudinarias. Las más recientes fueron las del pasado lunes 24, promovidas por el sindicalismo combativo y los movimientos sociales, previo a la contundente huelga general del martes 25.

(Corresponde el plural -“las” manifestaciones- porque el sistema mediático centralista solo muestra lo que ocurre en Buenos Aires, pero ese fenómeno se replica, en cada caso a su modo, en ciudades de todas las provincias).

Al finalizar la semana hábil, el viernes, nuevamente centenares de miles de mujeres -acompañadas por otras personas- protagonizaron en Buenos Aires y muchas otras ciudades del país las multitudinarias marchas que tuvieron como marco el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Pero la participación política de la sociedad civil argentina excede en mucho a la presencia en las calles, plazas y otros lugares. Esas son solo -y nada menos que- sus expresiones públicas masivas. El fenómeno es, sin embargo, sobradamente más extenso, constante y vigoroso. Es una movilización en sentido amplio, como intervención activa en los asuntos que involucran disputas de poder para defender o conquistar derechos. A veces, incluso, una pequeña cantidad de personas obtiene grandes resultados.

Un hecho reciente de poca visibilidad, pero extraordinariamente valioso fue el repudio en Santa Fe contra dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber impulsado el año pasado el fallo conocido como “2 x 1”, que pretendió avanzar hacia la impunidad de los genocidas condenados.

Los jueces Carlos Rosenkrantz (flamante presidente del poderoso tribunal) y Horacio Rosatti, optaron primero uno y después el otro por suspender sendas clases “magistrales” en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), porque un grupo de Madres y diferentes familiares de desaparecidos, junto con otros militantes por los derechos humanos como el Foro contra la Impunidad y por la Justicia en Santa Fe, concurrieron al lugar para repudiar aquel fallo. Lo mismo le había ocurrido el año pasado a Elena Highton de Nolasco, jueza que con los dos anteriores fueron co-responsables de esa infame decisión. (Reciente nota de Página 12, del sábado 29/09).

Gracias a la persistencia militante, abnegada, valiente y honorable de personas que se involucran muy activamente en los asuntos públicos para defender causas de interés colectivo, tres miembros del máximo tribunal del país que agreden con sus decisiones funcionales el sentido ético de la justicia, se tienen que andar escondiendo.

Ellos/ella gozan de privilegios tales como la permanencia vitalicia en cargos de enorme poder, o como no pagar impuesto a las Ganancias, pero no pueden mostrarse públicamente. Aquí también (como en el caso de Macri) se observa que mientras hay jerarcas judiciales que humillan a la Nación, existe una movilización popular que dignifica.

Jueces y fiscales que cumplen

La Corte Suprema de la Derecha es la cabeza de un aparato judicial ideológicamente corrompido que, junto con el gobierno y los diversos poderes de facto, están destruyendo al Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo -también en este aspecto las realidades son complejas, contradictorias y paradójicas- otros integrantes de la judicatura dieron muestras en los últimos días de cumplir con sus obligaciones jurídicas.

Este miércoles 26, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza condenó a 19 criminales de la dictadura, cinco de ellos a prisión perpetua, por delitos perpetrados contra 81 víctimas en distintos campos de exterminio que dependían del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía mendocina. Los condenados integraron en aquella época las mencionadas fuerzas armadas y policiales, así como la Federal. El proceso judicial fue denominado “Causas Unificadas”. (Información del portal oficial Fiscales.gob.ar).

Pocos días antes de ese histórico fallo, el viernes 21, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal sentenció a seis miembros de la Prefectura Naval por haber torturado en 2016, en la villa Zavaleta, a dos chicos integrantes de la organización social La Garganta Poderosa.

Las víctimas habían sido detenidas ilegalmente, y luego golpeadas y amenazadas dentro de una garita y de un vehículo policial. Después fueron llevados a un descampado frente al Riachuelo, donde siguieron las torturas y humillaciones, les robaron pertenencias, y los sometieron a simulacros de fusilamiento. (Crónica del 21/09 en el sitio de información alternativa La Vaca, editado por la cooperativa de proyectos autogestionarios del mismo nombre).

Finalmente, para citar un último ejemplo de cómo la movilización desde la sociedad civil dignifica la vida colectiva, puede mencionarse un hecho puntual, muy específico, pero de enorme potencia pública por su carácter socialmente pedagógico -por educar al conjunto social, por contribuir a expandir en la comunidad valores humanistas-. Se trata de la acción judicial contra el conductor de radio y televisión Angel Pedro Etchecopar, quien utiliza el apodo de “Baby”. (Nota del diario Clarín, del 29/09).

El conocido sujeto, junto con sus pares Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, son probablemente las figuras mediáticas que más han contribuido en los últimos años a diseminar la violencia simbólica mediante insultos, maltratos, denigración, agravios y calumnias. Ahora, acaba de ser imputado por “discriminación en un contexto de violencia de género”.

En uno de sus últimos ataques a través de la radio, calificó a un grupo de mujeres como “mugrientas”, “porreras”, “hijas de puta”, “atorrantas”, “villeras asquerosas”, “roñosas sinvergüenzas” e “infradotadas”. El año pasado, tras el femicidio en Entre Ríos de la chica Micaela García -de 21 años, violada y estrangulada en la ciudad de Gualeguay-, dijo refiriéndose a las mujeres adolescentes: “Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación”. (Nota de Página 12, de este sábado 29).

Las/los que no se amedrentan

Nada de lo reseñado en los párrafos anteriores es casual ni se consiguió de un día para el otro. Las condenas a criminales de la dictadura en Mendoza son un resultado más de la lucha de cuatro décadas del movimiento de derechos humanos, que finalmente se completa con el desempeño de funcionarios judiciales.

Asimismo, el fallo contra miembros de la Prefectura Naval por hechos de violencia institucional fue un logro de militantes, organizaciones populares y abogados que hoy son continuadores de aquella lucha, sumado también a la labor decente de integrantes del Poder Judicial. De forma similar, la persecución penal contra Etchecopar es uno más de los históricos avances que viene consiguiendo el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas.

Las marchas de la semana pasada y el paro general de espectacular alcance, ocurrieron casi exactamente al mismo tiempo que Macri pronunciaba en Estados Unidos (en Nueva York) sus humillantes alusiones a “enamorarse” de la jerarca del FMI, y que Dujovne y Lagarde anunciaban en la misma ciudad norteamericana el siniestro pacto.

Uno de los atributos más potentes de la disputa política en nuestro país es que existe una parte muy significativa de la sociedad que no se amedrenta por los resultados adversos, como tampoco se intimida por la violencia del régimen. La ciudad bonaerense de Moreno está dando un ejemplo admirable, tras sufrir el secuestro y torturas dentro de un auto de la docente Corina De Bonis, en medio de la lucha generada por la muerte de una trabajadora y un trabajador de la educación al explotar el gas en una escuela,

En igual sentido, aumenta de manera continua la cantidad de personas que en todo el territorio argentino salen a la calle para protestar y defender sus derechos, y además crecen sus niveles de organización, compromiso y conciencia política.

Parte del mismo fenómeno es un conjunto vigoroso de militantes y dirigentes, ya sean políticos, sindicales, de movimientos sociales, de entidades por los derechos humanos, del empresariado “pyme” y de ámbitos de la comunicación, la academia y la cultura, entre muchos otros, que han mantenido dignamente -con todos sus eventuales errores, contradicciones y aun miserias políticas o personales- una actitud firme de defensa de los intereses generales de la sociedad.

Dentro de esa dinámica, sectores sindicales y políticos que mantuvieron prolongadas alianzas cómplices con el oficialismo, desde comienzos de este año vieron la conveniencia de cambiar de estrategia y así se ha ido fortaleciendo el espacio opositor.

La participación y movilización de amplios contingentes de la población, sumadas a la articulación que se genera paulatinamente desde las diferentes organizaciones populares, resguardan la dignidad colectiva y hacen crecer la resistencia contra un régimen de derecha que a través de sus decisiones -fundamentalmente, pero no solo, las de política económica-, humilla al país y está perpetrando una devastación nacional.