No se concibe un Poder Judicial que viole las normas que rigen sus procedimientos, aquellas que ponen límites a su accionar y ofrecen garantías de imparcialidad a los ciudadanos.

Una Justicia que funcione sin la previsibilidad de las normas que rigen su ejercicio se expone a actuar con razones que no son las previstas en los textos legales y por lo tanto acaban dando legitimidad a la desobediencia civil a sus mandatos.

No se puede acomodar su accionar a los vaivenes políticos tratando de complacer al poder de turno porque eso constituye un contubernio inadmisible.

La palabra de los jueces acomodada a su propia arbitrariedad casi nunca configura una doctrina, apenas una falsa jurisprudencia, rebatida por las razones del derecho.

Desde la asunción del presidente Macri se cuentan una serie de acciones ilegales avaladas por el Poder Judicial, que afectan desde lo más grave, como es la pérdida de la libertad de las personas, a la violación de los procedimientos que soslayan las garantías del debido proceso como manda nuestra Constitución Nacional.

En buen romance la represión del terrorismo de Estado tenía parecidos procedimientos y fundamentos, aunque más explícitos: La Constitución Nacional estaba un escalón jerárquico por debajo del estatuto del proceso de reorganización nacional.

La quiebra moral del Poder Judicial promueve y pone a la sociedad bajo la zozobra de vivir bajo la discrecionalidad del poder político, las sentencias de inocencia o culpabilidad no se regirán por las normas consensuadas que la propia sociedad ha aprobado, y se estará muy lejos de comprender los fallos que en el marco de la mayor arbitrariedad sancionen los jueces.

Así la Justicia como valor ético y moral, se anula a sí misma y su existencia se convierte en un mero instrumento carente de todo control social y político, al servicio de la voluntad omnímoda de quienes detentan el poder formal, incluido el poder económico.

¿De qué serviría a una sociedad, una Justicia con esos procederes que solventan la ausencia del Estado de Derecho?

Una Justicia con esas características y tratándose de uno de los poderes que configuran el estado republicano, acicatea a que los ciudadanos propongan su intervención o directamente la remoción de los magistrados que incurren en las transgresiones mencionadas, mediante un pronunciamiento masivo y popular auspiciado por sus representantes

Recordemos que la Constitución nacional en su artículo 21, prescribe: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional”.

No hablamos de una Justicia que encuentra su legitimidad en lo ideológico. Estamos sosteniendo que lo ideológico para la Justicia tiene que ser la imparcialidad y observar la Ley, cosa que parece haber perdido desde que Macri asumiera el poder político en 2015.

El hecho de que antes de Macri pudiese haberse objetado la función judicial llevada a cabo por otros gobiernos, no invalida estas reflexiones porque la brutalidad obscena con que se han violado las garantías constitucionales durante el gobierno de Cambiemos, son escandalosas e incomparables con otro período en el que el voto popular, sin proscripciones, ungiera a un partido político a administrar la cosa pública en la Argentina.