Así como resultaría inimaginable el triunfo electoral del oficialismo sin la ayuda de los medios de comunicación concentrados, ensañados con un gobierno como el de Cristina Kirchner, que se atrevió a ponerles algunos límites, no es posible concebir a la administración Cambiemos con una prensa totalmente independiente y permeable a las críticas de las mayorías.

Durante la gestión anterior, los medios públicos jugaron el papel de un cierto contrapeso en el desbalanceado universo informativo nacional, donde la prensa hegemónica dio rienda suelta a sus peores instintos: ocultar, mentir y distorsionar la realidad para perjudicar a un gobierno que amenazaba sus privilegios.

Hoy el macrismo sigue contando -por ahora- con la protección del poderoso aparato comunicacional que lo encumbró, con el agregado que dispone además de los medios públicos, fortalecidos y modernizados por la gestión anterior como forma de equilibrar el enorme poder de destrucción de las políticas públicas y la temible capacidad de lavar la cabeza de la población que acuñaron los medios concentrados.

Podrá plantearse que en su afán por defenderse y preservar el estado de derecho de la brutal escalada mediática, el gobierno anterior fue más lejos de lo que debía. Pero, ¿cuáles son los medios lícitos para contrarrestar semejante poder?

En realidad, a la luz de lo que ocurrió y sigue ocurriendo la pregunta que todo argentino -y latinoamericano- debería formularse es si semejante concentración en los medios de comunicación es compatible, no ya con el interés público, sino con la democracia misma.

Como es obvio, con Clarín, La Nación, TN y otros al actual gobierno nacional le alcanza y sobra para tapar sus incontables errores y ataques a conquistas adquiridas por la población.

En ese contexto, lo que ha intentado hacer dentro de los medios públicos, ahora llamados “de todos”, ha sido en primera instancia silenciar las voces discordantes o críticas. Por eso, la persecución y el despido de periodistas críticos no ha cesado desde que Macri asumió el gobierno.

Pero en segundo término y a pesar de las reiteradas invocaciones al pluralismo y a la libertad de expresión, los hombres del oficialismo han cedido a la tentación de utilizar esos medios en beneficio de su proyecto político y aún en provecho propio.

En Neuquén, la cosa no ha sido muy diferente a lo ocurrido en el resto del país. Testimonio de ello es lo que ha pasado en Radio Nacional, donde el Pro y sus aliados locales introdujeron un comisariado político con la misión de silenciar y apartar a los críticos y reemplazarlos por aduladores dispuestos a colaborar con sus proyectos políticos personales.

La decisión de sacar del aire el programa del periodista Mauricio Rojas, es el último eslabón de una cadena de iniquidades que comenzó con el programa “Viento Sur” y que tiene por objetivo condicionar o silenciar a los periodistas críticos de la emisora.

Esta censurable actitud mereció un amplio repudio, incluido -según una fuente a prueba de desmentidas- el del gobierno provincial, deseoso de despegarse de este desplante autoritario del macrismo local.

En realidad, Radio Nacional Neuquén no es “la radio de todos” como pretende el eslogan optimista de Hernán Lombardi, sino un botín de guerra del Pro y sus aliados locales, fundamentalmente del secretario de Gobierno y Coordinación de la municipalidad, Marcelo Bermúdez, pero también del intendente Horacio Quiroga.

Todo indica que ambos están de acuerdo en silenciar a los críticos y coinciden al menos parcialmente en darle a la emisora un sentido político útil para ellos mismos. En primer lugar, para ‘limar’ al gobernador Omar Gutiérrez en el marco de la disputa por quién representa al gobierno nacional en Neuquén.

Pero más allá de esa coincidencia, la radio ha pasado a ser terreno de disputa interna entre los Pro puros y sus aliados por el liderazgo y las candidaturas de Cambiemos. Es el caso de Bermúdez, principal fogonero del control ideológico de la emisora, quien sin reparar demasiado en que los votos son de Quiroga, parece sentir que a pesar de ser un Pro de la primera hora le ha quedado bastante poco rédito político y va por más.

Esto significa obviamente, un grado de colisión con el intendente, de manera que son aliados, pero también compiten entre sí internamente. Nada nuevo bajo el sol.

Otra: el meneado tema del aumento de valor del gas en boca de pozo, crucial para una provincia que produce el 50% del fluido del país y depende en gran medida de los ingresos que esa explotación le proporciona, no termina de estar asegurado.

“Ahora, la cuestión está en manos de la justicia”, reflexionan, preocupados, en la cúspide del poder local.

Aseguran que la última resolución del gobierno nacional, que fijó un tope de aumento del 400% para los consumidores domiciliarios y del 500% para empresas, incluye el mantenimiento de la cláusula que aumentó de 2,50 dólares a 5,20 el millón de BTU de gas.

Para los estrategas provinciales esta es una cuestión fundamental, no sólo para la provincia sino también para el gobierno nacional. “El país necesita más gas y la única provincia que puede proporcionarlo es Neuquén”, apuntan.

Recuerdan que en los últimos dos años la provincia incrementó en un 7,5% la producción de la mano de la YPF nacionalizada. Y aclaran que a pesar de la caída en las inversiones de la petrolera nacional, “el primer semestre del año se mantuvo idéntico porcentaje de crecimiento de la producción”.

Además,  el 34% del gas que produce Neuquén es no convencional, el 27% tigth gas y el 7% restante shale gas, lo que ratifica la conveniencia de seguir invirtiendo en las nuevas explotaciones.

En realidad, como reconocen en el gobierno, el aumento del gas y el valor boca de pozo “quedaron pegados” y dependerán en última instancia de la Corte Suprema de Justicia, que será la que finalmente decida sobre el controvertido tarifazo.

Después, y en lo que respecta a la percepción por parte de la provincia de regalías por el valor pleno del gas –sin que se les descuente un eventual subsidio- dependerá del diálogo que sea capaz de establecer la provincia con el gobierno macrista y con las empresas operadoras.

En el gobierno neuquino están convencidos de que en esta cuestión son “aliados” con el gobierno federal. Pero por las dudas advierten que el aumento “lo vamos a defender”.