Marcelo Bonelli, periodista al servicio del Grupo Clarín y uno de los habituales operadores mediáticos del ultra anti kirchnerismo, anticipó recientemente -sin decirlo de ese modo- los planes del gobierno de Mauricio Macri para impedir que Cristina Kirchner sea candidata presidencial. Según publicó en el diario insignia del conglomerado de medios, un grupo de funcionarios analiza “en secreto” un “plan” que por ahora es “preliminar” pero que “explora” un par de “ideas fuerza”. Una de ellas es “que los políticos involucrados en la corrupción no puedan postularse en el futuro a cargos públicos”.

La nota no ofrece mayores detalles, pero adelanta que podría hacerse mediante una ley. En realidad, los temas centrales del artículo son otros: se trata del habitual “Panorama empresario” que Bonelli firma todos los viernes en el diario, y que en esta ocasión analiza particularmente el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y las medidas oficiales ante el aumento del dólar.

Pero en un tramo del texto se desplaza informativamente y dice que “la Casa Rosada trabaja en un proyecto de ley para ‘encapsular’ el escándalo de los cuadernos” con el propósito de “preservar a las empresas para que no se frene la obra pública”, debido a que “en las ‘coimas’ están involucradas todas las (empresas) importantes”.

Afirma que por ello el gobierno estudia “un salvataje a las compañías”, que tomaría la forma de una legislación con dos ejes: uno el ya mencionado que se refiere a “los políticos involucrados en la corrupción”, y el otro sería “que los empresarios (también involucrados) estén impedidos de ejercer el comercio y deban renunciar a sus compañías”. Añade que “así se ‘blindaría’ a las empresas como ‘unidad productiva social’ y se castigaría solo a sus accionistas. El tema ya se habló en reserva con referentes de la oposición”. (Nota de Clarín de este viernes, 21/09).

La información es reveladora de que el régimen gobernante, integrado no solo por el gobierno propiamente dicho sino por el conjunto de las corporaciones, y la judicial de forma predominante, evalúan diferentes alternativas para intentar sostenerse en el poder después de las elecciones del año que viene.

Una de las opciones es repetir lo que hicieron con Lula, o sea meter presa a Cristina Kirchner. Los simulacros de juicio para darle a esa maniobra una apariencia de legalidad, ya están en marcha. El 16 de febrero empezarán las audiencias orales y públicas de la causa que le fabricaron a la expresidenta con el pretexto la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. También fue enviada a proceso oral y público la causa inventada a partir de la infame y delirante acusación de Alberto Nisman unos días antes de morir, referida al acuerdo firmado con Irán para investigar el ataque terrorista contra la mutual israelita AMIA en 1994.

Para encarcelar a la actual senadora antes la etapa formalmente electoral, todo tendría que transcurrir muy rápido, dentro del primer semestre del año, porque a fines de junio vence el plazo para inscribir precandidatos a las elecciones primarias que se realizarán -si Macri no deroga por decreto la ley vigente, o si el Congreso no la cambia- el 11 de agosto de 2019.

Esa velocidad récord para realizar la farsa del juicio y la condena, luego la confirmación del fallo en las instancias de apelación, y después la expulsión del Senado y el encarcelamiento de la líder del kirchnerismo, parece poco probable que pueda concretarse en el lapso aproximado de un cuatrimestre. Sin embargo, tampoco puede descartarse.

Pero como bien se desprende de la información revelada desde el propio poder corporativo a través del diario Clarín, si los jueces y fiscales corrompidos no metieran presa a la expresidenta, el régimen baraja la opción de proscribirla mediante una ley. A eso, y no otra cosa, se refiere la posibilidad de establecer “que los políticos involucrados en la corrupción no puedan postularse en el futuro a cargos públicos”, según el anticipo de Bonelli.

Para sancionar una norma semejante, el oficialismo necesitaría el apoyo del peronismo anti kirchnerista en el Congreso. Por lo cual es importante tener en cuenta que “el tema ya se habló en reserva con referentes de la oposición”, como dice la nota citada. Por ahora es imposible saber lo que puede ocurrir, pero en cambio es posible observar los indicios que presenta el escenario nacional.

Elecciones brasileñas fraudulentas

La condena y la prisión del ex presidente brasileño Lula Da Silva, que también es el disfraz “legal” de una gigantesca maniobra para eliminarlo de las disputas de poder, demuestra hasta qué punto ha avanzado la estrategia de Estados Unidos y de los capitales trasnacionales, ejecutada por las élites dominantes en cada país de Suramérica, a fin de impedir que puedan volver a gobernar los líderes y fuerzas políticas que en los primeros tres lustros de este siglo enfrentaron a los intereses de las derechas locales y de la geopolítica norteamericana.

El golpe parlamentario que hace dos años derrocó a la presidenta Dilma Rousseff fue el paso fundamental en esa dirección. Posteriormente, la judicatura antidemocrática y corrupta encabezada por el juez Sergio Moro metió preso a Lula y le impidió postularse otra vez como presidente. Aun así, prisionero y prohibido, conserva una importante adhesión popular.

Y dada esa condición, la estrategia por él diseñada desde la cárcel y sostenida por el PT y sus aliados, consiste en que el candidato presidencial sea su exministro de Educación, Fernando Haddad, quien previamente fue alcalde (intendente) de San Pablo, la ciudad más grande del país y de toda Suramérica. La candidata a vice es Manuela D’Avila, dirigente del Partido Comunista de Brasil (PC do B) que tiene una importante trayectoria parlamentaria, antes como diputada federal (nacional) y actualmente como diputada estadual (provincial) en el estado de Río Grande Do Sul.

Haddad tiene 55 años y D’Avila 37. A pesar de la sólida experiencia de los dos en cargos públicos -él en puestos ejecutivos del máximo nivel y ella en funciones legislativas- ambos son nuevos como “primeras figuras” y relativamente desconocidos a nivel masivo. En un país territorialmente gigantesco (más del triple de Argentina, que de por sí tiene una extensión enorme), el progresismo y la izquierda sufren el ocultamiento, las mentiras y la manipulación de las cadenas mediáticas de la derecha, encabezadas en este caso por la Red Globo.

A diferencia de Argentina, allá no existe ni remotamente algo parecido al canal de noticias C5N, al diario Página 12 o a la radio 750, por citar medios porteños de alcance nacional que atenúan, aunque sea mínimamente, la desinformación y acción psicológica sobre la población que ejecutan minuto a minuto los aparatos comunicacionales dominantes. En el caso brasileño, la posibilidad de difundir discursos contra hegemónicos se reduce casi exclusivamente a unos pocos medios locales de alguna ciudad o región, y a plataformas y herramientas de la comunicación digital.

El escenario electoral en el país vecino es completamente anómalo. Por un lado, el candidato ultra derechista Jair Bolsonaro llevaba ventaja en los sondeos de intención de voto, pero debió interrumpir su campaña y sigue internado luego de sufrir un ataque a puñaladas el 6 de este mes. Por el otro, varias encuestas indican que el “muleto” Fernando Haddad estaría recibiendo el “traspaso” o “transferencia” de un caudal importante de votos que en condiciones de elecciones libres hubieran sido para Lula. Sin embargo, los dos tienen al mismo tiempo un alto nivel de rechazo.

Falta muy poco tiempo para la fecha del comicio: primera vuelta el domingo 7 de octubre, y segunda vuelta el domingo 28 del mismo mes. Pero no es seguro que el futuro presidente de la Nación surja del voto ciudadano: en un contexto de feroz militarización del país, el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, ya dijo que el clima de “intolerancia generalizada” en la campaña podría incluso “cuestionar la legitimidad del próximo gobierno”. (Nota publicada en Buenos Aires por el diario La Nación el pasado día 15 del corriente).

Nuevos regímenes de derecha

En América Latina, la democracia ha dejado de existir si se la piensa como se la pensó desde comienzos de los años ‘80, cuando un proceso histórico de alcance continental puso fin, paulatinamente, a las dictaduras basadas en el poderío militar que existían en la mayor parte de las naciones.

En San Pablo, año 2016.

Desde entonces, las nociones de “democracia” más generalmente admitidas aun por corrientes ideológicas muy diversas, estuvieron asociadas a las libertades públicas, las elecciones libres, las garantías individuales, los derechos constitucionales, el debido proceso en las actuaciones judiciales, y en general la vigencia del Estado de Derecho. Eso se va terminando -también de forma paulatina- y la tendencia apunta al fin de los regímenes democráticos tal como hasta ahora se conocieron.

La etapa que ha comenzado no tiene, al menos por el momento, el formato de una dictadura militar. Por lo tanto, no existen -ni de lejos- los niveles de violencia, criminalidad y terrorismo estatal que fueron propios de esos sistemas dictatoriales. Los métodos represivos y violentos del poder dominante se utilizan hoy más focalizadamente, no de forma masiva y general.

El actual esquema de dominación contra los intereses populares, tiene características diferentes de las etapas históricas anteriores. Son regímenes de derecha de nuevo tipo: anti democráticos pero con predominio civil, ejecutados por las corporaciones judiciales y mediáticas, y que adoptan formatos específicos según las particularidades de cada país.

En Honduras, que fue la primera prueba de la renovada estrategia norteamericana para recuperar espacios de poder en la región, en 2009 la Corte Suprema destituyó al presidente liberal progresista Manuel Zelaya y a partir de allí se sucedieron mandatarios con alineamiento pro estadounidense. En Paraguay, tras sacarse de encima a Fernando Lugo en 2012 mediante golpe parlamentario con aval judicial, retomaron el mando distintas variantes del tradicional Partido Colorado, conservador y autoritario.

La particularidad de Ecuador es la de un presidente tránsfuga, Lenín Moreno, quien a poco de asumir se dio vuelta en términos ideológicos y políticos, y empezó a gobernar en función del plan “anti populista” de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las mafias judiciales hicieron su parte: metieron preso al vicepresidente Jorge Glas, perteneciente al sector de Rafael Correa, y a este empezaron a inventarle causas penales también para encarcelarlo o, de mínima, tenerlo amenazado, y bajo asedio y desgaste permanente.

En Brasil, donde la dictadura concluyó en 1985, pronto tendrá lugar pronto la primera elección presidencial fraudulenta desde entonces. No solo porque hay grandes probabilidades de que un hipotético triunfo de los candidatos del PT sea impedido con trampas en el conteo de votos -allá existe la boleta electrónica, mediante la cual se entrega a las grandes empresas que manejan el software todo el poder para manipular y falsificar los resultados-, sino porque existe un fraude previo, fundante, básico, que empieza en el mismísimo punto de partida: el principal líder y candidato está preso, y no existe la libre competencia por el voto. La voluntad popular ha sido burlada de antemano.

Lo mismo puede suceder en nuestro país. Hasta el momento Cristina Kirchner vive bajo asedio de los jueces y fiscales de la derecha corrupta, los medios de comunicación más influyentes se dedican a desgastarla sin pausa, sufrió espionaje telefónico alevoso e impune, fueron ultrajadas sus viviendas por abusos judiciales sin límite, y las hipótesis que, según informaciones públicas difundidas por voceros del régimen gobernante, es que la van a meter presa o que la van a proscribir mediante una ley.

Si alguna de esas posibilidades se convirtiera en realidad, también Argentina -como ya ocurre en Brasil- se encontraría ante el fin de las libertades democráticas que aquí, a pesar de deficiencias múltiples y en muchos casos graves, como régimen político socialmente legitimado empezó a regir hace casi 35 años, en diciembre de 1983.